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Advierten que podrían sancionar al Estado argentino por el caso Raúl Romero Feris

Los abogados del exgobernador informaron que la Corte Interame­ricana de Derechos Humanos inter­vendrá en el caso. Indicaron que prorrogar una “detención ilegal es insostenible”.

En una conferencia de prensa realizada en su domicilio particular, el exgobernador de Corrientes Raúl ‘Tato‘ Romero Feris encabezó una conferencia junto con el importante grupo de prestigiosos abogados donde explicaron los alcances de la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que avaló el planteo que sostiene la detención del exintendente de la capital de la vecina provincia es ‘ilegal‘ y violatoria de los derechos humanos consagrados en pactos a los que el país ha adherido y, por lo tanto, cuentan con rango constitucional.

Se trata, en resumen, de los capítulos finales de una larga historia que tuvo como epicentro un interminable derrotero judicial y político que se inició hace poco menos de dos décadas, precisamente en el año 1999, y que finalmente concluirá dándole la razón a uno de los máximos referentes de la política vernácula correntina, que por estas horas y teniendo en cuenta las particularidades de su caso, termina siendo víctima de una ‘persecución política‘ que se ha llevado adelante con ‘llamativo ensañamiento‘.

Anticiparon en este sentido que ‘analizarán‘ la posibilidad de iniciar acciones judiciales contra la jueza de ejecución de condena, María Zacarías de González, ante la eventual comisión del delito de ‘prevaricato‘ y ‘negación de justicia‘.

Participaron en la rueda de prensa, junto con Romero Feris, los reconocidos letrados Jorge Alcántara, que fue uno de los que inició este camino judicial hace casi 20 años, Ramón Leguizamón y Ramón Leguizamón (hijo), junto a los doctores Luis Feris, José María Baricco.

En principio, se esperaba la presencia del ex Ministro de la Corte Suprema de la Nación, Augusto Cesar Belluscio; y del doctor Isidoro Zasón; pero finalmente estos no pudieron asistir por cuestiones de agenda.

VIOLACIÓN DE DERECHOS

La defensa de Romero Feris recordó que, después de agotar las instancias nacionales, decidió recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ante lo que consideraba una ‘flagrante violación‘ de derechos fundamentales durante el proceso judicial desarrollado en la justicia de Corrientes.

En ese marco, destacaron que en septiembre de 2017, la CIDH dictó el informe de fondo en el Caso 12.984 ‘Raúl Romero Feris - Argentina‘, decisión enmarcada dentro la Convención Interamericana de Derechos Humanos, resultando por tanto de raigambre constitucional.

En esa resolución, la Comisión concluyó que el Estado Argentino (que se presentó como contraparte) ‘violó, en perjuicio de Romero Feris, en las causas que determinaron su detención e inhabilitaciones: los derechos a ‘la libertad personal, garantías judiciales y protección judicial, a la Protección Judicial, a ser juzgado por autoridad competente conforme los procedimientos legalmente establecidos; y el derecho ser juzgado por autoridad imparcial

REPARACIÓN

En función de esa resolución, la CIDH dispuso que el Estado Argentino debe ‘reparar integralmente las violaciones de derechos humanos declaradas en el informe en contra de Raúl Rolando Romero Feris, tanto en el aspecto material como inmaterial incluyendo una justa compensación‘.

También insta a ‘adoptar las medidas necesarias para la no repetición de las violaciones declaradas en el informe‘ y a ‘asegurar el estricto cumplimiento de los plazos legales para la detención preventiva y la motivación adecuada de su procedencia.‘

La CIDH impone también proveer de mecanismos idóneos y efectivos para que las personas sometidas a proceso penal puedan impugnar de manera sencilla y rápida, la competencia, independencia e imparcialidad de las autoridades judiciales.

‘Pese a la contundencia de las cargas impuestas, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Estado Argentino solicitó cuatro pedidos de prórroga para cumplimentar las mismas, los que le fueron concedidos‘, plantearon los abogados.

Sin embargo, explicaron que ‘el 20 de junio de 2018 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos frente al incumplimiento del Estado Argentino y la reticencia de los jueces de la Provincia de Corrientes debidamente notificados de la resolución del organismo internacional, resolvió someter el caso de Romero Feris, que lleva el número 12.984 a la Corte Interamericana de Derechos Humanos‘.

Los letrados explicaron en este marco que si bien ni la Comisión ni la Corte Interamericana de Derechos Humanos tienen ‘poder de policía‘ para hacer efectivas sus resoluciones, el cumplimiento de las mismas por los Estados parte de la OEA es ‘obligatorio‘.

La negativa a acatar lo estipulado por la Corte, podría generarle al Estado Argentino tanto sanciones económicas y políticas como la exclusión de organismos internacionales.

Detención ilegal y persecución política

Actualmente Romero Feris se encuentra cumpliendo prisión domiciliaria desde el 10 de mayo de 2016.

La medida fue ordenada por el Tribunal Oral Penal Nº 2 de la Provincia de Corrientes en función de las mismas causas que fueran analizadas y que son las que dan sustento/ fundamento al Informe Nº 73/17 de la CIDH.

“Vale decir, expedientes donde se han conculcado todas las garantías de la Convención Americana de Derechos Humanos y que sin embargo sirven de sustento adúltero para prorrogar una detención legalmente insostenible”, sostuvieron los abogados defensores de Romero Feris.

Además sostuvieron que los recursos judiciales planteados solicitando la suspensión de dicha condena impuesta en función de lo resuelto por la Comisión Interamericana en su Informe N° 73/17 ante el Juzgado de Ejecución de Condenas de Corrientes, así como las presentaciones efectuadas en dicho Juzgado por el Ministerio de Justicia Derechos Humanos de la Nación, “no han sido resueltos desde hace ya más de seis meses a nuestros días”.

Para los abogados, esto configura “una situación de detención ilegal, persecución política, denegación de justicia y privación del derecho a la vía recursiva de parte de la magistrada de Corrientes, María Zacarías de González”.

Esto implica también un “incumplimiento más del Estado Argentino a las resoluciones de los organismos internacionales de los que forma parte e integra‘, concluyeron.