Para mejorar la competitividad, pymes piden inversiones en la hidrovía

Entre las propuestas estratégicas para la mejora de la competitividad de la agroindustria nacional elaboradas por CAME, un apartado importante refiere a la infraestructura. Allí se menciona a la hidrovía Paraná-Paraguay, un canal estratégico para las economías regionales.

“Muchas regiones dependen de las inversiones en la hidrovía. El avance en obras de infraestructura en los canales de navegación es un punto clave, ya que el desarrollo del transporte fluvial no sólo rompería el aislamiento de regiones enteras, sino también podría reducir los costos logísticos, logrando productos primarios más competitivos”, indica el documento.

Las propuestas para mejorar la competitividad fueron presentadas la semana pasada al ministro de Producción de la Nación, Dante Sica, por una comitiva representativa de las economías regionales encabezada por el titular de CAME Gerardo Díaz Beltrán. El foco es lograr que las pymes sean competitivas frente al acuerdo Mercosur-UE, para lo que son necesarias múltiples reformas y las inversiones en logística.

En ese contexto, la hidrovía Paraná-Paraguay enfrenta un desafío clave ante la próxima caducidad del contrato de concesión para el dragado y balizamiento que tiene hoy a cargo la UTE Hidrovía S.A. conformada por la empresa belga Jan de Nul, que aporta el know how técnico (dragado y obras en el río), y por Emepa SA, de Gabriel Romero.

La concesión vence en enero de 2021 y el gobierno nacional ya comenzó a preparar la licitación para el dragado y balizamiento del río Paraná, un negocio de U$S200 millones anuales en obras para mejorar el canal fluvial, con un peaje de 3 dólares por tonelada a cada buque que entra o sale. Según publicó el diario La Nación, el concesionario actual, Hidrovía S.A., quiere conservar la concesión, pero enfrenta un escollo: está mencionado en la causa de los cuadernos.

Las principales empresas del sector, belgas, holandesas y chinas, están interesadas en el negocio. Pero la licitación está demorada y estaría lista recién para mayo de 2020. La concesión vence en enero de 2021.

Desde 1995

En 1995, el gobierno de Carlos Menem se la adjudicó a Hidrovía SA, una UTE conformada por la empresa belga Jan de Nul y Emepa SA, de Gabriel Romero. Este empresario local confesó como arrepentido en la causa de los cuadernos ante el juez Claudio Bonadio, que había pagado una coima de 600.000 dólares al gobierno de Cristina Kirchner por la prórroga de la concesión, por ocho años, que se fijó mediante el decreto 113 de 2010.

La diputada y jefa de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, denunció a Romero y a Hidrovía S.A. por supuestos delitos de contrabando y tráfico de estupefacientes en aduanas y terminales portuarias de Gran Rosario.

Bajar el costo del peaje

En el proceso licitatorio, a cargo de Mariano Saúl, subsecretario de Puertos y Vías Navegables, se buscará bajar el costo del peaje al menos un 30%. La tarifa actual, de 3,06 dólares por tonelada, rige desde el gobierno de Eduardo Duhalde.

El objetivo estratégico del Gobierno es abaratar el costo logístico y mejorar la competitividad del comercio exterior y los precios de los productos en el mercado interno.

El negocio del mayor peaje del país tiene interesados poderosos. Jan de Nul dejó trascender que quiere continuar, aunque sea sin Romero. Pero hay otros: el holding chino Shanghai Dredging Company (SDC) y las holandesas Boskalis, Dredging y Van Hool.

Cláusulas anticorrupción

El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, confirmó a La Nación que su cartera trabaja en la licitación y sus voceros adelantaron que habrá cláusulas anticorrupción para evitar que participen empresas sospechadas.

Fuentes allegadas a Dietrich señalaron que Hidrovía "se puede presentar, pero para poder participar de la licitación debe cumplir con los requisitos que establecen el decreto 1023 y la ley de responsabilidad penal empresaria". Agregaron que existen otros operadores interesados, "tanto locales como internacionales, que hoy operan otras hidrovías".

Se van a aplicar, precisaron los voceros, los lineamientos que fijó la Oficina Anticorrupción: la ley de responsabilidad penal empresaria excluye a condenados por corrupción, y las prohibiciones para contratar con la Administración Pública Nacional que establece el decreto 1023, que en su artículo 28 no permite que el Estado contrate ni a condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena, ni a personas que se encontraren procesadas por delitos contra la propiedad o contra la Administración Pública Nacional, o contra la fe pública o por delitos comprendidos en la Convención Interamericana contra la Corrupción.

Por su parte, la Oficina Anticorrupción confirmó a La Nación que ello debe complementarse con los decretos 1030/16 y 1169/18, que prevén como "inelegible" a personas jurídicas condenadas, con sentencia firme, por prácticas de soborno o cohecho transnacional, por un lapso igual al doble de la condena.

También excluye a personas físicas o jurídicas incluidas en las listas de inhabilitados por corrupción del Banco Mundial o del Banco Interamericano de Desarrollo.