La investigación sobre los fondos de las campañas electorales de cambiemos
Buenos Aires, 31 (Télam) - Una vertiente clave se abre en la investigación sobre los aportantes truchos que aparecen en las rendiciones de fondos de las campañas de Cambiemos de 2015 y 2017, y apunta directamente a Mauricio Macri. El periodista Hugo Alconada Mon, del diario La Nación, ratificó ante el juez platense Ernesto Kreplak que cuando era candidato, el Presidente les pedía a los empresarios el 1% de su patrimonio para financiamiento electoral y les aclaraba que debía ser en negro .
Lo cuenta en su libro “La raíz de todos los males”, donde también detalla distintos métodos de recaudación y algunas de las empresas más entusiastas en el aporte, entre ellas varias contratistas del Estado, varias incluidas en la causa de las fotocopias de los cuadernos.
En el expediente que tramita en el juzgado federal de La Plata ya hay constancias de que un cuarto de los aportantes de campaña en 2017 declarados por Cambiemos son personas de bajos recursos cuya identidad fue utilizada para justificar donaciones de origen desconocido. Son 1147 beneficiarios de planes sociales y monotributistas sociales, sobre un total de 4721 aportantes.
Son 1147 beneficiarios de planes sociales y monotributistas sociales, sobre un total de 4721 aportantes
Otro hallazgo reciente reveló que en sólo dos días –4 y 5 de octubre del año pasado– hubo casi 200 depósitos por cajeros automáticos de dos sucursales del Banco Nación, una de ellas a metros de la Rosada, de dinero de la campaña bonaerense. También comenzaron citaciones por esos extraños movimientos.
La declaración testimonial de Alconada fue requerida por Noemí Viera, querellante en la causa que instruye Kreplak, cuya identidad fue utilizada para justificar aportes de campaña que ella nunca hizo. Viera vive en Villa Itatí, tiene cinco hijos y es beneficiaria de un plan social, por lo que supone que sus datos fueron tomados de esa base.
En el fuero federal porteño, por decisión del presidente de la Cámara Federal, Martín Irurzun, buena parte de la investigación por lavado que tramitaba allí fue derivada al juez electoral platense, Adolfo Ziulu. Casanello se quedó con una parte: investiga aportantes truchos en la Ciudad de Buenos Aires. Ziulu, hasta el momento, mostró intenciones de poner fin a la causa penal y quedarse con un expediente electoral.
“Quiero el 1 por ciento de tu patrimonio para financiar mi campaña. Vos sabés que si yo gano, normalizaremos el país y el 99% restante de tu patrimonio va a valer muchísimo más”, es la frase que Alconada Mon le atribuye al presidente Macri, en los tiempos en que “pasaba la gorra” y preparaba su campaña para llegar a la Rosada.
Información Pública: protesta de Poder Ciudadano
Buenos Aires, 31 (NA) - La ONG Poder Ciudadano, que vigila temas de transparencia y gobierno abierto, anunció que recurrirá a la Agencia de Acceso a la Información Pública luego de que la Presidencia se negara a entregarle información sobre el registro de acceso de personas a la Quinta de Olivos.
“Si nos dan la razón nos deberían entregar la información. Pero en caso contrario iremos a la Justicia. Es una acción que vamos a hacer solos porque tenemos experiencia en esto y lo queremos hacer. Es un ejercicio que hacemos seguido el de pedir información al Estado porque creemos que tiene que estar en manos de los ciudadanos”, señaló el director de Poder Ciudadano Pablo Secchi.
Sobre el motivo esgrimido por el Gobierno para negar la información, Secchi comentó que “se basan en artículos de la Ley de Acceso, que por temas de seguridad permitirían no entregar la información”, pero remarcó que “hicimos nuevamente este pedido hace un mes y ahora nos llegó la respuesta de que esta información no es pública, básicamente aduciendo temas de seguridad de la familia presidencial, a pesar de que nosotros habíamos aclarado que cualquier tipo de información sensible podía ser tachada o eliminada. No nos interesa en sí el ingreso de la esposa (Juliana Awada) o la hija del Presidente (Antonia Macri), sino otro tipo de ingresos y egresos, que tienen que ver con el ejercicio de la función pública. Queremos saber qué funcionarios, empresarios o lobbistas van a Olivos. Hay una doble vara, que impuso el propio Gobierno y que va a tener que saldar la Agencia de Acceso a la Información Pública o, en caso de negarnos, la Justicia”, se quejó Secchi.
