Comodoro Py bajo la lupa
Es probable que las declaraciones del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, Eduardo De Lázzari, sobre el funcionamiento de la Justicia Federal no sorprendan a los argentinos.
Dijo, sin que se pueda percibir ningún atisbo de duda en sus expresiones, que existen causas armadas artificialmente y abusos en el fuero federal, para asegurar luego que el panorama es “absolutamente preocupante”.
Cabe aclarar que estas advertencias del magistrado fueron planteadas en la apertura de las jornadas organizadas por la Red de Jueces Penales bonaerenses que se celebró a principios de este mes en la localidad de Campana, en la provincia de Buenos Aires, pero que transcendieron ese ámbito y llegaron a la opinión pública recién en los últimos días. Vale la pena detenerse un momento sobre lo que dice, en primer lugar por la particular importancia que tienen sus conceptos en estos momentos que atraviesa el conjunto de la sociedad argentina; pero también por la investidura de quién lo dice.
“Hay otro dato de la realidad que se podría denominar el abuso del proceso judicial penal. Es un dato que empezó a percibirse con mayor nitidez en el orden federal, pero que ahora muestra sus síntomas también en el ámbito de la provincia de Buenos Aires”, alertó De Lázzari, para aclarar luego que se refería a ‘causas armadas artificialmente, a abusos de testigos de identidad reservada, de arrepentidos, de factores de presión que inducen, fomentados y fogoneados por ciertos medios de prensa, a dictar condenas mediáticas y que llevan a un panorama sinceramente deplorable, en donde influyentes de todo tipo, espías, traficantes de escuchas telefónicas, con ciertas complicidades de algunos magistrados y miembros del Ministerio Público, terminan por generar un panorama que es absolutamente preocupante”.
Por hechos que son de conocimiento público (como el caso del falso abogado Marcelo Sebastián D’Alessio, que en forma más que llamativa llegó a tener mucho espacio en medios de comunicación de alcance nacional, por citar un solo ejemplo) y por los temas que enumera De Lázzari, se deduce que el magistrado hace referencia a lo que sucede en los tribunales federales con asiento en la Ciudad de Buenos Aires o, para expresarlo de otra manera, en Comodoro Py, donde cada vez se hace más evidente el nexo entre ciertos sectores de la Agencia Federal de Inteligencia y algunos actores de la Justicia Federal, con maniobras que -hay que decirlo- forman parte de una clara ofensiva contra la expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, que enfrenta varias causas judiciales y que, a diferencia de la actitud que asumió el fiscal Carlos Stornelli que está acusado de extorsionar junto con Marcelo D’Alessio al empresario Pedro Etchebest, cada vez que la citaron se presentó ante los tribunales a prestar declaración indagatoria.
A la luz de lo que advierte De Lázzari también llama la atención que habiendo doce jueces nacionales en lo criminal y correccional que tienen competencia para investigar hechos de corrupción, diez de la causas contra la ex presidenta hayan caído en solo uno de los doce jueces de Comodoro Py, pese a que se asegura que el sorteo para asignar las causas se hicieron en forma aleatoria. Según el periodista y matemático Adrián Paenza, las posibilidades de que eso ocurra, sin que intervenga ninguna mano sospechosa para manipular los resultados, son de dos en mil millones.
¿Quién puede, entonces, garantizar que no se estén vulnerando las garantías constitucionales en estos tribunales federales? ¿Alguien puede, acaso, después de conocerse algunos detalles del escándalo D’Alessio asegurar que se respetan los principios de imparcialidad, legalidad y objetividad? “La única herramienta que tenemos para combatir todo esto es el derecho. Con la ley en la mano tenemos que salir al cruce de estos hechos, que por suerte no son generalizados, pero que realmente significan amenazas”, sostuvo De Lázzari, tras lamentar que la Justicia Federal haya perdido el rol que tiene como poder del Estado.
Las palabras del presidente de la Corte de la provincia de Buenos Aires, Eduardo De Lázzari, deben ser interpretadas como un claro llamado de atención a toda la sociedad, como una señal, y también como un acto de sinceridad de quien, conociendo la existencia de serias irregularidades, propone erradicar ese tipo de prácticas del sistema de justicia.
