La lógica del mercado no debe guiar los destinos del INTA

También denunciaron que el gobierno nacional busca nombrar directores por cuatro años para, de esa forma, aumentar la influencia de grandes empresas de agronegocios. La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y organizaciones que integran el Foro por un Programa Agrario Soberano exigieron al gobierno nacional que deje sin efecto el proceso de designación de nuevas autoridades dentro del INTA, por considerar que se trata de una maniobra que busca colocar dentro en lugares de toma de decisiones del organismo a funcionarios que velan por los intereses de poderosos grupos económicos.

A través de un comunicado, el Foro por un Programa Agrario Soberano denunció que la medida tiene como objetivo “nombrar nuevos directivos afines a las políticas de la actual gestión”. Por su parte, el gremio ATE reclamó específicamente que se suspenda en el INTA la selección para cubrir los cargos de director nacional, director de Experimentación y de directores regionales, que tienen una duración de gestión por cuatro años.

Según explicaron dirigentes de la organización gremial, los nombramientos están previstos para setiembre y, de concretarse, dejarán en puestos de gerenciamiento a funcionarios afines a las políticas que impulsa la Casa Rosada y que privilegian a los sectores más poderosos del campo en detrimento de los pequeños emprendimientos.

El gremio ATE también señaló que los ajustes practicados en el INTA ponen en riesgo la continuidad del trabajo en varias delegaciones que el organismo posee en todo el país. Según la organización sindical, desde que el presidente Macri asumió en diciembre de 2015 el Instituto perdió 850 trabajadores, no por despidos, sino porque no se cubrieron los puestos que quedaron vacantes por jubilaciones en el organismo.

Además, dirigentes de ATE también señalaron que el gobierno nacional decidió desarticular el programa de Extensión Rural y cerrar los Institutos de Investigación y Desarrollo de la Agricultura Familiar, dos espacios que no parecen estar en los planes de la dirigencia del macrismo.

Cabe recordar, por otra parte, que ya el año pasado la Comisión Nacional de Justicia y Paz, que depende de la Conferencia Episcopal Argentina, sumó su voz a las preocupaciones expresadas desde distintos sectores de la comunidad por la drástica reducción de personal y presupuesto que afecta a distintas delegaciones de la Subsecretaría de Agricultura Familiar de la Nación, un organismo que hasta 2015 estaba enfocado a reducir las desigualdades en las distintas economías regionales del país a través de la asistencia al trabajo de los pequeños y medianos productores agropecuarios.

No debe sorprender entonces que, tal como lo denunciaron los trabajadores del INTA, el gobierno nacional continúe recortando partidas para ese organismo que están aprobadas en el presupuesto. “A pesar de que el gobierno de Cambiemos se propuso ser góndola para el mundo, hoy vemos que las políticas públicas concentran y benefician a los agroexportadores (volviendo a fomentar la exportación de materias primas y no de productos industrializados), al mismo tiempo que empobrece a las economías regionales y el abastecimiento local, en un intento de destruir la Agricultura Familiar”, señala a su vez el comunicado difundido por el Foro por un Programa Agrario Soberano y Popular, donde se plantea también que el INTA debe incluir la representación de campesinos, indígenas y agricultores familiares, así como de trabajadores del Estado, no solo en el Consejo Directivo Nacional, sino en los diferentes espacios de participación social y decisión política que tiene la institución.

El Foro entiende que de esa manera se podría poner un freno al desmantelamiento que padecen estos sectores, tal como está sucediendo hoy, evidenciado en políticas como el cierre de tres Institutos de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Agricultura Familiar, el desmantelamiento de programas de Extensión Rural, la pérdida de capacidad operativa y el desfinanciamiento de distintos proyectos con alcance territorial.

No está de más recordar las advertencias que hizo el prestigioso investigador del campo de la biotecnología, Sergio Feingold, cuando alertó que esta política de ajuste en el sector público solo iba a servir para que la lógica del mercado vuelva a guiar los destinos del INTA. Lo dijo cuando se supo que el gobierno nacional tenía previsto avanzar con un drástico recorte de 1.140 millones de pesos en el presupuesto 2017 del organismo. Sus palabras no perdieron vigencia.