Lavado III: el intendente Nievas amplió su defensa
El intendente de Castelli, Oscar Alberto Nievas, indicó que “la imputación del fiscal federal Patricio Sabadini tiene que ver tan solo con uno de 16 convenios celebrados para la construcción de viviendas. Desde la Nación se enviaron fondos para construir 100 viviendas por cooperativas y se le adjudicó a una cooperativa, que luego por problemas administrativos y fiscales cedió el contrato a una empresa”.
“Y ese acto, que no fue rechazado por el Municipio, lo lleva a presumir al fiscal que era un modo anormal de procurarse la ejecución de viviendas en contra del régimen de contrataciones”, explicó.
“La inconsistencia que denuncia no son por la no ejecución de las viviendas o por el faltante de fondos. Tan solo que hay diferencias en la georeferencia como en las adjudicación y la discrecionalidad en la misma (no existe una obligación en ese sentido salvo la propia situación de vulnerabilidad social) como asimismo que los dueños no viven en la casa adjudicada. Todas posibles situaciones que de ser así deben corregirse ya que cumple un fin social. Hay muchos que se aprovechan en las solicitudes, quizás un esposo y esposa pidieron por separado viviendas y se le haya adjudicado a ambos. Ello debemos demostrar en la justicia y lo haremos”, relató.
“Sobre el sistema de pago que tenían alguno de los convenios, operatoria que fue siempre avalada por el Tribunal de Cuentas: se libraba un cheque de una cuenta del municipio, se cobraba el cheque por el secretario de Finanzas y se le pagaba a la cooperativa o representante, que otorgaban los recibos y constancias pertinentes. Es un mecanismo admitido por el propio ente de contralor”, dijo.
AUMENTO PATRIMONIAL
“Antes que nada debo aclarar que durante 20 años ejercí mi profesión de abogado y cimenté un prestigio en el foro local. También cimenté mi situación patrimonial. Como también que poseo boletos de Marca y Señal de ganado desde hace 30 años. Y somos hijos de ganaderos y seguimos con ese rubro y hace 20 años que me adjudicaron un campo (del cual recién ahora me titularizaron) y pagué dicho campo hace 15 años (están las constancias), cuando no era funcionario”, aclaró.
“Como asimismo construí mi propia casa, mi estudio jurídico y demás inversiones. Soy intendente desde 2011 con un sueldo de casi 100.000 pesos por mes. En 7 años adquirí dos terrenos en preventa en Colonia Benítez, una chacra de 30 hectáreas e integré por espacio de 8 cuotas un desafortunado fideicomiso para adquirir un departamento que nunca se construyó y deje de pagar”, comentó.
“Sumo a ello mi auto (modelo 2014), que suplantó a los autos que siempre tuve previamente, y un auto de mi esposa modelo 2014. Todo esto que digo lo demostraré en los estrados”, agregó.
“Solo debo decir que estoy preocupado y sorprendido, que por la simple sospecha, por indicios, por supuestos y por prejuicios del fiscal se provoque un daño a la sociedad de mi pueblo que me eligió como intendente. Que tan solo persiga el lograr, a toda costa, una detención mediante un inconsistente requerimiento aun cuestionando la Constitución artículo 195 (por algo la jueza le solicitó al fiscal que garantice la reserva de la investigación ya que voceros del fiscal adelantaban esta determinación suya que ya era un secreto a voces) que él está obligado a respetar, que está para evitar las arbitrariedades como las que pretende el fiscal y que con racionalidad destacable la señora jueza se lo hizo ver”, reflexionó.
“Todo lo que requirió la señora jueza se lo hemos alcanzado con ánimo de colaborar y lo seguiremos haciendo. No queremos entorpecer la investigación, de la cual el principal interesado soy yo, que se determinen las responsabilidades en la Justicia y que el Consejo Municipal haga lo que considere deba hacer. La labor del fiscal me parece que es buscar la verdad, ése debe ser el norte. No debe actuar por prejuicios, resentimientos o motivaciones ajenas al derecho”, finalizó