Aniversario con choques comerciales externos y políticos internos

   Las indoblegables protestas de Hong Kong, la guerra comercial lanzada por Trump, y últimamente el aumento del precio del petróleo (20% más caro desde el golpe de los houthíes en Arabia Saudita), del que China es primer importador global, están nublando los fastos del 70º aniversario de la Revolución. Y en los últimos días se ha manifestado otra preocupante amenaza para el gobierno de Xi Jing Ping, que son los reacomodamientos y choques internos que esos hechos producen dentro de la estructura gubernamental y estatal, y sobre todo económico-social china.

Choques internos

   La guerra comercial con EEUU, la disminución de las exportaciones a ese país y al sudeste asiático, la fallida devaluación del yuan, que no trajo más ventas externas y en cambio deparó encarecimiento de las importaciones y de la deuda (el endeudamiento supera el 280% del PBI), causa numerosas manifestaciones de revuelo interno en ámbitos empresariales y políticos.

   Tanto dentro del Partido Comunista Chino, como entre los sectores empresarios dirigentes se multiplican desacuerdos y desavenencias sobre las medidas cotidianas, pero especialmente sobre la orientación estratégica necesaria para el país. Los partidarios de hacer más rápida la apertura financiera y fortalecer las leyes que garantizan la preponderancia del mercado cada vez son más entre los capitalistas locales, que se desarrollaron a partir de las reformas de Deng Xiaoping en 1978 y que reclaman su derecho a mayores cuotas de participación y decisión en la cima del Estado.

Drásticas reformas

   Sus integrantes dirigen grandes empresas, algunas ya son multinacionales que se destacan en el mercado global, pero sus voces y su capacidad de decisión están fuertemente limitadas dentro de la política china. Su programa político-económico reclama acabar con el proteccionismo y la regulación estatales, abrir la posibilidad de privatizaciones, y la liberalización del sistema financiero.

   Con todo ese arsenal (y con todos los riesgos que conlleva su aplicación) esperan transformar al yuan en una divisa internacional. Ellos se han valido también de la guerra comercial (y hasta de un subrepticio apoyo a la rebelión de Hong Kong) para presionar en favor de su programa, que en algunos puntos se asemeja al de muchas corporaciones internacionales. Sin embargo, no necesariamente sus aspiraciones coinciden con ellas, con las que la mayor parte del tiempo chocan o compiten.

Regimentados por el régimen

  Por otro lado, este sector está fuertemente maniatado por el gobierno chino. La tradicional burocracia del Partido Comunista, más aún desde la reforma constitucional de Xi, aumentó sus poderes personales y los de la cúpula del partido. Esta semana, con la orden de incorporar funcionarios gubernamentales al directorio de un centenar empresas privadas, incluida la gigantesca Alibaba,  mostró la intención de controlar a la porción que más influencia alcanzó recientemente en la segunda economía global.

Así, el régimen mantiene a raya cualquier irrupción, aunque intenta conformar algunos de estos intereses, principalmente porque la economía viene decayendo lenta pero sistemáticamente, y el voluntarismo estatal no está ya en condiciones de implementar un rescate como el de 2008 (cuyos beneficios han sido limitados, mientras sus perjuicios se profundizan día a día).

   En el mismo sentido iba la ley de extradición que Pekín quiso imponer en Hong Kong: no solo un elemento represivo en general, también un elemento de control de los negocios del empresariado de la excolonia, que quedaría sujeto a supervisión económica con sanciones que podrían llegar hasta la pérdida de su patrimonio, como ya pasa en la China continental. Así, se puede entender la acusación del gobierno contra numerosos empresarios locales, a los que advirtió por su apoyo encubierto a las protestas en la excolonia.

Apertura controlada

   Por ahora, esto se ha traducido en la reducción de las restricciones a la propiedad para las automotrices extranjeras y ramas industriales relacionadas. Otras reformas prevén habilitar la compra de acciones de empresas estatales por parte de capital privado, buscando reducir su alto nivel de deuda y falta de rentabilidad. Claro que el progreso de estas medidas implicará despidos y cierres en número de difícil estimación, y con consecuencias sociales y políticas todavía más inescrutables. Este punto es el que impide la acción conjunta del gobierno chino con su propio empresariado, más dado que el personal político a reclamar beneficios actuales antes que preocuparse por catástrofes futuras.