La morosidad no se detiene

Según datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), la morosidad de los usuarios de tarjetas de crédito alcanzó en junio pasado el nivel más alto de los últimos ocho años y, lo que es más preocupante aún, la fuerte devaluación que aplicó el gobierno nacional sumado a la recesión y el impacto que tiene la inflación en los bolsillos de los trabajadores con ingresos fijos indican que la situación va a empeorar en los próximos meses para los deudores morosos.

Para algunos economistas, la inflación es el mecanismo con el que, históricamente, el país procesó los conflictos distributivos. Si es así, queda cada vez más claro quiénes son los grandes perdedores del modelo económico que se viene aplicando desde el año 2015. Si se analizan con detenimiento los datos que arroja el BCRA sobre el atraso en el pago de las tarjetas de crédito (y también de préstamos) se llega a la conclusión de que cada vez más familias ingresan a la zona que podría denominarse como “morosidad grave”, a la vez, muchos consumidores que quieren cumplir con sus obligaciones piden préstamos para cancelar las compras realizadas con los plásticos, pero de esa manera saltan de la sartén al fuego porque los intereses de los préstamos personales hoy son tan altos que, a la mayoría, la deuda que acumula va tomando la forma de una bola de nieve que no para de crecer.

Según el BCRA, casi el cuatro por ciento de los créditos de consumo familiar tiene un atraso de, al menos, 90 días. En un país con una política económica que esté orientada a defender los intereses de los ciudadanos, este dato tendría que generar algún tipo de medida a favor de la gente de a pie que viene sufriendo el pago de altas tasas de interés. En los últimos años, sin embargo, la aplicación de políticas económicas neoliberales no hizo otra cosa que consumar una fuerte transferencia de ingresos que beneficia a los sectores más poderosos del país. La liberación del tipo de cambio, la quita de retenciones, la fuerte suba de la tasa de interés y el drástico ajuste en las tarifas colocó contra las cuerdas a muchas familias que se endeudaron con préstamos y tarjetas de crédito, sin prestar mucha atención lo que advertía la letra chica respecto a las tasas de interés y el llamado costo financiero total, también conocido por las siglas CFT, que es lo que en realidad cuesta comprar en cuotas.

En los últimos meses aumentó también el número de argentinos que piden préstamos para poder llegar a fin de mes porque sus salarios fueron superados, por lejos, por la inflación. Como una epidemia silenciosa, el deterioro de los ingresos y el endeudamiento de amplios sectores de la población se van extendiendo por todo el país.

El premio Nobel de Economía, el estadounidense Joseph Stiglitz, dijo alguna vez que “algunos países tienen inflación alta, por altos precios de la energía o materias primas, eso es inflación importada; otros países tienen que lidiar con la inflación por sus propias políticas, por lo que se necesita un diagnóstico detallado preciso, y a veces no es tan fácil determinarlo”. A fines del año pasado, el gobierno nacional tuvo que admitir el fracaso de su política antiinflacionaria y se vio obligado a cambiar las metas previstas.

Mucho antes, cuando todavía no era presidente y estaba en plena campaña para llegar a la Casa Rosada, el entonces candidato Mauricio Macri aseguró en una gira proselitista que realizó a la ciudad de Bahía Blanca que en su mandato la inflación no sería un problema. Pero eso no es todo, dijo además que bajar la inflación era una cosa fácil y que una administración que no podía hacerlo demostraba su incapacidad para gobernar.

Se puede afirmar, en un intento por ser indulgentes con la actual administración nacional, que todos los gobiernos cometen equivocaciones, pero el problema es cuando esos “errores” se repiten y terminan, llamativamente, perjudicando siempre a los sectores más vulnerables de la sociedad.