Mezclado con la corrupción y el sainete de Bermejito, el Chaco ya afronta un ajuste que no cederá

Alguien que establecía la magnitud del impacto de la suspensión del Fondo Federal Solidario decía que ahora los 69 intendentes de toda la provincia entenderán que el ajuste llegó para quedarse.

Como ya se debate la tesorería provincial ante sus limitaciones, ametrallada por demandas sectoriales que no cesan y rehén de una dependencia del centralismo que obligó a definiciones muy claras en estos días: el gobernador Peppo viajó para abordar al ministro del Interior y su equipo en busca de paliativos que preserven las obras que el fondo sojero posibilitaba en todo el ámbito territorial y el vicegobernador Capitanich consumaba dos presencias casi ignoradas por la prensa porteña: estuvo en la reunión recuperadora del Consejo Nacional Justicialista, tras la intervención de Barrionuevo inventada y cancelada por la veterana jueza electoral María Servini de Cubría, donde el repudio contra la decisión de Macri fue unánime y el día siguiente en un foro de gobernadores, con legisladores y la CGT, que no fue vaciado según interpretaciones capciosas, se decidió recurrir al Congreso para trabar ese ajuste que ya llevó ante la justicia al intendente de Resistencia, Jorge Capitanich, y también lo hará la bonaerense Verónica Magario, al frente de la Federación Argentina de Municipios. Uno de los más duros es el tucumano Juan Manzur, y el misionero Hugo Passalaqua fue contundente: “Para nosotros es un mazazo porque pega sobre los recursos y las arcas”.

LA LEGISLATURA AUSENTE

A pesar de estas reacciones y otras que abundan, la Legislatura del Chaco no se expidió, porque esta cuestión registró proyectos de resolución que pasaron a comisión para darle prioridad a lo que bien podemos calificar como el sainete de Villa Río Bermejito con entretelones que abordaremos más adelante.

LA CITA DE LOS MINISTROS

Ese ajuste fue disparador del foro de ministros de Economía peronistas que deliberó en la Casa de Salta y volverá a una consulta previa el próximo jueves, ante la convocatoria formal realizada por la Casa Rosada para ese día a las 13, a todas las provincias y seguramente ante los ministros Dujovne y Frigerio. Se le envió un mensaje al equipo nacional indicando que si bien no se puede dejar de aprobar el presupuesto nacional 2019, se deberá revisar la asignación de recursos mejorando imperiosamente la distribución de la carga tributaria.

Además, los ministros fueron claros: el IVA no se toca. Y en resumen, saltaron las inconsistencias de Ministerio de Hacienda, señaladas por consultores especializados y los equipos técnicos de las provincias.

LA POSICIÓN DE PEPPO

El gobernador en su abordaje a Frigerio planteó que el Fondo Federal Solidario no puede tocarse para facilitar que concluyan obras iniciadas. Además hay un hecho destacable: concluyeron las conciliaciones entre la Nación y la Provincia para cancelar totalmente lo que estaba pendiente del Fondo Federal de Desendeudamiento del año 2010.

La cifra final es de 4020 millones de pesos y el convenio aliviador lo rubricará Peppo la semana próxima en Buenos Aires. Con ese Fondo Federal está prevista la asistencia para reprogramar la deuda de Secheep con Cammesa por 2500 millones con un período de gracia de seis meses. (Hay una gran paradoja: los gremios de Luz y Fuerza y de Apcech reclaman aumentos como si desconocieran que la empresa depende de los tubos de oxígeno de la tesorería provincial y que los muy buenos sueldos actuales serían alcanzados si prospera la ley del tope salarial que impulsa el Poder Ejecutivo).

La que no está cerrada es la negociación con la Anses por el déficit jubilatorio: la asistencia no fue cancelada pero la discusión subió de tono.“El Chaco no cederá y tiene todo listo para recurrir a la vía judicial si los tecnócratas de la Anses insisten en planteos burocráticos” nos dijo ayer una alta fuente gubernamental.

UN PAGO INTERNACIONAL

En medio de esta batalla el primer escollo fuerte de agosto fue superado: el Chaco canceló 11.750.718 dólares del primer vencimiento internacional de los fondos tomados para afrontar el pago del megajuicio judicial. Estaban presupuestados 170 millones de pesos pero con la devaluación de la moneda norteamericana se llegó a 358 millones.

Y del mismo modo será encarrilado un vencimiento con el BNDS de Brasil por la ingeniería financiera de arranque del segundo gran acueducto del interior, en este caso con participación del Banco de la Nación, se supo ayer.

La coparticipación federal crecería solo un 6% al cierre de agosto como resultado de la menor actividad económica y esto acentuará el esfuerzo de disponer de poco más de 2000 millones de pesos para la primera semana de setiembre, por la obligación de sueldos de activos y pasivos de la enorme administración.

BERMEJITO Y LA CONSTITUCIÓN

Ante las investigaciones judiciales con allanamientos e imputaciones al intendente de Cambiemos en Villa Río Bermejito y su equipo, la Legislatura desató en la noche del miércoles una carrera de proyectos de intervención donde, créase o no, se discutieron los minutos de presentación del proyecto opositor y del oficialista que, a la postre, decían lo mismo.

La decisión fue precipitada por mensajes comunitarios de emergencia pero sin ninguna documentación judicial federal: el requerimiento de detención del intendente Heffner, el acaudalado Hipperdinger y familiares formulado por el fiscal Sabadini recién fue aceptado por el juez federal subrogante Alurralde al caer la noche del viernes y entonces al no encontrarse a ninguno de los imputados se los consideraba prófugos.

La Legislatura tomó la decisión de intervenir y de ser ella misma la que designe al interventor, cuando se trata de una facultad expresa del Poder Ejecutivo. ¿Qué hizo Peppo, que venía siguiendo el desenlace de la pulseada donde le escondieron la verdad sobre votos oficialistas que se inclinaron a la estrategia de Carim Peche y Ricardo Sánchez, dos saenzpeñenses siempre coordinados?

Procedió a vetar el artículo de la ley que violaba la Constitución y designó al sanmartiniano Rubén Guillón, un hombre del equipo de Aldo Leiva, como interventor y así asumió ayer, en un clima tenso con agitadores al acecho. El disloque institucional, de haberse aceptado, marcaría un precedente grave: nunca en otros casos la Legislatura decidió todo.

Sin embargo, la bancada de Cambiemos, muy irritada, salió a cuestionar que Peppo en forma “arbitraria y avasalladora” designara al interventor, cuando la ley votada establecía que los legisladores elegirían al comisionado interventor.

Ahora tendrán que considerar el veto parcial y seguirá enredándose el juego de especulaciones y zancadillas políticas, con algún notorio que tira la piedra y esconde la mano, como para darle la espalda a las leyes que fueron enviadas porque las papas del ajuste de Macri realmente queman y el malestar social campea en toda la provincia.

Por eso mismo la ley del tope jubilatorio seguirá empantanada y el gobierno no tuvo más remedio que instruir a su gabinete a cancelar todo gasto superfluo, incluyendo viajes y viáticos, para que los fondos se concentren en el programa Chaco Familia cuya premisa es mantener abierta una enorme red de comedores escolares con eje en el Ministerio de Bienestar Social. Con ese telón de fondo, con heridas sociales cada vez más profundas, ensuciar el partido con la anticipación insaciable de candidaturas y tolerar actos y focos de violencia urbana, es jugar con fuego jactándose de una imperdonable irresponsabilidad.