La legítima e imprescriptible soberanía sobre Malvinas
Se cumplen hoy 37 años del desembarco en Malvinas, fecha que da pie para reafirmar lo que expresa la Constitución Nacional en su disposición transitoria primera, donde señala que la Argentina “ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional”.
La mencionada disposición agrega que “la recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes y conforme a los principios del Derecho Internacional, constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino‘. Nótese que, de ese modo, los convencionales constituyentes de 1994 establecieron un principio que enlaza pasado, presente y futuro de las islas, ya que un repaso de la historia de las Provincias Unidas del Río de la Plata nos revela que éstas habían heredado de España los derechos de posesión sobre los territorios del ex Virreinato, incluidos, por supuesto, los derechos sobre el archipiélago del Atlántico Sur.
En enero de 1833 el Reino Unido usurpó las islas y desde esa fecha hasta la actualidad la Argentina no ha cesado de reclamar su soberanía. Ya en la historia reciente, la Organización de Naciones Unidas consideró que la cuestión Malvinas debía ser tratada en el marco de los procesos de descolonización, y en junio del año pasado el Comité de Descolonización de la ONU aprobó una nueva resolución para pedir negociaciones por las islas. En ese ámbito, fue Milenko Skoknik, el representante chileno ante la ONU y encargado de presentar la resolución a través de la cual se reiteró el llamado para que la Argentina y el Reino Unido “reanuden a la mayor brevedad las negociaciones‘, situación que se ha dilatado no por la falta de voluntad de nuestro país, sino por la estrategia que lleva adelante la diplomacia británica, especialmente tras la finalización del conflicto de 1982, aprovechando el grueso error cometido por la cúpula militar que gobernaba la Argentina en aquellos años, que hizo una pésima evaluación del escenario internacional de entonces, al creer que la Marina Real británica y el resto de las fuerzas del Reino Unido, bajo las ordenes de la entonces primera ministra Margaret Thatcher, no se aventurarían a la reconquista de las islas.
Un párrafo especial merece el recuerdo de los combatientes que murieron durante el conflicto, y en ese sentido debe destacarse el arduo trabajo llevado adelante, con la facilitación del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), para lograr la identificación de los restos de los soldados argentinos inhumados en el cementerio de Darwin, bajo la leyenda “Soldado argentino sólo conocido por Dios”, permitiendo saldar así una deuda histórica con los familiares de los caídos. Hoy, en esta fecha tan cara al sentimiento de los argentinos, el conjunto de la sociedad debe honrar la memoria de sus héroes de Malvinas y para eso es imprescindible que todos los sectores comprendan que la cuestión Malvinas va mucho más allá de las coyunturas, por lo que la recuperación pacífica de las islas debe ser una política de Estado, tal como lo establece la Constitución Nacional, sin perder de vista que, como se dijo, la cuestión Malvinas ha sido calificada por las Naciones Unidas como un caso de descolonización colonial especial y particular, donde subyace una disputa de soberanía y por ende, a diferencia de los casos coloniales tradicionales, no resulta aplicable el principio de libre determinación de los pueblos. Esto es así porque el Reino Unido ocupó las islas por la fuerza en 1833, expulsó a su población originaria y no permitió su retorno, vulnerando la integridad territorial argentina, quedando así descartada la posibilidad de aplicación del mencionado principio de autodeterminación, pues su ejercicio por parte de los habitantes de las islas, causaría el “quebrantamiento de la unidad nacional y la integridad territorial” de la Argentina. Por esto, y mucho más, la recuperación de la soberanía sobre el archipiélago del Atlántico sur, siempre conforme a lo que establece el derecho internacional vigente, constituye un objetivo permanente e irrenunciable de nuestro país y, a la vez, uno de los mayores desafíos que tiene hoy la dirigencia argentina.
