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Un experimento temerario

La clase dirigente brasileña, tras 15 años de convivencia con el “populismo”, y después de un fracasado interregno ajustador, se apresta a encargar la administración del país a un admirador de las dictaduras militares que promete “orden” y mano dura para ajustar la economía y la sociedad hasta el final.

Jair Bolsonaro, excapitán del ejército, es el candidato militarista a la presidencia. Promete resolver los problemas del país con violencia y autoritarismo.

El domingo pasado, las fuerzas que apoyan a Jair Bolsonaro organizaron numerosos actos por todo Brasil. El despliegue de un imponente aparato tecnológico permitió que el candidato ultraderechista, desde la comodidad de su residencia y por medio de un celular, apareciera en pantallas gigantes en todas esas manifestaciones, para exponer algunas líneas fundamentales de su programa inmediato.

Respaldado cada vez con mayor firmeza por la cadena nacional de radio y tv Record, de la evangélica Iglesia Universal del reino de Dios, Bolsonaro también amenazó en su discurso al diario Folha de Sao Paulo, al que prometió cerrar. Días antes, había advertido al conjunto de la prensa que les quitaría pauta publicitaria a los medios que fueran críticos con sus discursos.

Fernando Haddad, el delfín de Lula, intentó acortar distancias en la campaña de balotajeacercándose a las iglesias evangélicas y al ejército.

No era la primera vez que decía semejantes cosas, pero sí la primera que las reunía en un solo plan de actividades, explícito y enunciado ante una audiencia masiva, como virtual presidente. Aseguró que “Lula se pudriría en la cárcel”, como si él mismo fuera a extender de por vida la condena a 12 años de prisión que ya purga el expresidente.

Al respecto, vale complementar los dichos del candidato con la amenaza vertida por su hijo y diputado federal Eduardo Bolsonaro, quien consideró que, ante cualquier discrepancia, para clausurar el Supremo Tribunal Federal le bastaría con enviar “un soldado y un cabo”.

POLICÍA PARA MATAR

Ya probándose el traje de presidente, Jair Bolsonaro dijo que los militantes del PT “deberán elegir entre el exilio y la cárcel”, que barrerá “a los rojos y a las organizaciones sociales” del país, y que dispondrá “una retaguardia jurídica” para favorecer la represión policial. “Policía que no mata no es policía”, exclamó, para dejar más claro, por si hiciera falta, a qué apuntan sus planes.

 

Policía que no mata no es policía

 

Esta política, que otros gobiernos de la región dejan correr o promueven bajo cuerda, fue enunciada clara y explícitamente por el candidato en uno de los mayores actos de campaña electoral de su partido. Hay que insistir en que este proyecto de blitzkrieg autoritaria fue exhibido por alguien que el lunes bien podría ser el presidente electo de la mayor economía de América Latina, no desde el enfervorizado palco de un acto público, sino cómodamente apoltronado en el sofá de su casa.

Así las cosas, no hay buenos augurios para la democracia ni para la libertad en nuestros países, donde, en forma más o menos abierta, ya campean numerosos imitadores de Bolsonaro que esperan tomar su triunfo como un espaldarazo propio.

PLAN ECONÓMICO

Esquema de la historia de Brasil en el siglo XXI. Arrollador crecimiento del PBI de 2002 a 2011. A partir de ese año cayó abruptamente durante un lustro. La anémica recuperación de los últimos dos años no compensa ni el crecimiento vegetativo.

No acaba allí la cosa, porque ese horrendo programa político no es más que el contexto de un plan económico que aúna ferocidad y contradicción en cada uno de sus capítulos. Tantos, como las diversas facciones políticas, militares, empresariales y financieras que se lo disputan, sin declararse como tales ante el electorado.

La deuda pública, que ya supera el ciento por ciento del PBI, y un déficit del Tesoro de u$s 100.000 millones anuales, hacen que Brasil sea una de las “economías emergentes” más expuestas a los súbitos virajes de la crisis internacional en curso.

Una de las salidas favoritas para encarar esos dos grandes males son las meneadas, polémicas, y hasta ahora nunca concretadas privatizaciones. Si Eletrobras, Embraer o Petrobras pasaran a manos privadas, ello iría necesariamente en desmedro de la poderosa industria nacional, que quedaría sometida al capital internacional que aspira a venderles servicios a precios dolarizados.

No es distinto lo que pasaría con el Banco de Desarrollo: de ser una herramienta para el fomento de la infraestructura local y regional, su enajenación lo dejaría como un vendedor de dinero para el beneficio privado con un coto de caza exclusivo.

LAS JUBILACIONES

La caída del producto, la fuga de capitales y las devaluaciones llevaron el volumen de deuda pública por encima del PBI (Sólo deuda pública federal. Con la deuda privada y las deudas estaduales, el nivel se dispara).

Donde hay más coincidencias entre los múltiples grupos de presión que se encolumnan tras el candidato ultraderechista es en la privatización de los fondos de pensiones de los trabajadores estatales. Hay unanimidad para la elevación de la edad jubilatoria, por la acumulación gratuita de fondos que implicaría esa medida para las cajas, sean administradas por el gobierno o por grupos privados.

Sin embargo, entre los fieles evangélicos, en su mayoría de sectores populares, tal “reforma previsional” no despierta muchas adhesiones. Otro punto de discrepancia es sobre quiénes deberían ser los beneficiarios de la eventual reforma: banqueros, industriales, financistas o fondos especuladores tienen cada uno propuestas diferentes.

EL AMAZONAS

Otra cuestión crucial, esta vez de trascendencia internacional, es la del Amazonas, cuya explotación promueven sojeros, forestales y mineros, locales y foráneos. La deforestación es una amenaza para el clima planetario, por eso no extraña que uno de los caballitos de batalla de Bolsonaro haya sido la promesa el retirar a Brasil del Acuerdo de París, además de sus bravatas y denuestos contra “la mentira del cambio climático”.

La preocupación fue manifestada por el jefe de Medio Ambiente de la ONU, Erik Durkheim, quien advirtió que “El rechazo del Acuerdo de París es un rechazo de la ciencia y de los hechos. También es una falsa promesa, porque los políticos que presentan la acción climática como un costo para la sociedad lo han malinterpretado”. La esperanza de que varios acuerdos, compromisos u obligaciones firmadas por el gobierno federal, o por algunos Estados, detengan a Bolsonaro si se propone retirar a Brasil del Acuerdo de París, subestima el afán rupturista del actual marco normativo que impulsa al ultraderechista.

Ese afán rupturista, al menos en lo verbal, no se detiene ni siquiera ante la Constitución del país, a la que propuso reformar mediante una “comisión de notables” designada por él mismo. Pero aun si no destruyera formalmente el marco legal, podría sabotear en los hechos medidas fundamentales para reducir emisiones de carbono, dejar correr la deforestación y facilitar los desmontes para los agronegocios. Con sólo hacer más laxa la legislación sobre el uso de la tierra, los efectos en las emisiones nacionales de gases de efecto invernadero serían enormes.

PROCESOS

Bolsonaro sintetiza en su persona y en su fuerza política la confluencia de al menos tres grandes desarrollos. De menor a mayor, por orden de importancia, se debe citar el abrupto fin del proyecto nacionalista encabezado por Lula y el PT; la virtual quiebra de las finanzas brasileñas; y, por supuesto, la inagotable crisis internacional, que ya lleva 10 años y que cada día desarrolla nuevos y estremecedores capítulos, especialmente en el plano político.

El proyecto de desarrollo internacional de la burguesía nacional brasileña encarnado por el PT conoció momentos de gloria allá por el 2010, cuando en sociedad con los gobiernos de Rusia, India, China y Sudáfrica emergían como un nuevo polo de poder en el orden económico y político global. La ilusión no se tradujo sin embargo en proyecciones concretas dignas de mención.

Cuando los ramalazos de la crisis financiera internacional comenzaron a extenderse al ámbito político, la dispersión eclipsó todos los planes.

LOS COMIENZOS

Lula había iniciado su gestión presidencial antes de ser electo, firmando junto con su antecesor Fernando Henrique Cardoso el plan de asistencia financiera que este había acordado con el FMI. A continuación, ya en la presidencia, nombró a Henrique Meirelles, hombre de la corporación Bank- Boston y del Lloyd´s of London, como presidente del Banco Central do Brasil.

Entre 2002 y 2012 aproximadamente, el alto precio de commodities como petróleo y soja permitió que el pago de los servicios de deuda, las inversiones en infraestructura y los planes sociales convivieran más o menos armónicamente en el presupuesto público. Aunque es cierto que para obtener esa ley, como todas que necesitaba el gobierno de Lula, el ejecutivo lubricaba a las principales bancadas del Congreso con sobornos sistemáticos.

El escándalo “mensalao” (“gran mensualidad”), cuando se hizo público, llevó al primer alto dirigente del PT a la cárcel: el secretario general de la Presidencia, José Dirceu. También privó al partido de sus históricas banderas de lucha contra la corrupción.

EL DESARROLLO

“Votemos al capitán en nombre del Señor…” –“¿Qué negocio es ése de pedir el voto para el capitán en mi nombre?”. El caricaturista Carlos Latuff ilustró así el enorme apoyo que Bolsonaro recibe de las iglesias evangélicas.

El asunto no llegó a tocar a Lula, principalmente porque seguía siendo un magnífico promotor de los negocios de las grandes empresas brasileñas, dentro y fuera de Brasil. Internamente, con el aceitado mecanismo de los contratos de Petrobras para todo tipo de obras, y en lo externo haciendo valer las buenas relaciones del presidente con gran parte de los gobiernos latinoamericanos, presentando a las grandes constructoras brasileñas que luego hacían “aportes” a funcionarios públicos e incluso a candidatos políticos en cada país a cambio de obras presentes y futuras.

Cuando el habitual ciclo de las commodities se invirtió y desaparecieron los altos precios, con el consiguiente impacto negativo en todos los PBI latinoamericanos y también en Brasil, aquella armónica convivencia entre deuda pública, inversión estatal interna y gasto social, se acabó.

Así encontramos las históricas protestas de 2013 en Río y Sao Paulo contra los tarifazos en el transporte público, las de 2014 en contra del gasto en estadios para el Mundial, y las de 2016 y 2017, esta vez directamente contra la presidencia de Dilma Rousseff, heredera de Lula.

EL FACTOR JUSTICIA

Al mismo tiempo que la clase dirigente brasileña comenzaba a plantearse la necesidad de cambiar el personal político para revitalizar los negocios ajustando a la población, la Justicia comenzaba a “descubrir”, uno tras otro, los sempiternos mecanismos de corrupción del conjunto de la política brasileña, pero apuntando preferentemente a quienes habían gobernado los últimos lustros.

Brasil fue en estos años pionero en Latinoamérica en el empleo del Poder Judicial para precipitar la resolución de asuntos que no se definían a través del sistema político. Así se consiguió el plafond necesario para destituir a la presidenta Rousseff por un asunto de formas administrativas, y habilitar al vicepresidente Temer para lanzar a fondo el programa de ajustes profundos que se venía demorando al menos desde 2014.

TEMER… EL EJÉRCITO

El fracaso casi total de Temer llevó a profundizar las intervenciones judiciales, inhabilitando candidatos políticos y liberando empresarios arrepentidos, pero subiendo la apuesta al jugar la carta militarista. Brasil es también pionero en el reingreso del factor militar, con la intervención de Río de Janeiro y con el inédito pronunciamiento del jefe del Ejército reclamando el envío a prisión del candidato político favorito, para favorecer al aspirante militar.

Tras el aplastante triunfo de Bolsonaro en primera vuelta hubo una pretensión de configurar un frente democrático “antifascista” entre el PT y los demás partidos tradicionales, para quienes la derrota fue aún más dura que para los de Lula.

Pero la idea se quedó en intención. Así, la clase dirigente brasileña, con más tropiezos que éxitos hasta el momento, abre camino a un nuevo (y peligrosísimo) experimento político: se dispone a inaugurar una etapa de autoritarismo militarista con el que espera disciplinar a las mayorías y reiniciar su ciclo de negocios.