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El drama de vivir una infancia sin derechos

Según el último informe elaborado por el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina, que lleva por título “Pobreza, derechos e infancias en la Argentina (2010-2018)”, entre 4.700.000 y 7.500.000 niños y adolescentes argentinos son pobres. Quiere decir que entre el 41,2 y el 63,4 por ciento de los 11,8 millones de menores de 17 años que hay en el país vive en condiciones de extrema vulnerabilidad.

No fueron catástrofes naturales las que provocaron semejante calamidad. Fueron decisiones de alto nivel que impactaron en la economía y que condenan a millones de niños, niñas y adolescentes a padecer los rigores de la pobreza material en la etapa más importante de la vida de un ser humano, como es la etapa de la infancia.

Este nuevo informe presentado por el Barómetro de la Deuda Social de la Infancia, del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina, debe ser un llamado de atención para toda la dirigencia argentina, que está llamada a dar, sin demoras, una respuesta humana a quienes sufren los graves problemas derivados de la falta de educación, vivienda digna, agua potable, acceso a la salud y protección social. Es necesario que se adopten medidas urgentes para comenzar a revertir esta situación. La infancia no puede esperar porque es un período donde se configura gran parte del desarrollo emocional, físico e intelectual de las personas. Una sociedad debe exigir que los recursos públicos tengan como objetivo primordial atacar las causas que empobrecen a millones de argentinos y vulneran los derechos más elementales de la infancia.

El informe, según explican los autores del mismo, se elaboró a partir de relevamientos que incluyeron las llamadas medidas monetarias y multidimensionales de la pobreza infantil en su evolución 2010-2018, procurando ofrecer mejores definiciones de los problemas que afectan a las infancias en el país e identificar los principales factores asociados a dichas injustas carencias. Para definir la pobreza multidimensional en el ejercicio de derechos de la infancia se consideran seis dimensiones: Derecho a la alimentación, Derecho al saneamiento, Derecho a una vivienda digna, Derecho a la atención de la Salud, Derecho a la estimulación temprana (0-3 años) / Educación (4-17 años), y Derecho a la información. Según las estimaciones para 2018, el 63,4% de los niños/as y adolescentes estaba privado en el ejercicio de al menos un derecho y 51,7% vivía en hogares pobres en términos monetarios. Un 41,2% de la infancia era doblemente pobre (en el ejercicio de derecho y por pobreza monetaria). Esta doble carencia se incrementó entre 2017 y 2018 en 4,1 puntos porcentuales. El documento señala, por otra parte, que cuando se analiza la propensión a la pobreza multidimensional, se advierte que dentro del 63,4 por ciento de chicos que no logran ejercer plenamente al menos uno de los derechos considerados, un 18,9 por ciento no logra hacerlo en niveles humanamente inaceptables. El análisis de la composición de la pobreza multidimensional permite advertir, además, que el 22,9 por ciento de los niños tienen carencias en el espacio de la vivienda, 19,1 por ciento en el acceso a la información, 18,5 por ciento en los servicios de saneamiento básicos (agua e inodoro con descarga), 17,4 por ciento en el acceso a la atención de la salud, 13,4 por ciento en la estimulación en los primeros años de vida y en la educación luego, y 8,7 por ciento en el acceso a la alimentación.

Estas cifras confirman que persiste la enorme deuda con la infancia en la Argentina. La promesa de lograr pobreza cero fue sólo eso, una promesa. Como bien señala Unicef, los descuidos y la inacción que afectan a la infancia tienen un alto precio y comportan consecuencias a largo plazo para la salud, la felicidad y las capacidades para obtener ingresos cuando estos niños alcanzan la edad adulta. Y lo que es peor, también contribuyen a perpetuar los ciclos de pobreza, desigualdad y exclusión social. Frente a este preocupante escenario, es necesario resolver con urgencia estos déficits con políticas integrales que permitan revertir una situación que es muy seria y que hipoteca el futuro de las nuevas generaciones y de toda la sociedad.

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