Pulseada de provincias y la Nación por el pacto fiscal
Las provincias se mostraron en desacuerdo con la iniciativa del Ejecutivo nacional para que la Secretaría de Hacienda de la Nación tenga competencia plena en la interpretación del Acuerdo de Consenso Fiscal, que firmaron en noviembre el presidente Mauricio Macri y los gobernadores de las provincias, y así permitir que el control del Pacto Fiscal esté en manos de esa dependencia nacional.
Se trata, en rigor, de una clara demarcación que impusieron los gobernadores a la movida del Ejecutivo nacional para que la Secretaría de Hacienda monopolice el control del acuerdo fiscal. La semana pasada, los ministros de Economía de las jurisdicciones provinciales que participan de la Comisión Federal de Impuestos (que preside el chaqueño Cristian Ocampo) coincidieron en exponer la firme intención de los mandatarios provinciales de poner un freno al intento de la Casa Rosada para concentrar el monitoreo del cumplimiento del acuerdo fiscal en las oficinas de la secretaria que está a cargo de Rodrigo Pena, quien se desempeñó entre los años 2009 y 2014 como gerente general del Banco de Formosa. Por otra parte, los miembros de la Comisión Federal de Impuestos remarcaron que corresponde que el control del pacto quede bajo la órbita de ese organismo que, como se dijo, está conformado por los titulares de las carteras de economía de las provincias y por representantes de la Nación. No obstante, el organismo reconoció que es facultad del Ministerio del Interior resolver acerca de la aplicación del reparto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), como lo establece la Ley de Coparticipación Federal.
Por otra parte, en las últimas horas tomaron estado público las declaraciones que hizo el fin de semana el gobernador de la provincia del Chaco, Domingo Peppo, pidiendo una prórroga de un año para la aplicación del pacto fiscal, haciendo notar que con el actual escenario económico las jurisdicciones provinciales no pueden darse el lujo de recortar gastos y, a la vez, resignarse con la cesión de ingresos. Todo indica que, como ha ocurrido en otros momentos de la historia argentina en tiempos de drásticos ajustes como los que enfrenta el país por estos días, se agudizará la puja entre las provincias y la administración federal por la distribución de recursos.
Debe señalarse que si bien la Comisión Federal de Impuestos es un organismo con un claro perfil técnico, a nadie escapa que lo que se decida en su seno tiene implicancias en el terreno de las decisiones políticas. De ahí que el organismo haya actuado como caja de resonancia del rechazo de los mandatarios provinciales a la intención de la Casa Rosada de derivar el control del cumplimiento del acuerdo fiscal a la Secretaría de Hacienda. Por otra parte, está el tema de los saldos de ATN -estimados en 42.000 millones de pesos- que los gobernadores quieren sumar a la discusión con la Nación para ver de qué manera esos recursos pueden llegar a las provincias para aportar oxígeno a las vapuleadas administraciones locales.
Volviendo a la cuestión relacionada con la interpretación del Pacto Fiscal, debe decirse que se trata de un asunto que no es menor, ya que de esa lectura dependerá cómo se posicione cada jurisdicción provincial respecto a los incumplimientos de las metas acordadas en noviembre pasado entre los gobernadores y la Nación, y de eso dependerá también qué provincias recibirán sanciones por no cumplir con el acuerdo.
La posición que adoptaron la semana pasada los ministros de Economía de las provincias en el seno de la Comisión Federal de Impuestos respecto a que es ése organismo, y no otro, el que debe ejercer el control sobre el acuerdo fiscal, se enmarca en la puja entre los gobiernos provinciales y la Casa Rosada por cómo se va a definir el Presupuesto nacional 2019 que, como se sabe, traerá consigo los ajustes del gasto público recomendados por el ya bien conocido por los argentinos Fondo Monetario Internacional.
