Promover el desarrollo pleno de adolescentes
El desarrollo integral de un adolescente no debería depender del hogar donde nace. En la Argentina, sin embargo, hay más de cinco millones de chicos, cuyas edades oscilan entre los 10 y los 18 años, que experimentan profundas brechas entre el derecho formal y su ejercicio efectivo, según el lugar que ocupa su familia en la sociedad.
El dato sobre esta disparidad fue aportado por representantes del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en la cumbre internacional Youth 20 que se realiza por estos días en la provincia de Córdoba, donde jóvenes de países miembros del G20 debaten sobre el futuro del trabajo, la educación, la sustentabilidad y las habilidades que demandarán las sociedades en los próximos años. Especialistas del programa de la Organización de Naciones Unidas observaron, además, que aproximadamente uno de cada dos adolescentes de entre 13 y 17 años crece en un hogar donde los ingresos monetarios no llegan a cubrir una canasta básica; mientras que el 30 por ciento padece condiciones de pobreza multidimensional, es decir sufre privaciones en relación a su derecho a la salud, la educación, la vivienda, el acceso a la información y a una alimentación adecuada, entre muchos otros. “Estos jóvenes que hoy viven en la pobreza y tienen vulnerados sus derechos son fundamentales para contribuir positivamente al desarrollo de un país más justo”, sostuvo la representante adjunta de Unicef en Argentina, Ana de Mendoza, tras recordar que se trata de “una generación con grandes desafíos por delante en un mundo atravesado por la violencia y la falta de equidad”. Debe coincidirse con lo que plantea la oficina local de este programa de la ONU cuando señala, además, que la sociedad argentina debe generar más espacios de debate y mecanismos para incorporar las opiniones de los adolescentes en los procesos legislativos y de políticas públicas que los afectan, incluyendo los presupuestarios. En ese sentido, se observa que los adolescentes tienen mucho para expresar respecto al derecho al acceso a la salud, a la educación, al trabajo y a vivir en un hogar donde las familias tengan garantizado un techo propio e ingresos dignos.
Cabe recordar que La Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por nuestro país en el año 1990, define al niño como “todo ser humano menor de 18 años de edad, salvo que en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad”. En consecuencia, los adolescentes de hasta 18 años de edad son titulares de todos los derechos consagrados en la Convención; tienen derecho a medidas especiales de protección y, en de acuerdo con la evolución de sus facultades, pueden ejercer progresivamente sus derechos. Por otra parte, debe señalarse que en su oportunidad el Comité de los Derechos del Niño ha observado con inquietud que, a nivel global, los Estados no han prestado suficiente atención a las preocupaciones específicas de los adolescentes como titulares de derechos a la promoción de su salud y desarrollo, y no han tomado las medidas necesarias para que los adolescentes disfruten de sus derechos. El Estado argentino, lamentablemente, no es la excepción; aunque debe reconocerse que existen valiosas experiencias tanto en provincias como municipios de distintos puntos del país para atender las demandas de los adolescentes. Es necesario promover nuevas políticas públicas que contribuyan al desarrollo integral de este importante grupo de la población, con medidas de protección social que lleguen a todos los chicos que lo necesitan, poniendo especial énfasis en aquellos que, en estos tiempos de crisis, sufren el flagelo de la pobreza y la exclusión social.
La adolescencia es una etapa del desarrollo única y decisiva para el ser humano, por eso es importante que las instituciones públicas, y también las organizaciones no gubernamentales, redoblen sus esfuerzos para que todos los adolescentes argentinos tengan garantizados sus derechos. En nuestro país, donde los niveles de pobreza afectan en forma significativa a la niñez en general y a la adolescencia en particular, debe promoverse la participación de los adolescentes en actividades que contribuyan a la formación ciudadana, para que se sientan integrados plenamente a la sociedad en la que viven.
