Los ingenieros agrónomos se pronunciaron contra la burocracia

SÁENZ PEÑA (Agencia). El Consejo Profesional de Ingenieros Agrónomos del Chaco, se expresó a través de un documento sobre el planteo  si el eje de gestión pública de los bosques nativos debe estar en las órbitas de gobierno referida a Producción, o la vinculada en el área ambiental, o repartidas en distintas áreas de ambas carteras.

Los profesionales dicen que la producción forestoindustrial no está divorciada del ambiente, o de la conservación. “Por el contrario, en el norte del país con los años se avanzó significativamente en la cultura del manejo forestal, ordenación forestal y el financiamiento de planes sustentables en áreas de producción e industria”.

La mesa directiva reunida para abordar el tema, dijo que “el caso del Chaco es un ejemplo, en donde programas funcionan en el ámbito del Ministerio de Producción, Industria y Empleo”.

En tal sentido, recordaron los programas  como Vetanoble que se apoya la elaboración de muebles sustentables de madera nativa, el programa de restauración forestal que busca rescatar ambientes productivos degradados y el sistema de apoyo a pequeños productores a través de delegaciones de la dirección provincial de bosques.

A su vez, estos programas de interrelacionan con instituciones nacionales de prestigio como el INTI y el INTA. “Estos son solo pocos ejemplos que se vienen materializando y muestran sus resultados permanente, con personal idóneo y especializado del Ministerio de Producción”, señalaron.  

POCA FORESTACIÓN

Dice el documento que “si bien resaltamos los ejemplos, también apuntamos a los déficit, como es la forestación, una actividad que en el Chaco no tuvo un buen despliegue, en el cual esperamos que en esta nueva etapa se apliquen herramientas de gestión eficientes”.

Todo emprendimiento forestal, sea de producción primaria o industrial, tiene que tener necesariamente su componente ambiental, de otra manera no sería sostenible, indicaron.

LA GESTIÓN YA TIENE HERRAMIENTAS DISPONIBLES

Todos los emprendimientos forestales nacen con un proyecto de un particular que lo ejecuta a través de un financiamiento propio y con el acompañamiento de un ingeniero agrónomo o forestal, que posteriormente puede  eventualmente recibir apoyo del estado nacional, provincial o municipal.

En este punto es destacable los fondos y programas nacionales como FONDAR, el Fondo de Bosques (Ley 26331), Programa de Competitividad Forestal, Bosques y Comunidad, PRODERI, PRODAF, entre otros. Sostienen que “para que un proyecto prospere tiene que tener un análisis y una autorización previa del estado provincial, en la producción primaria a través autorizaciones de planes de planes de manejo, o industrial para el caso de habilitaciones de aserraderos, secaderos, acopios, carpinterías, mueblerías, y otros emprendimientos”.

EXPLICACIONES

Este esquema se inicia y culmina con trámites, que los recibe, evalúa y autoriza un organismo público estatal, competente en la materia que se ocupa además de monitorear el cumplimiento de lo autorizados, y sancionarlo en el caso que no lo cumpla.

Estos trámites están regulados por normas del poder ejecutivo provincial, ministerios, subsecretarías y direcciones que funcionan específicamente para abordar la cuestión. Estas dependencias a su vez tienen profesionales y técnicos idóneos para dar tratamiento a estos procesos, y también para dar acompañamiento al administrado y cumplir con los requerimientos.

En estos últimos tiempos, la presión social y mediática sobre temas ambientales muchas veces hacen que gobiernos locales disgreguen, dispersen y separen las áreas técnicas y pertinentes del sector forestal distribuyéndolas en jurisdicciones de gestión distintas, indicaron los ingenieros agrónomos.

Estos cambios, en lo formal podrán ser útil para el discurso ambiental pero se aleja totalmente de la realidad y de las necesidades que demanda el sector forestal para el logro de la sustentabilidad.

NO PERJUDICAR A LOS  PEQUEÑOS PRODUCTORES

El CPIACh expone en su documento que  se debe tener en cuenta a quién es la autoridad responsable del trámite de autorización de un plan de manejo, o de la habilitación de un establecimiento, transporte o acopio. “Los cambios, no afectan a grandes productores o empresarios que seguramente tendrán el financiamiento suficiente para contratar un profesional o gestor que se ocupe de los trámites, sino a los pequeños y medianos que se ocupan de sus propios trámites que tienen deambular por oficinas y dependencias, localizadas en distintas ciudades y con tiempos diferentes”.

En segundo lugar, señalan que “las áreas administrativas no se ponen en funcionamiento en forma instantánea lo que provoca que los trámites estén condicionados a la puesta en marcha de estos organismos, que en ocasiones suelen durar años”.

QUE INTERVENCIÓN NECESITAN

Añaden los ingenieros agrónomos que “los trámites que requieren de la intervención de las áreas de gestión producción y de ambiente, separadas, presentan el inconveniente que los técnicos y especialistas del rubro se encuentran en un área, y el área ambiental no dispone de los profesionales idóneos, con experiencia o habilitados para tal fin.

Sostienen que las áreas técnicas requieren de infraestructura, medios y herramientas pata desarrollar de sus tareas que se sostienen, muchas veces, de la propia recaudación cómo ser aforos, tasas o impuestos por las licencias. Al alterar este procedimiento, el funcionamiento se interrumpe provocando retrasos en auditorías, la fiscalización y pasos que se requieren para los trámites de los particulares.

INCONSISTENCIAS QUE FAVORECEN A LA ILEGALIDAD

SAENZ PEÑA (Agencia). El CPIACh sostiene que “todas estas inconsistencias favorecen a la ilegalidad, ya sea en la comercialización de productos primarios o industriales atentando con la trazabilidad y sobre todo con precio de los productos que se traducen en pérdida de rentabilidad del sector en líneas generales”.

Señalan que  el Fondo de Bosques de la Ley 26.331 es un financiamiento para el manejo sostenible de lo recursos forestales. “Es incorrecto que se trata de una cuestión diferente. Al separar esta área del eje productivo, se lo separa de la realidad provocando que el financiamiento se destine en objetivos distintos a los pensados por la Ley de Bosques”, advierten.