Presentación judicial para frenar la suba del boleto

En la última audiencia pública para legalizar la suba de la tarifa del transporte público, varios fueron los oradores que habían solicitado la nulidad de ese ámbito de exposiciones necesario para instrumentar al entender que no se cumplían los requisitos mínimos en lo que hace a acceso a la información y documentación que acredite los variables básicas como insumos y equipamiento.

Quien había adelantado que promovería una medida judicial para pedir otra audiencia pública había sido la Defensoría del Pueblo, que el viernes mediante el ombudsman, Gustavo Corregido, presentó una acción de amparo y una medida cautelar de no innovar en el Juzgado Civil y Comercial Nº 23 y con ello frenar un nuevo aumento al pasaje de colectivos, la que se promueve tanto para la Subsecretaría de Transporte como para el Municipio de Resistencia.

Entre los cuestionamientos están que en la información presentada no existían datos de empresas de Resistencia, que esa audiencia no alcanzaba para habilitar un incremento como también ponía en tela de juicio que en esa ocasión no se presentaba el formulario de la AFIP que determina aportes a la seguridad social de los choferes, lo que establecerá la cantidad y antigüedad de colectiveros, fundamental cuando se dice que el salarial representa el 60 por ciento del costo de la tarifa.

La presentación es similar a la efectuada en febrero, cuando la tarifa del pasaje pasó de 8,50 hasta los actuales 11,50, ocasión en la que se dio el mismo escenario planteado hoy.

El Municipio de Resistencia no realizó una audiencia, adhirió a lo que efectuó la Provincia y modificó la tarifa, nada más que lo realizó a un valor más bajo, que hoy está en 10,72 pesos.

Ahora, la intención de la Provincia y la Comuna capitalina es fijar el pasaje plano en 15,96 pesos, un incremento que si bien está pensado que se efectúe de forma gradual los vaivenes de la economía no permiten hoy determinar cómo se aplicará.

En este contexto Corregido expresó que “encontramos suficientes motivos para pedir la nulidad de la audiencia pública; las fallas administrativas son recurrentes y reiteradas, y las audiencias no inspiran confianza a los usuarios”.

“Necesitamos una metodología de costos determinada por ley, para facilitar la participación de los usuarios y hacer más democrática la audiencia pública”, cerró.