Fallo a favor por la nulidad de la audiencia pública por el transporte

Desde la implementación de las audiencias públicas para legitimar el incremento de las tarifas de servicios públicos, la del transporte siempre fue la más cuestionada. De un lado, los gobiernos provinciales y municipales convocan a las consultas, exponen los costos que señalan que se precisa una actualización, los concesionarios que indican que el mínimo retraso de un actividad subsidiada en gran parte genera un desequilibrio al sistema y completan el escenario los choferes que son inflexibles si no cobran su haber en los plazos estipulados.

Lo cierto, es que como ocurriera en febrero, la Defensoría del Pueblo cuestionó la que fue la última audiencia efectuada el 24 de agosto y presentó una medida cautelar de no innovar ante el Juzgado Civil y Comercial Nº 21, que se conoció ayer falló a favor del órgano constitucional y con ello consideró nulo el acto que habilitaba a incrementar las tarifas actuales de 10,52 y 11,50, según si el micro solo recorre Resistencia o es interurbano, hasta un máximo de 15,96. "La audiencia se realizó de forma arbitraria, lo cual denunciamos desde el comienzo", expresó el defensor del Pueblo, Gustavo Corregido, y agregó: “Esto no sería necesario si las autoridades cumplieran con la ley de audiencias públicas”. "Como ya lo hemos planteado, consideramos que si los usuarios deben enfrentar un nuevo aumento, el mismo debe ser el resultado de una audiencia con plena información y permitir la participación y el control por parte de los usuarios del transporte de pasajeros", consideró el ombudsman.

Entre los cuestionamientos, se señalan que a diferencia de lo que ocurriera en febrero, el cálculo que se toma como “empresa tipo”, tiene un número mayor para la consulta de agosto y que siendo más coches, el recorrido es inferior a lo que se presentó en el segundo mes del año. Que el cálculo se hizo por empresas y no por líneas de transporte, como estipula el ministerio nacional, y que incide en el valor final a lo que agrega que no cuentan con valuaciones de los bienes de las firmas y los pliegos de concesión.

Otro punto que no pasó por alto la Defensoría fue de la información de las líneas que solo recorren la capital provincial, ya que entienden que el Municipio capitalino debería contar también con un estudio de costos propios y no solamente adherir al provincial.

Corregido también indicó que “estos problemas se generan por la falta de una metodología atada a una ley y fundamentalmente por la obstinación de los funcionarios de turno de no dar la información respaldatoria”. "Es necesaria una metodología del estudio de costos regida por ley para terminar con las arbitrariedades, lo que también incentivará la participación ciudadana y hará más democrático el sistema", concluyó Corregido.