El proceso judicial que se instruye en Dolores
La denuncia que presentó el falso abogado y operador judicial, Marcelo Sebastián D’Alessio, contra el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, no prosperó. El hombre que se presentaba como agente de la DEA y que permanece detenido por el delito de asociación ilícita y extorsión al empresario agropecuario Pedro Etchebest, dijo que Ramos Padilla lo había presionado para que colocara su huella digital en su celular para que, de esa manera, la Justicia pueda acceder a la información que contenía el aparato. El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi consideró que su par de Dolores actuó respetando la ley y, por esa razón, desestimó la presentación del misterioso personaje.
El fallo de Martinez De Giorgi señala que los testigos y veedores que participaron del acto de apertura del celular de D’Alessio dieron fe que éste accedió en forma voluntaria a poner su huella digital para que la Justicia pudiera acceder a los datos que contenía su teléfono móvil, y que son claves en la investigación que lleva adelante el juez de Dolores. “Los hechos denunciados (por D’Alessio) no constituyen la comisión de un delito penal que amerite la intervención de este tribunal”, concluyó el juez Martínez De Giorgi.
Es evidente que con su denuncia, D’Alessio intenta cuestionar el desempeño de Ramos Padilla y, fundamentalmente, que se declaren nulas las pruebas, además por supuesto de evitar que se siga adelante con la causa en Dolores. Todo indica que el supuesto espía, al que en forma muy llamativa se le abrieron las puertas de medios de alcance nacional durante su hora de fama como presunto experto en narcotráfico, se sentiría más cómodo si apartan a Ramos Padilla y la causa va a parar a Comodoro Py, un lugar que parece ser más “amigable” para ciertas figuras vinculadas al poder de turno. Es que, según consta en el expediente, de la información que se extrajo de los celulares y de la computadora personal del falso abogado se advierten maniobras de espionaje ilegal, extorsión y armados de causas falsas.
Vale aquí recordar la preocupación que manifestó hace pocos días el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, Eduardo De Lázzari, al denunciar la existencia, en el fuero federal, de “causas armadas artificialmente, abusos de testigos de identidad reservada, de arrepentidos, de factores de presión que inducen, fomentados y fogoneados por ciertos medios de prensa, a dictar condenas mediáticas y que llevan a un panorama sinceramente deplorable, en donde influyentes de todo tipo, espías, traficantes de escuchas telefónicas, con ciertas complicidades de algunos magistrados y miembros del Ministerio Público, que terminan por generar un panorama absolutamente preocupante”.
Un peritaje ordenado por el juez Ramos Padilla sobre el celular de última generación, un pendrive y la computadora de D’Alessio que fueron secuestrados en la casa del falso abogado en el country Saint Thomas, ubicado en la localidad de Canning, provincia de Buenos Aires, llega a la conclusión que se estaría en presencia “de una particular y grave vulnerabilidad del Sistema Nacional de Inteligencia”. El análisis de los casi 150 gigabytes de información revela vínculos del detenido con la Agencia Federal de Inteligencia, a través de los comisarios retirados Ricardo Bogoliuk y Aníbal Degastaldi y el ex agente Rolando Barreiro. Por otra parte, llama la atención también que pese a que hay varios testimonios que afirman que D’Alessio se presentaba como jefe de la oficina local de la Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos y que aseguró que en su vehículo viajaba acompañado de personal de la embajada norteamericana, esa representación diplomática en el país no haya presentado una denuncia contra el controvertido personaje. Y si lo hizo, no tomó estado público. Al menos hasta ahora. Lo que sí hizo, en cambio, fue enviar una nota formal a la Cancillería argentina, negando cualquier tipo de vínculo con el falso abogado.
En las últimas horas, legisladores nacionales de la oposición reiteraron que el gobierno nacional y los propios acusados en el proceso judicial que se tramita en el juzgado de Dolores pretenden apartar al juez Ramos Padilla de la causa. Es de esperar que, dada la gravedad de los hechos investigados en ese tribunal y por bien de la República, el magistrado pueda llevar adelante su trabajo, conforme a derecho, sin presiones de ninguna naturaleza.
