Se desconocen derechos de pequeños productores
Más de la mitad de los alimentos que consumen los argentinos se generan en los más de 200 mil emprendimientos vinculados a la agricultura familiar distribuidos en todas las regiones del país. Se trata de un eslabón clave de las economías regionales, pero pese a la importancia que tiene este trabajo de campesinos y pequeños productores, el Ministerio de Agroindustria de la Nación decidió avanzar con el desmantelamiento del régimen del Monotributo Social Agropecuario que beneficiaba al sector.
La cartera que conduce Luis Etchevehere, quien en marzo pasado tuvo un duro dictamen en su contra de la Oficina Anticorrupción por haber recibido un bono de 500 mil pesos de la Sociedad Rural Argentina tras dejar su cargo como presidente en esa institución para incorporarse al Ejecutivo, resolvió dejar sin efecto ese régimen de monotributo social especial para los pequeños productores al deshacerse de la obligación de hacer los aportes a la obra social por los actualmente inscriptos, y hacer el traspaso de su administración al Ministerio de Desarrollo Social. Según explicaron especialistas en el sistema tributario, la medida perjudica a los sectores más vulnerables de la economía, ya que les impide el acceso a un régimen de formalización que se puso en marcha en el año 2009 como mecanismo para garantizar el derecho de acceso a la salud a través de la obra social, contar con el aporte jubilatorio y la posibilidad de trabajar dentro de la formalidad del mundo laboral, otorgándole un marco regulatorio más transparente para el sector que está integrado fundamentalmente por pequeños agricultores frutihortícolas, quinteros, agricultores familiares y campesinos sin tierra propia. La obra social del monotributo social agropecuario benefició en todos estos años a más de 50 mil agricultores que, de esta manera, tuvieron acceso a coberturas de salud. Ahora, sin el aporte del Ministerio de Agroindustria, estos pequeños productores se verán obligados a afrontar con sus propios recursos un costo de 288 pesos para contar con la obra social. Lo llamativo es que, si se compara, con la decisión del Ejecutivo nacional de disminuir las retenciones, el Estado dejó de recaudar mil millones de dólares, mientras que con esta polémica medida que perjudica a los productores más chicos el ahorro no llega a los 30 millones de pesos por mes. Por este motivo, la Unión de Trabajadores de la Tierra, organización que nuclea a los pequeños productores del cordón hortícola del Gran Buenos Aires denunciaron, a través de un comunicado, “el carácter de clase y el sesgo antipopular” esta política del Ministerio de Agroindustria.
Por otra parte, otras organizaciones vinculadas al sector se pronunciaron contra distintas medias que viene aplicando el Ministerio de Agroindustria contra los pequeños productores desde que asumió Etchevehere. Según las organizaciones Asamblea Campesina Indígena del Norte Argentino, Grito de Alcorta, Mujeres Rurales Federales, Movimiento de Productores de Santa Fe y la Unión Campesina de Varela, las políticas de la cartera nacional “sólo benefician al sector más concentrado” del campo, y en ese sentido señalan que un ejemplo del desinterés hacia los pequeños productores fueron las medidas que se adoptaron desde Agroindustria de la Nación para atender a los perjudicados por la sequía a principios de año y las inundaciones después en la zona de la Pampa Húmeda. “El gobierno dio una serie de medidas que benefician a un solo campo, el sector más concentrado: 500 millones de pesos en créditos, disminución de impuestos, el presupuesto entero de la ley de emergencias, a las que no tienen acceso el pequeño productor; y lo mejor, la megadevaluación de junio, con la que acumulan ganancias los agroexportadores sin hacer nada”, sostuvo un dirigente de la Unión de Trabajadores de la Tierra.
Las distintas organizaciones que defienden los derechos de los pequeños productores denuncian, además, que la eliminación del Monotributo Social Agropecuario, se enmarca en una política más general del Ministerio de Agroindustria de la Nación que se encamina a reducir el apoyo del Estado a los eslabones más vulnerables de la cadena productiva, y en ese sentido avanzó el gobierno nacional con el desmantelamiento de la Secretaría de Agricultura Familiar, y fuertes recortes en organismos como el INTA, el INTI y el Senasa. Es de esperar que se reviertan estas políticas nacionales que benefician a unos pocos y dejan sin la necesaria protección a miles de pequeños productores de todo el país.
