Transporte público: las medidas del Defensor del Pueblo son combatir el problema con nafta súper
Los empresarios advierten que las diferencias de tarifas las deberá poner el Estado, a modo de compensación, sino la gente no podrá tener un buen servicio.
“Esta judicialización del tema transporte es combatir el fuego con nafta súper, nosotros en su momento tuvimos la oportunidad de expresarnos sobre las intervenciones judiciales del Defensor del Pueblo que siempre marcaron un retroceso absoluto en el sistema de transporte”. La frase corresponde a Gustavo Larrea, secretario de FATAP y asesor de CETACH, quien advirtió que siempre en estas cuestiones lo termina pagando el usuario.

En dialogo con el programa “Blanco sobre Negro”, de Radio Provincia del Chaco, Larrea indicó que “es imposible que en el medio de una crisis volvamos a una tarifa anterior, eso no cabe en ningún raciocinio a pesar que podamos discutir metodologías formales, acá nuevamente tenemos una medida que ataca a las condiciones formales de cómo se implementó una audiencia pública, no se está discutiendo la veracidad de la cuestiones de costos y las tarifas a aplicar, hay una clara falta de razonabilidad en una medida que nadie puede discutir que no tiene razón de ser en el medio de una crisis como la que estamos viviendo”.
“Venimos con tarifas atrasadas –sostuvo- con datos del año 2017, ya no hace falta hablar de todo lo que paso este año, es de público conocimiento, teníamos un dólar a 17 y ahora a 40, con una inflación en igual nivel, acá hay que aplicar un poquito de sentido común, como se piensa continuar con un sistema de transporte, ni hablar de las condiciones de las empresas, de condiciones de renovación de unidades, de la posible rentabilidad de los empresarios, es un servicio esencial, igual que la recolección de basura, como los otros servicios a cargo del Estado”.
Para Larrea queda en evidencia la necesidad que como se piensa seguir con la prestación del servicio de transporte en el Chaco. “Creo que el defensor y el juez hubiesen encontrado alguna medida accesoria como para que si existiese alguna duda poder convocar a las partes, buscar razonablemente una salida a esta situación, pero no, tirar nafta al fuego, lamentablemente y como decimos, lo terminan pagando los usuarios” aclaró.
Aclaró que lo terminan pagando de manera directa o indirecta, es decir, cada vez que suben a un colectivo que no está renovando o cada vez que las empresas restringen el servicio porque no tienen para el gasoil, o de manera accesoria cuando el Estado sale a cubrir esta situación con las compensaciones.
Finalmente, Gustavo Larrea indicó “el planteo del defensor del Pueblo apunta a las cuestiones formales, pero el que termina siendo responsable de la tarifa y de la metodología que uso en la forma que se hizo la audiencia pública es el Estado”.
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