Pases a planta: se estira la definición por el amparo

Cuando se esperaba que en estos días se conociera la sentencia por el recurso de amparo presentado por el Frente Chaqueño para frenar el alcance de cuatro decretos por los cuales se incorpora cerca de un millar de agentes a la planta permanente del Gobierno, NORTE pudo saber que la definición se postergará para los primeros días de diciembre.

Es que al de por sí complejo expediente se le sumaron asuntos vinculados con la salud del juez del Juzgado Civil y Comercial Nº 21,Julián Flores, que lo obligaron a hacer uso de una licencia en estos días y reintegrarse a sus tareas el próximo lunes. 

Así las cosas, a los instrumentos legales cuestionados por Jorge Alcántara como apoderado de la coalición que se impuso en los comicios de octubre, se sabe se sumaron presentaciones realizadas por trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social que Flores deberá resolver, y que en lo que respecta a dar lugar a medidas cautelares por incorporación de personal de gestiones salientes, ya avanzó con lo demandado por el municipio de Barranqueras y en los últimos días se sumó Margarita Belén.

El planteo efectuado por el jefe comunal electo Javier Martínez luego de una serie de lo que entiende son hechos contrarios a la ley, llevó a Flores a suspender toda resolución municipal que disponga la incorporación de personal a la planta permanente del municipio, recategorizaciones, confirmación de cargos o designaciones, y también los actos administrativos que hayan dispuesto incorporación de contratados, incorporación de personal del Programa de Ayuda Municipal, y que en forma directa o indirecta afecten el patrimonio municipal hasta tanto se haga una evaluación exhaustiva acerca del impacto presupuestario que dichas medidas ocasionarían a las arcas municipales.

En lo que hace a municipios, Barranqueras había sido el primero, mediante el presidente del Concejo, Raúl Vinokurov, que había cuestionado la legalidad de una serie de resoluciones firmadas por la intendenta saliente, Alicia Azula, por la cual decretaba la incorporación de personal y promovía ascensos o la ocupación de cargos de actuales funcionarios, y hasta el nombramiento en la planta permanente de ediles que aún no asumieron sus bancas en esa comuna metropolitana.

La CTA demanda que la solución debe ser política

Integrantes de la CTA de los Trabajadores realizaron ayer una rueda de prensa en la cual manifestaron su preocupación por los procesos de incorporación en el plantel permanente del Estado que se vienen desarrollando, que señalan no contemplan los visos legales que se precisa.

‘Hay una sistemática violación al derecho a la estabilidad laboral, la carrera administrativa y leyes vigentes en materia de garantía de estos derechos laborales de los trabajadores y las trabajadoras que prestaron servicios al Estado provincial durante los últimos años. Entendemos que combatir la creciente precarización labo ral en el Estado no puede darse al margen de ley y los tratados internacionales que salvaguardan los derechos colectivos del conjunto de los trabajadores y las trabajadoras. Por ende hacemos responsable al gobierno saliente‘, señalaron en la sede Utre, donde tuvo lugar el contacto con los medios.

“Entendemos que la respuesta a las demandas deben ser políticas, podemos cuestionar que no se cumplen cupos en lo que hace a personas con discapacidad o trans pero apelamos a formar una mesa con las autoridades entrantes para priorizar a aquellos que vienen prestando servicios”, señaló Belén Rodríguez, secretaria general de CTA.