Claudio Mendoza marcó el camino
Señor Director: Ahora que la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner viene a presentar su libro “Sinceramente” en el Chaco, es justo señalar un equívoco en el mismo que obvia la labor de un legislador chaqueño. En la página 184 del libro dice: “Recién el 20 de agosto de 2003 aprobamos -yo era senadora- la ley de imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad...”. En verdad, en esa fecha se le otorga jerarquía constitucional a la Convención (ley 25.778). El Congreso Nacional ya había aprobado la Convención (ley 24.584) el 1/11/1995. Es decir, hacía ya ocho años.
Esto ya lo señalé en carta de lectores que firme en mi carácter de asesor del diputado nacional Antonio Morante (PJChaco) que ustedes titularon “Leyes de punto final y obediencia debida: un chaqueño, Claudio Mendoza, marco el camino”, publicado el 03/11/2010 en NORTE, que reproduzco a continuación:
“Por iniciativa del ex presidente Néstor Kirchner, el 20 de agosto de 2003 el Congreso Nacional aprobó la anulación de las leyes de punto final (23.456), de obediencia debida (23.521) y otorgó jerarquía constitucional a la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 26/11/1968 (ley 25.778).
“Anteriormente, el Poder Ejecutivo, por decreto 579/2003 de fecha 08/08/2003, había decidido concluir con los trámites necesarios para depositar en la Secretaría General de la ONU el pertinente instrumento de adhesión de este instrumento internacional, por parte del gobierno argentino”.
“Este era el paso que faltaba para la plena vigencia de la convención que, por ley 24.584 había sido aprobada por el Congreso Nacional el 1/11/1995, es decir, hacía ya casi ocho años”.
¿Por qué, durante todo ese tiempo, no se había depositado el instrumento de adhesión ante la ONU? ¿En qué circunstancias el Congreso Nacional había aprobado esa convención internacional? ¿De quién fue la iniciativa?
Es aquí donde cabe destacar la valentía y visión de un diputado nacional de la provincia del Chaco, quien no dudó en aprovechar la oportunidad política de avanzar la causa de los derechos humanos. Me refiero al fundador y primer presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías de la Cámara de Diputados de la Nación, el doctor Claudio Ramiro Mendoza, a quien tuve el honor de asesorar en 1994 y 1995.
“Estos son los hechos: en 1994 dos acontecimientos conmocionaron la opinión pública nacional e internacional. Por un lado, las declaraciones en Bariloche del ex capitán de las SS Erich Priebke al periodista de la cadena televisiva norteamericana ABC Sam Donaldson, admitiendo su participación en la Masacre de las Fosas Ardeatinas, en Italia, en 1944, en donde fueron asesinados 335 civiles. Por el otro, el cruento atentado terrorista en Buenos Aires contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) del 18/7”.
“Ante la resultante indignación generalizada, el presidente Carlos Menem le prometió al entonces presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), Ruben Beraja, que enviaría esa convención internacional al Congreso Nacional, para su aprobación”.
“Cuando leí esta noticia en el diario, enseguida recordé de qué se trataba. Pues cuando ingresé a la Cámara de Diputados de la Nación, en enero de 1984 -acompañando al diputado nacional y vicepresidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Augusto Conte-, le había propuesto presentar un proyecto de ley ratificando esa convención. Pero, en ese momento, con el argumento de que aún no se había realizado el juicio a las juntas militares, Conte lo consideró inoportuno por el simple hecho de que no recibiría aprobación legislativa”.
“Pero, diez años después, se abría una puerta. Alentado por Emilio Mignone, presidente del CELS, le propuse a Claudio Mendoza “puentear” al presidente Menem y presentar el proyecto aprobatorio de la convención en la Cámara de Diputados. Es así que, el 28/7/1994, el diputado Mendoza presentó el correspondiente proyecto de ley con el acompañamiento de dos colegas: el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, Florencio Aceñolaza (PJ-Tucumán) y Elsa Kelly (UCR-Capital Federal), ex vice-canciller de Raúl Alfonsín”.
¿Por qué, hasta la aparición de Nestor Kirchner, ningún presidente argentino presentó el instrumento de adhesión ante la ONU? Porque desde las Fuerzas Armadas se temía que aceptando la jurisdicción internacional, se derrumbarían las leyes de impunidad, abriendo la caja de Pandora judicial para los crímenes cometidos durante la última dictadura cívico-militar.
“Por eso no es casualidad que el depósito ante la ONU del instrumento de adhesión argentino a la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad haya coincidido con la anulación de las leyes de punto final y de obediencia debida. La decisión política fue de Nestor Kirchner. Claudio Ramiro Mendoza marcó el camino.”
Y ahora debo agregar: después de haber trabajado 32 años en el Congreso Nacional, reconozco que asimismo marcó el mío. Porque no sólo fui asesor de los diputados nacionales Mendoza y Morante. También lo fui del actual subsecretario de Memoria, Verdad y Justicia de la provincia, Juan Carlos Ayala, y de la anteriormente diputada y actual senadora nacional María Inés Pilatti Vergara.
Gracias al trabajo que emprendí con estos legisladores chaqueños, desde hace unos años soy miembro del Instituto Internacional de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo (Francia). Le agradezco a la provincia del Chaco por haberme marcado la senda.
Ildefonso Miguel Thomsen
Buenos Aires
