Reserva Grande: pese al consenso con las tres etnias, buscan bloquear títulos criollos

El presidente del Instituto de Colonización de la provincia, Walter Ferreyra dio su opinión sobre un fallo judicial que ordenó suspender la titularización de tierras indígenas a pobladores criollos en el marco del operativo de la Reserva Grande. El mismo contempla la entrega de 300 mil hectáreas a pueblos originarios y 65 mil a pobladores criollos ubicados en esa región. El demandante es el actual titular del Instituto del Aborigen Chaqueño (Idach) Orlando Charole, mientras que fue su propia hermana, la actual diputada provincial Andrea Charole, la que participó activamente del proceso de consultas que derivó en la titularización de los territorios a aborígenes. 

"Estamos tranquilos por la transparencia del proceso, que se hizo de acuerdo a la ley. Pero genera una gran incertidumbre. Estuve en comunicación con los pobladores criollos de la zona, que se están movilizando, porque esto no era lo que se había establecido en las consultas públicas y lo que habíamos comprometido como Estado provincial y no sólo como gobierno", subrayó en declaraciones a radio Universidad.

Ferreyra recordó que la justicia hizo lugar a una medida cautelar presentada por Orlando Charole “en calidad de ciudadano; y explicó que la medida judicial posterga la entrega de los títulos de propiedad a las familias criollas a las que corresponden 68.000 hectáreas de la Reserva Grande, al margen de las 300.000 hectáreas que están en propiedad de aborígenes (100.000 para cada una de las etnias).

El funcionario resaltó que, en su momento, la justicia deberá resolver sobre la situación del Idach: "Si como organismo público ratifica todo lo actuado anteriormente, y Charole es el presidente, eso colisiona con su interés particular. No puede estar de los dos lados, no puede estar acusando y defendiendo", graficó.

Para la justicia, debería estudiarse la presentación de Charole, ya que la titularización podría violar el artículo 169 de la OIT que establece la indivisibilidad de las tierras indígenas. La salvedad que hace ese artículo es que exista un proceso transparente de consulta a los pueblos y ellos lo consientan. "Hubo 16 audiencias públicas donde se consultó a todas las etnias a lo largo y ancho de la provincia, y ellos consideraron apropiado dejar a esos pobladores criollos que llevan más de 100 años habitando el territorio", comentó y acotó: "Por eso nos duele tanto, porque en esas audiencias se puso de manifiesto la tolerancia, la aceptación, la convivencia, la grandeza espiritual de los pueblos originarios y de las familias criollas para vivir en comunión. Ahora, porque para una persona no es de su agrado este acuerdo entre estas comunidades, pone en vilo la situación".

La Mowitob

El funcionario recordó que, en principio, las 300 mil hectáreas iban a entregarse en propiedad a una organización llamada Mowitob. "Todo se generó porque fueron las mismas organizaciones indígenas, particularmente los wichí, quienes se presentaron en el Juzgado Nº 5 de Resistencia, y dijeron que no estaban de acuerdo con ese proceso, que querían sus 100 mil hectáreas. Luego hicieron lo mismo los mocovíes y los qom. Es decir, no querían 300 mil hectáreas en bloque sino 100 mil hectáreas para cada etnia, y que se considere la situación de los criollos", repasó y ratificó que el Estado buscó cumplir con la voluntad de los pueblos".

El titular de Colonización mencionó como una buena experiencia el caso de entrega de tierras en el Interfluvio Teuco-Bermejito. "Tras haber pasado más de 20 años, el territorio indígena no fue desocupado totalmente y hay varias causas judiciales en Castelli sobre el desalojo de familias criollas que están dentro de las 150 mil hectáreas de propiedad indígena. No se quiso repetir esa experiencia", indicó.

Mantener la convivencia

Si bien son varias las causas presentadas, Ferreyra consideró que esos reclamos y en particular el de Charole "no está acompañado por mucha gente". "Recibí llamadas de representantes de los pueblos wichí y mocoví, quienes querían dar a conocer que esto interfiere en las buenas relaciones de criollos y comunidades indígenas. No quieren una ruptura sino que la convivencia se mantenga. Si bien ellos recibieron los títulos, esperan que también los criollos reciban la parte que les corresponde", resaltó.

El funcionario confió en que "cuando la justicia revise todo el proceso, encontrará que fue conforme a derecho y que se respetaron todos los pasos que debían darse". "Esto demora y genera zozobra. Los intendentes de Fuerte Esperanza, El Sauzalito, Nueva Pompeya, saben que las familias criollas están en un alerta permanente porque está cuestionada la entrega de sus títulos", alertó.

Dijo a la vez que lo más preocupante es "la lectura que se haga de la situación". "La provincia ha tenido la voluntad política de reconocer los derechos ancestrales de los pueblos y ha otorgado tierras en cantidad suficiente como para que las comunidades puedan desarrollarse. Entonces este caso muestra una imagen que no es correcta", planteó.

Por último, pidió "cordura a la hora de hacer los reclamos y buscar el bien general". "Que una persona sólo por su presentación ponga en vilo la estabilidad social no nos parece correcto porque hacemos un gran esfuerzo desde el Estado para llevar la mayor seguridad jurídica", concluyó.

Miraflores: se hará la audiencia de los tres poderes en defensa de la seguridad jurídica

Walter Ferreyra confirmó que Miraflores será sede, la semana próxima, de la audiencia de los tres poderes del Estado en defensa de la seguridad jurídica y de la paz social. "Será la primera vez y estarán todos los poderes representados. Vamos a mostrar la voluntad de ir a fondo y de restituir derechos si fueron conculcados", subrayó.