Fundamentaron la apelación de los procesamientos de la causa PIMP

Varios abogados se presentaron ayer ante la Cámara Federal de Apelaciones para fundamentar los recursos de apelación que presentaron contra los procesamientos que dictó, en mayo, la jueza federal Zunilda Niremperger en la causa PIMP conocida como Lavado II o Megacausa II.

De igual manera esta instancia es un paso previo antes de llegar a la Cámara Federal de Casación Penal, donde se terminaría resolviendo la situación de los imputados, entre ellos la diputada nacional Aída Ayala, que tiene un pedido de desafuero, que aún no avanzó.

Posición de abogados

Fuentes consultadas indicaron que Ricardo Gil Lavedra y Olga Mongelos, abogados de Ayala, expresaron agravios contra auto procesamiento a primera hora.

En tanto, el representante legal del Sindicato de Trabajadores Municipales (STM), Alfredo Bembunan, destacó que el secretario general de este organismo, Jacinto Sampayo, “podría llegar a quedar libre en cinco días hábiles”.

Y Bembunan cuestionó parte de la prueba que existe contra su defendido. Más concretamente ratificó que la Unidad de Información de Financiera (UIF) confundió números de cuentas con números DNI y aportó datos que son incorrectos.

Fuentes allegadas al sindicato confirmaron que hay expectativa de lograr revertir el proceso contra Sampayo, que permanece de momento detenido en su casa gracias al beneficio de prisión domiciliaria.

Desde la acusación respondieron en su momento que “si bien es correcto que UIF proporcionó información errónea nunca se sostuvo que el lavado de activos se realizó usando al sindicato sino mediante empresas”.

Por su parte, Adrián Maximiliano Gaitán y Mario Hipólito Argarate, defensores de Rolando Acuña, mencionaron que “esperan que la Cámara de Apelaciones actué con objetividad respecto a los elementos de prueba que hay en la causa”.

Además indicaron que quieren que se analicen los planteos que hicieron pretendiendo la nulidad de proceso por afectación al principio de congruencia procesal que afecta también el derecho de defensa. 

Y pidieron que se mantenga la libertad de su defendido porque consideran que no se dan los presupuestos para dictar la prisión preventiva. “No existen los elementos para dictarla por lo que consideramos que se revocará el pedido realizado por la jueza”, afirmaron.

Otro de los defensores que asistió ayer es Sebastián Quintana, que representa los intereses de Carlos Huidobro, el primero de los presos de estas causas por lavado de activos que fue trasladado a la U7, donde permanece alojado.

José Ballesta el defensor de Pedro Martínez, el empresario de la construcción procesado con prisión preventiva y alojado en Bomberos, presentó el escrito para revertir la medida dicatda por de la jueza. Él representa a su vez a Natalia Martínez y Diego Martínez.

Al ser consultado indicó que “trasladar a su defendido a otro establecimiento implicaría un agravamiento de los problemas de salud que padece el empresario”.