Tenencia y gestión del territorio, una deuda con los pueblos originarios
Referentes de poblaciones Qom, Moqoit y Wichí analizaron una potencial reglamentación a lo que ya reconoce la Constitución desde 1994. Consulta por la Ley de Propiedad Indígena.
Mujeres y hombres se reunieron en una instancia similar a la de otras comunidades del país con el objetivo de sumar aportes y reunir el mayor consenso posible. La convocatoria local fue de Julio García, reconocido abogado indígena de la región y actual subsecretario provincial de Promoción de Derechos Humanos, junto a Darío Rodríguez Duch, secretario de la Comisión Especial de Pueblos Indígenas del Senado.
EL TERRITORIO, LO FUNDAMENTAL
Ante la deforestación del bosque nativo y la extracción de madera, los pueblos originarios piden acceder a la propiedad para proteger los recursos y desarrollar riqueza en sus territorios. Sobre la importancia de en manos de quién recae la tenencia del territorio, Oscar Villalba, dirigente moqoit, fue contundente: ‘Queremos dejar de ser esclavizados con el trabajo de los blancos‘, entendiendo a la producción como fuente de identidad e independencia económica.
Las comunidades quieren decidir -de manera colectiva- cómo usar las tierras y cómo administrarlas. Para el dirigente qom Danilo Cardoso hacen falta garantías de que los territorios ‘son la sustentabilidad de nuestra vida; muchas veces necesitamos esos documentos para acceder a créditos, proyectos o financiamiento‘, indicó. El pedido para que cese al avasallamiento de los derechos indígenas es la constante en la consulta a todos los pueblos del país.
La Ley de Propiedad Comunitaria Indígena sería ‘un paso más‘ y reglamentaría lo que ya dice la Constitución Nacional en el artículo 75, inciso 17, que señala como un deber del Estado reconocer la propiedad y posesión de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas y regular la entrega de otras, aptas y suficientes para el desarrollo humano, permitiéndoles administrar y gestionar sus recursos naturales.
OTRA CONCEPCIÓN
Isabel Rodríguez, una mujer mapuche que vive en Misiones, sintetizó el pedido de las comunidades originarias: ‘Ojalá podamos decirles a los legisladores qué es para nosotros el buen vivir‘. Para los blancos es muy difícil comprender la dimensión del lugar que habitan los pueblos indígenas; es sinónimo de vida donde mantener viva y desarrollar su riqueza cultural.
El territorio y la comunidad indígena son las dos caras de un todo indivisible y como reclaman los pueblos chaqueños, ‘es hora de que los legisladores entiendan que nos deben apoyar y devolvernos lo poco que nos dejaron‘, enfatizó.
Como además participaron Andrea Charole, Claudia González y Egidio García, los tres legisladores indígenas del Chaco también se comprometieron a llevar al Senado los aportes locales.
Propiedad privada versus
propiedad comunitaria
El secretario de la Comisión de Pueblos Originarios del Senado Darío Rodríguez Duch explica que mientras el concepto de propiedad privada viene de una lógica individualista, en la cosmovisión indígena es colectiva. ‘Una cosa es tener una propiedad para venderla, rematarla o multiplicarla, y otra cosa es considerarla parte de una comunidad que junta construye ese territorio‘, contrasta. Rodríguez Duch ilustra el obstáculo: ‘Cambiar el concepto de propiedad es difícil porque muchos dicen que esto viola un criterio sacrosanto del sistema jurídico y el derecho privado argentino, civil y comercial‘.
El derecho de propiedad comunitaria del territorio de los pueblos originarios está reconocido en la Constitución Nacional y será regulado a través de una ley especial. Luego de las distintas instancias de consulta a las comunidades indígenas, se terminará de redactar el proyecto, que entrará al Senado de la Nación el 2 de marzo de 2019, una vez inaugurado el año legislativo próximo. Será una lucha que necesita de todas las fuerzas para hacer tomar conciencia a los legisladores de la necesidad de esta herramienta normativa para el efectivo
