Se define la acción de resarcimiento planteada hace 15 años por la Matanza de Napalpí

El abogado Carlos Díaz comentó que en el “año 2004 con Julio García iniciamos la acción contra el Estado Nacional, una acción resarcitoria civil por la Masacre de Napalpí. Eso tuvo 15 años de tramitación”.

“El Estado Nacional puso palos en la rueda y fue varias veces el expediente a la Cámara Federal. Llegó incluso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y nos encontramos con que en el primer trimestre de este año los autos se han puesto para alegar”, informó.

“Quiere decir que es la última etapa donde las partes hacen una merituación de las pruebas y después se llama a autos para dictar sentencia de primera instancia, que es el estado en cual está el expediente después de 15 años. Está hoy en el Juzgado Federal número uno esperando sentencia, que estimamos será en un plazo corto”, manifestó.

“En el alegato de la Nación, siguiendo la misma matriz que desplegó en la masacre contra el pueblo pilagá en Rincón Bomba, primero se niega el carácter de genocidio y se dice que fue un mero hecho policial cuando hay cinco tumbas comunes que se han hallado y eso no es óbice para que hayan más. Hubo más de 500 víctimas”, mencionó.

“Además dice que fue una cuestión política entre el Partido Socialista que en ese momento estaba frente a la comuna de Resistencia y el interventor del gobierno nacional Fernando Centeno”, detalló.

“Fue sorprendente. Creemos que fue más allá de una defensa técnica. El Estado Nacional no puede establecer ese tipo de parámetros inclusive negando situaciones muy dolorosas para los pueblos originarios sino también para todo el país”, indicó.

“No puede establecerse que hay derechos humanos para blancos y no hay derechos humanos para indígenas. El Tesoro de la Nación tiene a su cargo la defensa del Estado Nacional. Tiene distintos procuradores que son mandatarios del tesoro que elabora toda la cuestión jurídica e ideológica como en este caso”, mencionó.

“Estimamos que cuando comience la actividad judicial tendremos sentencia de primera instancia. Jurídicamente hay más pruebas de este genocidio que el que ocurrió en Rincón Bomba, pese a que los hechos son de hace 95 años contra 72 años del caso formoseño. Incluso todas estas pruebas han sido ratificadas por un muy buen trabajo de la fiscalía federal, que es una apoyatura importante a esta acción”, relató.

“Queremos agradecer a NORTE porque tuvo una sensibilidad y apoyo de esta causa”, finalizó el letrado.