El modelo que ya funciona en Rosario

Por Lucía Aíta

En Rosario el Estado acompaña la salud reproductiva de las mujeres y desde 2012 logró disminuir a cero el número de muertes maternas por aborto.

¿Qué dicen los protocolos y desde cuándo rigen? En 2005, a nivel nacional se lanzó una guía para el mejoramiento de la atención en el post aborto, a la que la ciudad adhiere. 

En 2007, el Ministerio de Salud de la Nación emitió el primer protocolo sobre atención de abortos no punibles. Rosario, ese mismo año, sancionó el protocolo de atención integral para las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo, que dice: “Las prácticas médicas comprendidas deberán realizarse garantizando que la persona no sea discriminada y reciba una atención humanizada, rápida, efectiva y con asesoramiento en base a información veraz, adecuada y completa respetando la intimidad y autonomía; garantizando la provisión de insumos anticonceptivos; como así también los establecimientos de salud deberán poner a disposición asistencia psicológica antes y después de la intervención”.

En 2012, el fallo F.A.L (que determinó la impunibilidad en casos de violación), Rosario desplegó nuevas normativas para los equipos de salud y se actualizaron ordenanzas en 2015 y 2017. Y este año es la primera y única ciudad argentina que está a punto de fabricar misoprostol en un laboratorio provincial.  Eso bajaría los costos de la salud pública por abortos un 40%.

Día a día

Los médicos relataron que en los 80 centros de salud una mujer puede acceder a la tecnología necesaria y segura (según la Organización Mundial de la Salud, la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia y la Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología) para interrumpir su embarazo. En esos servicios de salud pública es acompañada por un profesional o consejeras (especializadas en psicología, trabajo social y ginecología) para decidir qué hacer con su embarazo.

Los directivos de salud aseguran que el 70% de las intervenciones son ambulatorias y que si requiere una internación los hospitales también están preparados: los profesionales están en constante diálogo con los centros de salud, que son quienes dictan la intervención. Así, el número de abortos es menor que en las épocas oscuras, sin protocolos ni tecnología, en las que contaban 650 internaciones por complicaciones al año.

“Este hospital atiende un promedio de 60 consultas el mes por prácticas abortivas y sólo 10 por mes son internaciones”, asegura Matías Vidal, director del Hospital Roque Sáenz Peña. “El resto es ambulatorio. Las consultorías que reciben a la mujer que quiere abortar realizan un diagnóstico integral y controlan desde cuándo se hizo la última mamografía, hasta qué método anticonceptivo falló”.

Al poder hacer un seguimiento ambulatorio las mujeres sólo son internadas por complicaciones, y esas internaciones se reducen drásticamente. Menos pacientes en internación, menor costo para los hospitales.

El secretario de Salud de la segunda ciudad del país Leonardo Caruana cuenta que para alcanzar esa meta se tendió una red de 1.100 trabajadores con presencia en el territorio, y 80 centros de salud equipados para implementar el protocolo para ILE.

Prevenir, evitar, acompañar

Frente a los mitos, Vidal relata en qué consiste la intervención desde que la mujer ingresa a su hospital. Lo hace con la serenidad de quien sabe de lo que habla: “Se da la medicación y se controla ambulatoriamente. 

Cuando no reúnen los requisitos porque es un caso más complejo y lo reciben las chicas de la consejería, se entrevista a la mujer para ver cómo se puede acompañar el caso. En el equipo están los médicos, alguien de salud mental y un trabajador social. Se arma la intervención. Si no funcionó la medicación, por ejemplo, se vuelve a practicar. Y si es necesario un AMEU, que es la aspiración, se hace en un quirófano equipado para eso. La mujer llega, se interna, se hace el AMEU y a las dos horas se va a su casa. Todo eso está regulado, se firman los consentimientos”.

En cuanto al funcionamiento de las consejerías, hay mujeres que no quieren abortar, porque en realidad el quiere es su pareja. En esos casos se acompaña a la mujer para que pueda continuar con el embarazo si quiere hacerlo.

Así Rosario desarma otra clave que salva vidas y desactiva violencias sobre los cuerpos de las mujeres: un programa de salud sexual y reproductiva bien aplicado también impide abortos no deseados, impuestos por terceros.

En esta misma línea, también cuentan con un programa para embarazo adolescente que está acompañando a 300 jóvenes para que puedan continuar con su embarazo.

Menos abortos, más salud

Daniel Teppaz es el director del Área de Salud Sexual. Dice: “Cuando luchamos por el aborto legal también luchamos por una maternidad bien vivida y por un sistema de salud que reconozca derechos. Aceptar el aborto dentro del sistema de salud nos obligó a trabajar en territorio, en cercanía con las mujeres. Rompió distancia entre sistema de salud y pacientes. Pasamos de un sistema de salud que no podía comprar anticonceptivos a este que rompe con las barreras de acceso a la salud. Nos llevó 30 años”. Teppaz agrega que los logros en materia de salud sexual y reproductiva de la ciudad no incluyen sólo cómo las mujeres pueden acceder a un aborto seguro, sino también la inauguración de maternidades, de consejerías de asistencia psicológica y de espacios de parto respetado. “Pensar la salud en clave de derechos exige mucho más que tratar bien a las mujeres que deciden abortar. Se necesitan políticas públicas que acompañen”.

Teppaz señala que es fundamental que esto también esté acompañado a partir de la formación de los médicos: desde 2017 está en funcionamiento en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario la primera cátedra sobre el aborto en una universidad nacional, a aula llena y hasta con lista de espera. “Estamos acostumbrados a un modelo médico que elige el método anticonceptivo dominante de nuestra cultura. Discutir qué método es adecuado en cada situación y con cada una de las parejas también es un encuentro importante a ofrecer”.

Con ciencia

En Rosario cuentan que, al interpretar el protocolo, la definición de las causales es una pesada carga que expone a los médicos a miedos de demandas o juzgamientos por haber elegido erróneamente los motivos que hacen que un aborto sea legal: “Esto lleva a que se quiera eludir la responsabilidad de tomar casos de interrupción legal del embarazo, escudándose detrás de falsas objeciones de conciencia, como lo ha demostrado nuestro trabajo en la realización de un registro público de objetores”, dice el director de Salud Sexual. En el 2010 Santa Fe creó el Registro Público de Objetores de Conciencia bajo la Resolución 843 en base a la Ley 11.888, que arrojó un dato contundente: de casi 400 profesionales, el 61% no pudo argumentar debidamente razones profundas que justifiquen objetar y no acompañar a las mujeres en la interrupción de su embarazo.

Lo que deja en evidencia Rosario no es sólo que es posible -y más económico- contar con un sistema atención integral para las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo, sino que refleja el oscuro vacío del resto del país, sin los protocolos ni las tecnologías adecuadas para atender a las mujeres en estos casos.

Publicado en revista Mu, de cooperativa La Vaca.