Rechazos a la propuesta para bajar edad de imputabilidad
El gobierno nacional anunció que impulsará una reforma del Régimen Penal Juvenil con el eje central puesto en la baja de la edad de imputabilidad de los menores a los 15 años. Se trata, en rigor, de una iniciativa del Ministerio de Seguridad de la Nación que propone que la reducción en el límite a partir del cual los menores pueden ser juzgados se aplique en los casos de delitos graves. La polémica propuesta recibió un fuerte rechazo de especialistas en la temática, la Iglesia, organismos de derechos humanos y especialistas.
Las críticas de los sectores que se oponen a la iniciativa de la cartera que conduce la ministra Patricia Bullrich coinciden en señalar que con éste y otros temas (como la compra de pistolas Taser, la expulsión de extranjeros con antecedentes penales o la propuesta para crear un registro de ADN para delincuentes) el gobierno nacional pretende instalar en la agenda pública una serie de cuestiones polémicas que sirvan para evitar que la discusión se centre en cuestiones como el fracaso del plan económico, la inflación, el desempleo, la caída del poder adquisitivo de los salarios y la fuerte suba de las tarifas. La intención de la Casa Rosada, aseguran las voces críticas, es atemperar el creciente mal humor social en un año electoral clave.
Desde la Comisión de los Derechos Humanos por la Inclusión, conformada por sacerdotes, religiosas y laicos de la Iglesia Católica que realizan tareas de promoción social entre la población más vulnerable se señaló que esta iniciativa solo tiene objetivos electorales y no plantea una solución realista, como sería abordar el problema desde una perspectiva socioeducativa. ‘Pensar la baja de la edad de punibilidad como respuesta a la seguridad ciudadana, al margen del contexto social, es demagogia punitiva, y significará profundizar en la sociedad los caminos de la violencia, convirtiendo a los adolescentes en enemigos sociales‘, advirtieron desde la Iglesia. No es la primera vez que lo hacen. Ya en 2017 un documento de la Comisión Nacional de Pastoral de Adicciones y Drogodependencia de la Conferencia Episcopal se sostuvo que la discusión sobre la responsabilidad penal juvenil “no puede centrarse solamente en la persecución estatal, a través del derecho penal, de los adolescentes en conflicto con la ley penal, sino en cómo cumplir con toda la normativa internacional, nacional y provincial que garantiza derechos a todas las niñas, niños y adolescentes, sean infractores o no a la ley penal‘.
Por su parte, Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos (Cepoc) advirtió que no hay estadísticas que justifiquen la decisión de modificar la edad de punibilidad; mientras que el juez Penal de Niños y Adolescentes de la ciudad de Paraná, Pablo Barbirotto, observó que distintos estudios confirman que reducir la edad no tendría un gran impacto en la lucha contra la inseguridad, ya que el delito cometido por personas menores de edad en la Argentina es muy bajo en relación al cometido por adultos. Según el magistrado, de cada diez delitos que se cometen, uno o menos de uno es cometido por un menor. En ese sentido, señaló que no sería lógico ofrecer a la sociedad argentina una respuesta de seguridad para atender a un 0,66 por ciento de los casos, cuando no hay políticas públicas para resolver el 99,4 por ciento restante. Por otra parte, se debe tener en cuenta que casi la mitad (el 48 por ciento, para ser más exactos) de los niños, niñas y adolescentes en Argentina es pobre, según revela un estudio realizado Unicef, lo que genera un contexto social que obliga al Estado a cumplir primero con las responsabilidades que tiene para garantizar los derechos sociales de estos sectores vulnerables.
Si bien desde algunos sectores se reconoció la necesidad de reformar el régimen de responsabilidad penal juvenil actual, incluso desde esos sectores se expresó un rechazo a cualquier política de endurecimiento de los procesos judiciales contra los menores de 15 años. Por último, vale la pena leer y reflexionar sobre el documento “Las voces de los y las adolescentes privados de libertad en Argentina”, elaborado por Unicef, donde se advierte que la privación de la libertad para los adolescentes es una medida ineficaz y que la mayoría llega a estas situaciones porque tienen sus derechos básicos vulnerados, es decir no tuvieron la posibilidad de estudiar, no tienen un techo propio o no acceden al sistema de la salud.
