Ministerio Público de la Defensa por situación en cárceles recurrió a la OEA

La CIDH dependiente de la Organización de los Estados Americanos (OEA)- deberá dar respuesta al planteo formulado por la Defensoría General del Poder Judicial del Chaco, que apenas días después de la libertad de un oficial, tres suboficiales y dos agentes, dieron a conocer la denuncia ante el organismo.  

La situación carcelaria fue expuesta días atrás, durante la denuncia del interno Diego Armando Ibáñez, condenado por homicidio agravado que estuvo hasta el jueves 23 de agosto alojado en la alcaidía de Villa Barberán, pero por su denuncia el viernes fue trasladado al Centro Detención Transitorio de Barranqueras.

El fiscal de Derechos Humanos Daniel Turraca ordenó el sábado 25 las detenciones de los uniformados por presunta tortura. Luego el miércoles 29, la jueza de Garantías María de las Mercedes Pereyra, dio lugar al planteo de oposición de las defensoras Silvana Sánchez Navarro y Vanesa Cantero, ordenó la libertad de los seis.

Por lo que finalmente la fiscalía no apelará esa medida y agilizará la colección de pruebas y testimonios para llegar a juicio lo antes posible.

Así es que la defensora general adjunta Gisela Gauna Wirz, refiere al sistema carcelario consistente en ocho establecimientos y una población estimada en 1400 internos.

Los acontecimientos descriptos más arriba aceleraron el documento que tendrá la CIDH que evaluar en su sede de Washington, mientras el habeas corpus para los pabellones 9 y 31- fue favorable ante el Superior Tribunal de Justicia.

Gauna Wirz sostiene que el ataque al interno el 23 de agosto no corresponde a un “un episodio aislado” y asegura que esas acciones del personal penitenciario “recrudecieron luego del dictado de las sentencia de hábeas corpus del Superior Tribunal de Justicia”.

MIEDO A REPRESALIAS

La defensora general adjunta en su denuncia ante la CIDH, alerta que lo ocurrido  se debió “a represalias contra ellos y que sentían temor de declarar en la causa judicial, ya que entendían corría riesgo su vida e integridad física”.

Otro de los puntos que menciona la funcionaria judicial son las declaraciones del subsecretario de Asuntos Penitenciarios Néstor Florentín, quien el funcionario informó que el denunciante estaba bajo tratamiento psiquiátrico y que de acuerdo a los informes del médico de la alcaidía y luego del hospital Julio C. Perrando, no se había constatado lesiones compatibles con abuso sexual. Además que el interno, exigiendo el traslado a otra unidad, amenazó con ahorcarse.

Según Gauna Wirz- “personal del SPP recorrió los pabellones solicitando a los internos que suscriban notas”- dijo sobre cartas que detenidos de varios pabellones hicieron llegar a las autoridades de la alcaidía porque supuestamente no querían al interno conviviendo con ellos.

“Queda claro que el propio gobierno se está ocupando de la protección de los penitenciarios y realiza una campaña de desprestigio hacia la víctima y una defensa corporativa de sus agentes”. Y agrega: “Esta situación genera como consecuencia un creciente temor e inseguridad en el resto de los internos, a quienes se les transmite explícitamente el mensaje que si denuncian los abusos que padecen, no se les va a creer”.

Detalla que en la alcaidía de la capital chaqueña, emplazada en Villa Barberán, hay 530 detenidos, cuando las plazas reales son para 270.Así avanzó en el colapso y las condiciones infrahumanas que tiene la unidad y que solamente se amplió con un pabellón destinado a los imputados y condenados por narcomenudeo.

Gauna Wirz remarca que el fuero narcomenudeo “sobrecarga el sistema punitivo policial y judicial provincial como también a la sobrepoblación de los establecimientos penitenciarios provinciales, los cuales de antemano estaban colapsados de los condenados por delitos ordinarios”.