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Desigualdades en el acceso a la salud

Según un informe de las Naciones Unidas, las cifras de supervivencia materno infantil a nivel global son más elevadas que nunca; pero a pesar de los avances logrados en esta materia, cada 11 segundos muere una mujer embarazada o un recién nacido en el mundo. Estos ponen en evidencia las desigualdades que persisten en el acceso a la salud en la mayoría de los países.

Si bien en la Argentina la tasa de mortalidad infantil disminuyó, según datos oficiales, de 9,7 cada mil nacidos vivos registrados en el 2016 a 9,3 en 2017, mientras que la mortalidad materna alcanzó la menor tasa de la serie histórica de los últimos 10 años, con 2,9 cada diez mil nacimientos, los elevados índices de pobreza e indigencia en todo el país es motivo de preocupación, ya que a medida que es mayor el nivel de exclusión social hay mayores probabilidades de que las madres y los niños tengan más dificultades para acceder a una adecuada atención sanitaria.
Según los datos de la ONU difundidos esta semana, el número de niños y madres que fallecen en el parto disminuyó notablemente en las últimas décadas a nivel mundial, pero estos avances se producen de forma desigual, ya que más de cinco nacimientos por minuto terminan con la muerte de la madre o el recién nacido.

El titular de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el etíope Tedros Adhanom Ghebreyesus, observó que dos informes de las agencias de Naciones Unidas para la salud y la infancia muestran significativos avances en la reducción del número de mujeres embarazadas o madres y niños que mueren cada año, gracias al mejor acceso a unos servicios médicos de calidad y más asequibles.

En ese sentido, explicó que en los países que garantizan a todos sus ciudadanos servicios de salud seguros, económicos y de calidad, las mujeres y los niños tienen las más altas probabilidades de sobrevivir; mientras que en aquellas naciones con mayores índices de pobreza y exclusión, sucede lo contrario.
En la Argentina de hoy, con la mayor desocupación en 14 años y todo lo que eso implica para la población, el esfuerzo debe estar orientado a recuperar la economía y volcar más recursos a la atención de la salud, especialmente de los sectores más vulnerables que, en los últimos años vienen sufriendo el embate de políticas nacionales que agravaron los índices de desigualdad.

Es necesario que, sin demoras, se diseñen nuevas propuestas para garantizar el fortalecimiento de los programas de asistencia en comedores escolares y avanzar con un mayor control del componente calórico de los alimentos destinados a los sectores más vulnerables de la población.
De acuerdo a datos oficiales dados a conocer a principios de este año, en la Argentina las cifras sobre madres fallecidas disminuyeron, aunque no dejan de resultar alarmantes para un país con las características del nuestro.

Según esas cifras a nivel nacional, las muertes maternas sobre nacidos vivos descendieron 0,5 (de 3,4 a 2,9 por diez mil), lo que significa que en 2017 hubo 43 defunciones menos en comparación con el año anterior, lo que representa una reducción del 17 por ciento. Cabe aclarar que esos datos fueron conocidos en febrero de este año, de manera que no debe sorprender que el empeoramiento de los indicadores sociales y económicos de los últimos meses (cerca del 35 por ciento de la población vive en situación de pobreza) haya colocado a las madres embarazadas y a los niños recién nacidos de las familias más pobres en una situación de muy alta vulnerabilidad.

Es que varios años de políticas de ajustes y recesión han transformado a la Argentina en un país cada vez más desigual, y por eso fue necesario prorrogar la ley de emergencia alimentaria en una nación que, paradójicamente, produce alimentos para 400 millones de personas pero que tiene que apelar a comedores gratuitos para garantizar una nutrición básica a familias que no pueden pagar por la comida.

En este lamentable y difícil escenario, muchos argentinos tienen enormes dificultades para acceder a una cobertura integral de la salud, ya que en la mayoría de los casos no pueden acceder a diferentes prácticas médicas, menos aún a tratamientos o a diagnósticos tempranos que permitan prevenir el desarrollo de enfermedades.