Luego de varios días de ocupación desalojaron el predio de La Rubita

Con el uso de una fuerza mínima agentes policiales y uniformados federales lograron desalojar en poco tiempo el terreno del Ejército ubicado en la avenida Castelli, llamado La Rubita, que fue ocupado durante más de 40 días.

Luego continuaron con los trabajos para limpiar el predio, que estaba dominado por construcciones precarias. Finalmente las autoridades indicaron que no hubo heridos ni detenidos.

El operativo comenzó en Castelli y calle 25. Y hasta la calle 33 las fuerzas debieron, primero, despejar los improvisados piquetes. Luego los uniformados avanzaron por la avenida España hasta las vías del ferrocarril. Y la resistencia de unos pocos fue superada rápidamente sin necesidad de ejercer mucha fuerza.

El único lugar donde efectivamente hubo un choque fue en la intersección de Castelli y España. En esa esquina los uniformados respondieron a los cascotes y otros objetos que arrojaron los manifestantes. Mientras que los focos de incendios, que buscan obstaculizar el avance de los efectivos, provocaron que el escenario se parezca a una zona de guerra cuando la realidad era otra.

LA LIMPIEZA

Dominado el perímetro sexterior las fuerzas trabajaron adentro del predio. Allí se encontraron con muchas construcciones precarias y cinco personas. Ya hacia las 10 el predio estaba libre de ocupantes pero las tareas continuaban. 

“Avisamos con tiempo sobre el desalojo”

La jueza federal Zunilda Niremperger valoró el apoyo que le prestó la Policía del Chaco, además de Gendarmería, Prefectura y la propia Justicia Provincial.

En tal sentido dijo: “Estoy agradecida con todos aquellos que hicieron posible cumplir con nuestra responsabilidad. Hemos tenido colaboración de muchos organismos y, por otra parte, de la Justicia Provincial a través de Jorge Canteros y Miguel Fonteina”. A su vez destacó el trabajo realizado por el jefe de la Policía del Chaco, Fernando Romero.

“Nosotros con mucho tiempo avisamos a los ocupantes que se iba a proceder al desalojo, los invitábamos a retirarse y a que lleven sus cosas. Sabemos que son personas que están ocupando por cuestiones sociales y viven una situación extrema. No queremos que pierdan nada por la medida. Fueron avisados y se siguieron los protocolos para este tipo de diligencia. De todas maneras procedimos porque se estaba cometiendo un delito”, comentó.

“El reclamo de quienes necesitan espacios habitacionales tiene que ser canalizado, como lo hemos dicho desde el primero momento, a través de los restantes poderes del Estado, sobre todo el administrador, que es quien tiene a su cargo el cumplimiento de los pactos económicos, sociales y culturales”, afirmó.

“A mí me toca resolver la parte más complicada pero que debe ser llevada adelante. Esta medida ya se había suspendido a solicitud del gobierno provincial, que pidió un tiempo para poder buscar la posibilidad de solucionar el conflicto o buscar una salida pacífica”, indicó.