Un cuarto de siglo de ocultamiento y complicidad

    La Confederación de Entidades Argentino Árabes (Fearab Argentina) transmitió “su profundo pesar y consternación por los graves y nocivos efectos diplomáticos, de seguridad y políticos” que producirá el gobierno de Mauricio Macri al declarar “grupo terrorista” al partido político libanés Hezbolla. La Fearab advierte que la medida “contraviene la histórica imparcialidad de la Argentina en materia diplomática”, y afecta su posición en el marco de las históricas, respetuosas y solidarias relaciones bilaterales argentino-libanesas”.

   La Federación Argentino Árabe hace notar que el Gobierno argentino, que nada dice de “grupos extremistas internacionalmente reconocidos como Al Qaeda, ISIS o Al Nusra”, la emprende contra “Hezbollah, partido político oficial con actual participación en el Gobierno de la República del Líbano”, que además tiene una bancada parlamentaria que alcanza el 10% de los escaños. La Federación considera “poco deseable” que el Gobierno argentino tome “este sendero de parcialidad (…) en conflictos como el que del Cercano Oriente árabe y el llamado Medio Oriente ampliado; importando a su vez así, a nuestro país, temáticas de un conflicto externo que no le son propias”.

Libre importación de conflictos

   En septiembre de 1990 el gobierno de Carlos Menem, por medio de su canciller Domingo Cavallo, anunció el envío de tropas al Golfo Pérsico, convirtiendo a la Argentina en el primer país latinoamericano en participar en el bloqueo militar contra Irak. Zulema Yoma, esposa del presidente Menem, afirmó: “Me siento avergonzada como argentina de mandar tropas a sumarse al bloqueo. Vamos a ayudar a nuestros enemigos en este momento, a quienes nos ofendieron con las Malvinas”. Los dichos de Zulema no eran solo producto de la desilusión personal.

   Menem y el PJ habían financiado parte de su campaña presidencial con las contribuciones de antiguos conocidos setentistas del peronismo en el mundo árabe, a los que habían prometido desde reactores nucleares hasta misiles, con su respectivo know how y soporte técnico, lujos que por entonces podía permitirse el desarrollo tecnológico argentino. Pero en 1991, en pleno “fin de la Historia”, el riojano solo pensaba en “volver al mundo” con sus nuevos amigos neoliberales, sobre todo estadounidenses. Así, dejó pagando a los árabes, y se pasó con armas y bagajes al realineamiento occidental. Y ambas movidas podían interpretarse también en sentido literal.

   Cuando el 17 de marzo de 1992 un atentado con explosivos voló la Embajada de Israel, dejando más de 20 muertos, la sociedad argentina procesó la trágica novedad como la escaramuza de una guerra ajena, la de árabes e israelíes, que se habían encontrado circunstancialmente en nuestras costas. Sin embargo, la conducta torpe y errática de todas las instituciones del Estado argentino, responsables tanto de la seguridad de nuestras fronteras y de nuestras calles como de la investigación y castigo de los crímenes que aquí se perpetran, sin descartar aquella posibilidad,  dejaban entrever que había algo más allí.

   La investigación, dirigida por la Corte Suprema, presidida por el ministro Ricardo Levene, no obtuvo ninguna conclusión válida, nunca terminó la investigación, ni llegó a iniciar un juicio. Lejos de eso, recién a diez años de la masacre logró establecer que hubo 22 muertos, después de transcurrir todo ese tiempo con la idea de que los fallecidos habían sido 29. ¿Ineficacia, desidia o encubrimiento? Sobre las dos primeras no cabían dudas, pero sobre la tercera se obtendrían indicios muy firmes dos años después.

AMIA

   El atentado terrorista contra la Asociación Mutual Israelita Argentina el lunes 18 de julio de 1994 fue el más luctuoso de la historia en nuestro país: dejó 85 muertos y 300 heridos. Las infinitas diligencias judiciales y las dos causas iniciadas para investigarlo se desarrollaron entre numerosas operaciones ilegales en las que tuvieron responsabilidad la propia Justicia y los servicios de inteligencia, todas dirigidas a encubrir las conexiones locales. El primer juicio, entre 2001 y 2004, mostró la participación judicial y de agentes de inteligencia en el encubrimiento, absolvió a los acusados, pero no condenó a nadie. La investigación criminal más importante de la Justicia argentina no identificó a responsables materiales ni intelectuales de la masacre, pero exhibió toda clase de irregularidades propias o inducidas.

   El segundo juicio se desarrolló entre 2015 y 2019, y fueron condenados por corruptos y encubridores el primer juez de la causa, Juan José Galeano, los exfiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, el exjefe de los servicios de inteligencia Hugo Anzorreguy, y otros funcionarios estatales. Pero, sobre todo, señaló expresamente que la imposibilidad de esclarecer el atentado se debía a que todas las instituciones del Estado argentino, desde el Gobierno hasta la Justicia, desde las fuerzas de seguridad hasta los servicios de Inteligencia, venían encubriendo desde hacía años a los responsables locales, imprescindibles para que cualquier terrorista extranjero (sea quien fuere) ejecute con éxito semejantes atentados en nuestro territorio. 

Las soluciones políticas: ayer, Irán…

   En esta secuencia de encubrimientos, no la primera, sino la más célebre, fue la sucedida durante las presidencias de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. Tomando la tesis del fallo del juez Galeano del año 2003 el presidente Néstor Kirchner creó una unidad especial para la investigación del atentado a la AMIA. Él mismo designó al fiscal Alberto Nisman y puso a su lado como colaborador directo al jefe de contraespionaje de la Secretaría de Inteligencia del Estado, el agente Jaime Stiusso.

   En ocasión de la firma del acta de compromiso para el esclarecimiento de los atentados, Kirchner aseveró que “Sufrimos lo que sufren los familiares, más la vergüenza de tener un Estado que durante tanto tiempo no supo resolver, o no quiso, o encubrió”. En el mismo acto prometió poner a disposición los expedientes de los servicios de inteligencia sobre ambos casos aunque la comunidad judía querellantes denunció que lo hizo en forma muy limitada.

   La embajada estadounidense fue un destacadísimo apoyo en la tarea de Nisman: “Anticipaba a la embajada lo que iba a hacer, y la embajada le decía lo que tenía que hacer. Que no podía investigar la pista siria ni la conexión local porque eso «iba a distraer», y daba como culpables a los iraníes. Una vez, Nisman olvidó avisar que pensaba pedir la detención del expresidente Menem, y por ese olvido en la embajada lo retaron muchísimo. Nisman me decía que toda la información se la pasaba Stiusso, porque era el que tenía contacto con los servicios secretos de EEUU y de Israel”, contó el periodista Santiago O´Donnell en su libro “Argenleaks”.

   Buscando “Nisman + AMIA” en el repositorio de comunicaciones diplomáticas de Wikileaks, solo para el periodo 2004-2009, aparecen 74 cables, algunos de ellos citando desde el mismo título entrevistas personales o telefónicas del personal de la embajada estadounidense con Nisman. Así, con las “pruebas” aportadas por el FBI, la CIA y el Mossad sobre la supuesta participación de funcionarios iraníes, en 2006 Nisman emitió un dictamen que descartaba definitivamente la “pista siria” seguida desde el principio (por esos días, el gobierno sirio se mostraba favorable a acuerdos de paz con Israel), y contribuía a los fines de la política estadounidense en Oriente Medio.

   Por lo demás, los puntos más llamativos del desempeño del fiscal al frente de la Unidad Especial para la investigación del atentado contra la AMIA fueron algunas impactantes denuncias del propio Nisman en 2009 contra Mauricio Macri (entonces jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires) y otros funcionarios porteños como Jorge “Fino” Palacios (exjefe de la Policía Federal, también procesado por encubrimiento en el caso AMIA), por “espionaje” contra muchos ciudadanos, entre ellos algunos familiares de los muertos en el atentado. Macri fue sobreseído en esa causa en diciembre de 2015, días después de haber asumido como presidente de la Nación. Nisman denunció también al juez Claudio Bonadío (2010) y nuevamente al funcionario porteño Jorge Palacios por “amenazas de muerte” contra él y sus hijas, a raíz de sus investigaciones sobre el atentado.

   Por cierto, la más famosa de las denuncias del fiscal fue la que presentó en enero de 2015 contra la presidenta Cristina Fernández por “abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público” y “confabulación” con el fin de “encubrir a los imputados iraníes” en la causa AMIA. Sucedió que mientras hasta 2010 el gobierno argentino acusaba al gobierno de Irán por encubrir a los culpables del atentado Amia, desde 2011 comenzó a considerar junto al gobierno iraní formar una comisión que analizara lo ocurrido. El movimiento, a la vez que excluía nuevamente a la “conexión local”, colocaba a los culpables bien lejos del país, sin obligar a nada a los iraníes (que, por otra parte, jamás ratificaron el acuerdo en el Parlamento).

   La iniciativa del gobierno argentino tenía además la virtud de coincidir con el giro de la estrategia diplomática y política del gobierno de Barack Obama que, en ese momento, preparaba tratativas para un acuerdo nuclear con Irán. Así, el Memorándum acompañaba el circunstancial alineamiento del gobierno estadounidense y el gobierno ruso que, junto a los iraníes, por entonces intentaban coordinar el “recambio ordenado” del gobierno sirio. En enero de 2013 se firmó un memorando de nueve puntos que prometían la colaboración del gobierno iraní con la Justicia argentina para esclarecer el caso, que el gobierno argentino hizo aprobar en el Parlamento.

   El acuerdo nunca pasó de los papeles, porque el Parlamento de Irán no lo aprobó y la Cámara Federal lo declaró inconstitucional. Pero el giro exhibido por el gobierno de Cristina Fernández despertó profundos recelos entre los diversos estamentos judiciales, policiales, servicios de inteligencia y otros sectores que venían detentando el control de la infructuosa investigación. Muestra clara de la desesperada reacción fue la precipitada denuncia presentada por el fiscal Nisman contra la presidenta. La muerte del fiscal, a dos días de exponer sus fundamentos ante el Congreso, subió un nuevo nivel en el historial de confusión, impunidad y encubrimiento con que las instituciones del Estado procesan la causa AMIA desde su mismo inicio.

…hoy, Hezbollah

   “La política de encubrimiento se sostuvo por 25 años con apoyo de AMIA y DAIA. (…) El gobierno Macri es uno más sumándose a la impunidad, que ya lleva 25 años, y al encubrimiento de la responsabilidad del Estado argentino. Y no sólo el encubrimiento, también la comisión del atentado. La bomba en la AMIA fue una operación controlada por la SIDE, no por la inteligencia iraní”, dijo Laura Ginsberg, dirigente de la APEMIA (Asociación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA).

   La viuda de José Enrique Ginsberg, muerto en la AMIA, ha sido desde el primer momento una destacada activista contra los numerosos obstáculos y dilaciones que fueron conformando el encubrimiento. Ya en 1997 pronunció un duro discurso en el acto en memoria de las víctimas: “Yo acuso al gobierno de Menem y Duhalde de consentir la impunidad, de consentir la indiferencia de los que saben y callan, de consentir la inseguridad, la impericia y la ineptitud... Yo acuso al gobierno de Menem y Duhalde de encubrir la conexión local, que sirvió para matar a nuestros familiares.”.

   Consultada por la prensa cuando el exprimer ministro israelí Shimon Peres visitó la Argentina, en 2008, Ginsberg habló con su habitual claridad: “Acaba de llegar el rey de los encubridores”. En febrero de 2013, cuando el canciller Timermann presentaba el Memorándum con Irán en el Congreso, no fue invitada. Igualmente acudió, habló y dio su opinión: “Van a sancionar la ley de punto final de la AMIA”. Con la misma resolución, ahora acusa al gobierno de Mauricio Macri de continuar por la senda de la impunidad.

    “Macri simuló estar interesado en constituir una Comisión Investigadora, pero rápidamente viró a una política de impunidad“, dice Ginsberg, y advierte que la asistencia este jueves y viernes del secretario de Estado de EEUU Mike Pompeo a la “cumbre antiterrorista” organizada por la Cancillería argentina en Buenos Aires, “Es parte del lanzamiento de una nueva versión de la ‘lucha contra el terrorismo internacional’, promovida por el departamento de Estado de EEUU e Israel como otra herramienta de propaganda sobre sus intereses en Medio Oriente”.

   Está previsto que durante la Cumbre Macri firme un decreto por el que el Estado argentino declara “grupo terrorista” a Hezbollah. “Esa declaración no tiene que ver con esclarecimiento de los atentados”, denuncia Ginsberg, “El Estado argentino da por esclarecido el atentado y responsabiliza a Hezbollah y al estado iraní por elevación. No se esclareció nada. Hace pocas semanas (en febrero) un tribunal acaba de fallar que el Estado es responsable por la comisión del atentado, no solo por el encubrimiento. A este Tribunal nadie lo cuestionó durante los años de su desempeño, no pueden decir que son macristas, ni de Justicia Legítima. Este Tribunal estableció que ‘la conexión local’ es el Estado argentino”.

   Finalmente, Ginsberg deplora que “A los 25 años, Macri se suma a la propaganda, dando por hecho que el atentado está esclarecido y que los responsables son los iraníes. Queda así bien con sus patrocinadores estadounidenses e israelíes, y desplaza la responsabilidad del Estado argentino y del esclarecimiento del crimen hacia el extranjero. Seguir hablando de Irán es seguir ocultando a los responsables del atentado”.