Medida cautelar contra desmontes: ingenieros agrónomos piden ser escuchados

En un comunicado enviado a NORTE Rural, el Consejo Profesional (Cpiach) sostiene que de acuerdo con la legislación aplicable (Ley Nacional 26.331 y Ley Provincial 6.409), existen mecanismos para corregir los errores o inconsistencias que presentó el ordenamiento territorial de bosques nativos (OTBN) de la provincia que se aprobó en 2009.

Esta es parte del extenso escrito enviado: “Estos mecanismos se plantean en el proceso de actualización del OTBN que prevé la misma Ley 26.331 y el ordenamiento provincial, debido a los avances y mejoras en la generación de información que se lograron por instituciones o entidades científicas este último tiempo”.

“Entre estos mecanismos, se prevé un procedimiento para que el propietario de un inmueble solicite al Estado provincial revisar a nivel predial la categoría de conservación en la que se encuentra en el ordenamiento territorial, analizando nueva información obtenida por el análisis de los suelos, del estado del bosque y de las perspectivas de desarrollo de la zona. Esta posibilidad se trata de una de las pautas recomendadas por Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema)".

"Los estudios de suelos, generados por el INTA, se tratan de documentación técnica que identifica la capacidad de uso que tienen los suelos de la provincia, y si es recomendable destinar su producción a la agricultura, ganadería o aprovechamiento forestal".

"En base a ello, se autorizan o no los permisos de cambio de uso de suelo, resguardando las zonas de bosques que no cuentan con suelos apropiados para la agricultura. Esta información es una de las tantas de que disponen los ingenieros agrónomos, como aporte al proceso de actualización del ordenamiento territorial”.

IMPACTO AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

“Este procedimiento de revisión y actualización fue reglamentado por el Estado, se requiere, entre otras exigencias, la presentación de un Estudio de Impacto Ambiental que es evaluado por el Estado y un proceso de participación ciudadana para cada solicitud”.

“Independientemente de eso -afirman los agrónomos-, cada emprendimiento que desarrolle la agricultura respeta diferentes medidas de conservación, como lo es el mantenimiento de porcentajes de bosques nativos en pie, que en hasta algunos casos llegan al 50% de la superficie del campo”.

OPINIÓN TÉCNICA DE LOS PROFESIONALES

Según el documento y a raíz de la medida judicial, consideran necesario que “todos los actores de la sociedad se involucren y tomen conocimiento de los asuntos relacionados con la producción, en particular con los aspectos relacionados con la sostenibilidad ambiental, económica y social”.

“La Justicia es un elemento fundamental del Estado, como lo es también el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. El aporte de los profesionales que integran el Cpiach es nutrir de información técnica desconocida por el común las personas. Es nuestro deber, como ingenieros agrónomos, acercar los nuevos conocimientos que se generan y actualizan permanentemente”, agregan.

Así concluyen: “Es por ello que sin criticar la medida cautelar ordenada del Juez Civil y Comercial Nº 21 de la ciudad de Resistencia, entendemos que debe incluirse dentro del proceso de decisión la opinión de los distintos actores, y de los ciudadanos de toda la provincia del Chaco, que en ocasiones es muy diferente a los que habitan la zona metropolitana”.

“En este ejercicio, consideramos que no se excluya a la opinión de los técnicos, profesionales o entidades del rubro agropecuario, especialmente los que integran el Cpiach, que hace mucho tiempo trabajan la cuestión, y que registran muchos avances en la sustentabilidad de la actividad productiva y el cuidado de nuestros recursos naturales”, finalizan los ingenieros agrónomos.