El rostro oculto de la violencia de género

As í lo advierte un informe elaborado por expertas en la temática que acaba de publicar el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que observa además que en los pa íses de la región, este riesgo se explica porque en muchos casos, la discapacidad con la que viven las pone en una situación de dependencia de las personas que las asisten.
Según este trabajo, realizado por las especialistas Luana Marques García Ozemela, Diana Ortíz y Anne-Marie Urban, autoras del informe que se titula “Violencia contra las mujeres y niñas con discapacidad América Latina y el Caribe”, a nivel nivel global, las niñas y mujeres que viven con discapacidad se encuentran en una situación de mayor riesgo comparada con la de las demás mujeres.

El documento sostiene, por otra parte, que en la mayoría de los países de la región, los servicios de atención y prevención de la violencia contra la mujer no están diseñados pensando en todos. Señala también que a esto se debe agregar que la infraestructura no es la adecuada y no existen protocolos para atenderlas, y lo que es peor aún, el personal que está encargado de recibir las denuncias no ha sido capacitado para escuchar y responder a sus testimonios o le resta credibilidad a los mismos.
El enfoque de este trabajo es, por cierto, novedoso; y por eso mismo merece prestarse atención al problema que plantea, sobre todo en estos tiempos en los que los reclamos de las mujeres por cambiar los patrones culturales que aún siguen vigentes en muchas sociedades y que las relega a un segundo plano en muchos ámbitos, también -afortunadamente- cobran fuerza en nuestro país.

De todos modos, si bien las luchas por la igualdad de género tienen una larga historia en la Argentina, la perspectiva que aporta el informe al que aquí se hace referencia, instala en la agenda una nueva demanda que no debe soslayarse.
Siguiendo con lo que plantea el informe “Violencia contra las mujeres y niñas con discapacidad América Latina y el Caribe”, el mismo hace notar que si bien la mayoría de los países de América Latina y el Caribe han ratificado la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, y la mayoría de las leyes que protegen directa o indirectamente los derechos de las personas con discapacidad, solo unos pocos tienen leyes específicas que abordan integralmente la violencia contra las mujeres con discapacidad.
En ese sentido, el documento del BID recuerda que la ley contra la violencia basada en género hacia las mujeres de Uruguay de 2018 se destaca en este aspecto, al incluir entre otras medidas, los derechos de las sobrevivientes de violencia a intérpretes y otras adaptaciones razonables para prevenir, atender y rehabilitar a las mujeres que han sido sujeto de violencia.

Las recientes leyes de Perú y Colombia sobre la capacidad legal también son instrumentos importantes que se pueden implementar para promover la autonomía e independencia de las mujeres con discapacidad, incluidos sus derechos sexuales y reproductivos.

No obstante, las autoras aclaran que debe reconocerse que la región sí ha mostrado avances importantes en la formulación de políticas públicas para proteger los derechos de las niñas y mujeres con discapacidad, y por eso plantean que el desafío que queda pendiente es volcar esas políticas en planes de acción que vengan acompañados de presupuesto e indicadores de monitoreo para su efectiva implementación.
Para eso, sostienen, es necesario recolectar información de calidad que permita hacer un diagnóstico acerca de la situación en que viven las niñas y mujeres con discapacidad en nuestra región en relación con la violencia contra la mujer; para luego avanzar con el diseño y la aplicación de pol íticas para la atención y prevención de la violencia contra la mujer con un enfoque de acceso universal, para que todos los aspectos de infraestructura y de provisión de servicios sean accesibles a todas las personas, o en su defecto hacer los ajustes razonables a la infraestructura y servicios que ya se brindan.

Es de esperar que los encargados de impulsar políticas públicas tomen este informe como un insumo de trabajo, porque las ni ñas y mujeres con discapacidad también merecen vivir una vida libre de violencias.