Perú: persiste el conflicto minero

   Lima, 11 (Reuters) - Hace 50 días comenzó una oleada de protestas que paralizaron la actividad del yacimiento, en Apurímac, operado por la empresa china MMG. Es la mina de cobre Las Bambas, convertida en uno de los principales focos de conflicto. El gobierno de Martín Vizcarra envió a cinco de sus ministros en busca de una solución este jueves.

   Desde 2015, los sucesivos gobiernos de Ollanta Humala, Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra decretaron estado de emergencia en el Corredor Minero Sur, restringiendo derechos de tránsito, de reunión y la inviolabilidad de domicilio, para reprimir las manifestaciones y los bloqueos que hacían los comuneros para llamar la atención ante los compromisos incumplidos.

   La empresa china había prometido un “mineroducto enterrado”, pero modificó en 2014 su estudio de impacto ambiental para transportar el cobre por carretera. Las comunidades sufren el polvo que afecta el aire, los cultivos y los animales de carga y ganado. Si bien MMG contrató el uso de las tierras de Fuerabamba, no informó a los comuneros sobre el impacto ambiental por el paso de 300 camiones diarios y el polvo. También demandan la creación de un seguro ambiental para aire, agua y suelo, y la evaluación del estudio de impacto ambiental de la mina.

   La abogada Ruth Luque, de la organización Derechos Humanos sin Fronteras, explica que “La compañía tiene un aparato legal/administrativo para negociar con las comunidades y estas no tienen absolutamente nada. Así se desarrollan los acuerdos”. Luque, que defendió a víctimas del conflicto en 2015, aseguró que también falta diálogo intercultural. “La empresa impone sus reglas y negocia cosas económicas que no incluyen aspectos fundamentales como los recursos naturales. Tampoco hay marco legal que diga qué sucede si la empresa incumple, no hay responsabilidad administrativa, civil, ni penal, ni siquiera con las víctimas”, subraya.