Bolsonarismo en crisis

    En los dos últimos años de pobre “crecimiento” el PBI sigue más de 5% abajo del nivel de antes de la recesión. Goldman Sachs informó que en el segundo trimestre el PBI per cápita se situó 8,8% por debajo de los mismos meses de 2014. La guerra comercial creciente lanzada por EEUU contra China y el hundimiento de su principal socio comercial, la Argentina, empeoran el contexto.

   Así las cosas, un relanzamiento de la actividad debería apelar totalmente a la demanda interna. Pero eso será sumamente difícil cuando el conjunto de la política económica se basa en ajuste fiscal, pago de intereses de deuda externa y flexibilización laboral, lo que implica directamente el abaratamiento de la mano de obra. Ya la reforma laboral del expresidente Michel Temer, en 2017, habilitó profunda precarización y caída de salarios, reduciendo el mercado interno mes a mes. El consumo familiar está paralizado.

   Economistas del departamento de Economía de la Universidad de São Paulo han señalado que el brusco incremento en el desmonte amazónico es otro efecto directo de la crisis, ya que el capital busca una “acumulación depredadora” en un brutal intento de compensar la caída de la rentabilidad. La quema de la selva, sin embargo, expone a un riesgo todavía peor a la economía, ya que internacionalmente se analizan cierres de mercados, boicots a productos brasileños y otras sanciones, llegando cuestionar el naciente acuerdo entre Mercosur-Unión Europea. Bolsonaro y su salvajismo ambiental deja a la agroindustria (26% del PIB brasileño), expuesta a represalias, y genera choques adentro de la alianza gobernante.

   Casi todas las actividades se desarrollan por debajo de su capacidad instalada y muy por debajo del período anterior a la crisis de 2014. La subutilización de carísima tecnología es gigantesca.

   El principal mercado de exportación de manufacturados, la Argentina, impacta con su crisis doblemente sobre la industria brasileña. Sólo en San Pablo, en el primer semestre cerraron más de dos mil industrias manufactureras medianas y grandes. El elemento económico perjudica las pretensiones autoritarias del bolsonarismo, pero no es el único. La crisis económica impulsa choques dentro del gobierno, dentro de la alianza política que lo sustenta, en el sistema de Justicia y de Seguridad, y en el Congreso.

   Los ministerios ya restringen gastos al extremo, limitan horas de trabajo para consumir menos energía, reducen horas extra, insumos de papelería e informática, en un intento desesperado por llegar a fin de año. El proyecto de presupuesto 2020 muestra que las asignaciones no serán suficientes para asegurar servicios mínimos, en primer lugar en salud y educación. Se reducen 18% los recursos del Ministerio de Educación, desde educación básica hasta posgrados, en relación con lo asignado para 2019. Por otro lado, el gobierno propone suspender el programa Minha Casa Minha Vida (vivendas) para reasignar recursos a educación.

   El ministro Paulo Guedes, cuya bandera de campaña fue “vender, vender y vender”, ahora llama a acelerar la subasta de empresas estatales. Entre las primeras anotadas están Petrobras (petrolera), Dataprev (informática del sistema jubilatorio), Eletrobrás (distribución eléctrica), Correios (sistema postal) y Telebrás (telecomunicaciones), todas empresas gigantescas en cuanto a sus incumbencias y a su tamaño físico. Guedes presiona además para sumar a la oferta a las empresas de servicios de los estados, especialmente de agua e infraestructuras de saneamiento.

A Bolsonaro le sobran reveses en sus primeros ocho meses en el gobierno. El índice de rechazo al presidente crece aceleradamente, sobre todo entre los más pobres.

Los que votaron al presidente ya lo desaprueban en un 53,7%, casi duplicando el 28% de febrero. En el Congreso ya comienzan a escucharse proyectos de salida y a barajar opciones: juicio político, anulación de la fórmula Bolsonaro-Mourão por la distribución masiva de fake-news en campaña electoral, etc. Desde el mes pasado la anomia de las centrales sindicales comenzó a ser desbordada por manifestaciones crecientes. Estudiantes y profesores salieron a rechazar el desguace de la investigación científica y la educación pública, especialmente las universidades; la marcha de las trabajadoras rurales “Margaritas”; la enorme manifestación de mujeres indígenas en Brasilia; las marchas contra la devastación en la Amazonia.

Todo este renovado movimiento popular advierte sobre probable el comienzo de un nuevo ciclo político.

   Bolsonaro, que más que presentirlo, lo “siente”,  intenta huir hacia adelante, promoviendo peleas con presidentes europeos e insultando a expresidentes latinoamericanos, o a sus familiares. Intenta transformar la pendencia y la grosería en emblemas de “soberanía”. No parece el arsenal más adecuado para enfrentar la crisis descripta, que ha hecho que sus ocho meses en el gobierno parezcan ocho años.