Asegurar la protección social de la infancia
La gestión del presidente Mauricio Macri, que concluye el próximo 10 de diciembre, deja un país con casi la mitad de los niños y las niñas en situación de pobreza. Se trata de un problema estructural, es cierto, pero eso no significa que no se pueda reducir en los próximos cuatro años. Para ello, será necesario que el nuevo gobierno nacional impulse políticas públicas que permitan avanzar con derechos que amplíen la base de protección de la infancia y la adolescencia.
El documento de 24 páginas, titulado “La deuda es con la niñez y la adolescencia”, publicado por la oficina de Unicef en Argentina con motivo de las recientes elecciones presidenciales, observa en su introducción que el próximo 20 de noviembre se cumplirán 30 años de la firma de la Convención sobre los Derechos del Niño, que en Argentina tiene jerarquía constitucional. Recuerda, además, que esa convención establece que todos las niñas, niños y adolescentes son sujetos de los mismos derechos y que en 2005, el país sancionó la Ley 26.061 de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, hito central para crear un sistema de protección integral de la infancia y adolescencia.
El documento también señala, por otra parte, que ser pobre, para estos niños, es no asistir a la escuela o hacerlo a edad tardía o no poder terminarla; no acceder al sistema de protección social; vivir en casas con pisos de tierra y techos inadecuados, hacinados, sin agua potable, en zonas inundables o basurales. Destaca también que las posibilidades que tiene un niño, niña o adolescente de ejercer sus derechos en la Argentina todavía depende del lugar donde nace y de las características sociales, económicas y laborales del hogar donde crece.
El desafío que tendrá el próximo gobierno nacional, que estará en manos de Alberto Fernández, es enorme. Según el Indec, la próxima administración se encontrará con que casi el 53 por ciento de los chicos de 14 años residen en hogares pobres. Además, según el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina, el 13 por ciento de estos chicos padecen un alto riesgo alimentario, es decir, no tienen asegurada una nutrición básica en sus hogares. En este difícil y complejo contexto de desmejora social, será necesario fortalecer el accionar del Estado estableciendo hojas de ruta que permitan alcanzar el objetivo de erradicar el hambre y reducir la pobreza en el menor tiempo posible. En rigor, la tarea debería comenzarse hoy mismo, porque la pobreza se agrava al ritmo de la inflación y el desempleo, y -se sabe- que en escenarios difíciles como el que atraviesa el país quienes más sufren son los más chicos.
En ese sentido, debe remarcarse también que los derechos de la infancia no tendrían que verse afectados por ningún cambio de gobierno, aunque lamentablemente es lo que se vivió en la Argentina de los últimos años en los que, a partir de brutales ajustes, predominó el concepto de asistencia social en desmedro de los derechos de ciudadanía.
El diputado Daniel Arroyo, que propuso al próximo presidente de la Nación un plan para luchar contra el drama hambre, dijo que si alguien quiere aumentar la pobreza en el país, tiene que tomar cuatro medidas: subir el precio de los alimentos y el transporte, hacer caer los sectores textil y la construcción. “Es lo que ha pasado en la Argentina. Más allá de que se extendió la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la ley de Emergencia Social, el nivel de caída económica fue brutal. Hay más gente con AUH pero alcanza para muchos menos; más personas cobran la mitad del salario mínimo con distintos programas sociales, pero no les alcanza para lo básico alimentario”, observó el legislador. También señaló que los problemas que no admiten demoras son tres: el hambre, la malnutrición y el alto endeudamiento de familias que toman créditos, al 200 por ciento de interés anual, para comer y pagar servicios.
La protección social de la infancia debe formar parte de políticas públicas de largo plazo, que vayan más allá de los cambios de gobierno. No fue lo que ocurrió, lamentablemente, en los últimos años. Es de esperar que, sin demoras, se trabaje para garantizar el bienestar de los más chicos. De lo contrario, el país tendrá que pagar un alto costo en el futuro si no se adoptan medidas frente a estas urgencias.
