El déficit habitacional en las prisiones federales
La falta de presupuesto y de una estructura edilicia adecuada es un viejo problema que arrastra el sistema de cárceles federales en todo el país. En ese marco, no debe sorprender la reciente decisión del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación de declarar la emergencia en materia penitenciaria por tres años y de poner en marcha una comisión que tendrá a su cargo el diseño de políticas públicas que apunten a resolver esta cuestión.
La responsabilidad estatal en este delicado asunto muchas veces ha sido puesta bajo la lupa debido a las serias dificultades que históricamente tuvo y que se mantienen en la actualidad en el sistema de prisiones federales para lograr la reinserción social de las personas privadas de libertad. Según informó el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, la decisión de declarar la emergencia se basa en que la población carcelaria ha experimentado, en la jurisdicción federal, un incremento significativo en los últimos años. Según datos del Sistema Nacional de Estadísticas de Ejecución de la Pena, la población detenida en cárceles federales al 31 de diciembre de 2015 era de 10.274, pero en la actualidad el número trepó a 13.887 (últimos datos oficiales correspondientes al 25 de este mes). Otro dato confirma la seriedad de la situación: la capacidad operativa de alojamiento ideal, contabilizando todas las unidades, es de 12.235 plazas, lo que significa que actualmente hay una sobrepoblación superior al 12 por ciento. Como se podrá observar, este cuadro de situación poco ayuda al objetivo disminuir la reincidencia, desalentar la criminalidad y contribuir a la seguridad pública que se ha trazado la actual gestión nacional.
¿Hasta qué punto puede el Estado, en estas condiciones, garantizar la custodia de las personas privadas de libertad y mejorar así la prevención de la criminalidad, si la población carcelaria duplica o triplica la capacidad proyectada para las cárceles federales? El gobierno nacional atribuye la actual situación carcelaria a las políticas de seguridad pública, a las que define como “exitosas”, y también a la persecución del delito para combatir la inseguridad ciudadana y el crimen organizado. Es más, el documento difundido por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación advierte, además, que en razón de esas políticas el porcentaje de detenidos seguirá incrementándose “sustancialmente” este año. Por otra parte, al fundamentar la decisión de declarar la emergencia penitenciaria en las cárceles federales, la cartera de Justicia sostiene que pese a que en los últimos años se ha registrado un descenso en los porcentajes de personas sin condena alojadas en establecimientos penitenciarios federales, en la actualidad esa cifra asciende al 57 por ciento de los internos, y atribuye esa situación que suele extenderse en el tiempo a “la prolongada duración de los procesos”.
El propio Servicio Penitenciario Federal alertó que esta situación puede afectar las condiciones de salubridad y añadir factores de violencia en el interior de las unidades carcelarias. Ante este complejo cuadro de situación es de esperar que la conformación de la llamada Comisión de Emergencia en Materia Penitenciaria, que funcionará bajo la órbita de la Secretaría de Justicia de la Nación, sirva para encontrar una rápida y efectiva solución al problema del déficit que arrastra el sistema de cárceles federales. No menos importante serán las medidas que se adopten para mejorar las condiciones de alojamiento de las personas que permanecen privadas de la libertad y para resolver las cuestiones relacionadas con los grupos vulnerables dentro del sistema carcelario, como mujeres embarazadas, adultos mayores, personas con problemas de salud o con discapacidad, que podrían cumplir la pena en lugares a designar por las autoridades judiciales, fuera de las prisiones, para lo cual será necesario emplear dispositivos de vigilancia electrónica. Debe recordarse, por último, que el precepto constitucional establece que ‘las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas‘, y que cualquier medida que se adopte, en el marco de esta emergencia en materia penitenciaria, debe promover la más plena reintegración al seno de la sociedad de quienes han cumplido sus penas.
