Defender la gratuidad de la universidad pública

El decreto al que se hace referencia es el 29.337 del 22 de noviembre de 1949. “Decreto de Supresión de Aranceles Universitarios” fue la denominación formal que se dio en aquel momento a ese instrumento legal que llevó la firma del entonces presidente de la Nación, Juan Domingo Perón y que sirvió, entre otras cosas, para que en la Argentina la educación superior se constituyera como un derecho universal y dejara de ser un privilegio para unos pocos.

Si bien la Reforma Universitaria de 1918 también fue una bisagra en la historia de la educación superior argentina, el Decreto de gratuidad de 1949 fue el que permitió que en el país se consolidara el proceso de democratización de la enseñanza universitaria.

Cabe recordar que, como bien observan algunos historiadores, la asamblea reformista de 1918 no había aprobado el proyecto presentado oportunamente por los dirigentes estudiantiles Gabriel del Mazo y Dante Ardigó, que proponía establecer la gratuidad de las universidades; de manera que no fue sino hasta casi la mitad del siglo XX que estas casas de estudios comenzaron a dejar atrás el perfil elitista que tenía hasta entonces la educación superior en el país.

Claro que, como todo proceso de cambio, éste también tuvo resistencias de quienes negaban el impacto favorable que tendría más adelante el acceso gratuito a los estudios superiores de los estratos medios o medios bajos de la sociedad. Con el paso de los años se comprobó que la posibilidad de estudiar en la universidad pública contribuía a la movilidad social ascendente y a una mejora en las perspectivas laborales de quienes lograban un título.

Resulta difícil de creer que hoy, a casi 70 años de aquel decreto, todavía se escuche a dirigentes políticos que cada tanto insisten con reinstalar la idea del arancelamiento, es decir, de volver a tener una universidad para pocos, como a principios del siglo pasado.

Por eso, hoy el desafío pasa por seguir defendiendo a la universidad pública de todos los embates que sufre y también por construir un sistema educativo que sea cada vez más democrático y que incluya a sectores históricamente postergados.

En ese sentido, en nuestra región merece destacarse el trabajo que se viene haciendo en la Universidad Nacional del Nordeste con el Programa Pueblos Indígenas (PPI) y que comenzó a funcionar en 2011, y a través del cual se busca promover la inclusión de personas de los pueblos originarios en la educación superior por medio de becas y tutorías pedagógicas.

La creación de nuevas universidades públicas en todo el país -como la apertura en el año 2007 de la Universidad del Chaco Austral en Presidencia Roque Sáenz Peña- ha permitido ampliar la base de formación de profesionales.

No obstante, vale aquí compartir una reciente reflexión del doctor en Filosofía y experto en políticas de educación superior, Augusto Pérez Lindo, quien señaló (refiriéndose a América Latina) que “a pesar de que la región posee abundantes recursos humanos calificados, o sea, profesionales, científicos y técnicos suficientes para superar el subdesarrollo, no se observa que las clases dirigentes (políticas, gubernamentales, empresariales, sindicales, sociales) estén valorizando el uso del conocimiento para superar los problemas de la sociedad”.

Es de esperar que en este nuevo aniversario del decreto 29.337, se renueve el compromiso de la ciudadanía para continuar defendiendo la gratuidad de la enseñanza superior que permitió que hijos de trabajadores pudieran formarse y desempeñar las más variadas profesiones, confirmando así que la educación universitaria, además de ser una herramienta de inclusión social, también contribuye al desarrollo de las regiones de todo el país.