Denuncian a la presidenta del Insssep por desatender a enfermo de VIH

Se trata de un paciente diagnosticado con VIH, que desde el 12 de abril de 2016 está reconocido como beneficiario por el Fondo de Alta Complejidad (FAC) del Instituto de Seguridad Social, Seguros y Préstamos chaqueño (Insssep).

La infección con VIH no tiene cura, por lo que requiere tratamiento continuo, con varios medicamentos. Ariel Salto, abogado del paciente, explica que este tratamiento debe ser sistemático y permanente: “No sirve que un día le entreguen dos de los tres medicamentos, o que si no le entregan el lunes, que le entreguen el viernes da lo mismo. No es así: cada día, cada hora de demora es un día o una hora menos de vida para el paciente”.

Con esa comprensión, y ante reiteradas demoras e incumplimientos del Insssep, el paciente, patrocinado por su abogado Salto, reclamó en diciembre de 2017 ante la Justicia que el organismo cumpla con la obligación de proveerle en tiempo en forma la medicación.

La Justicia respondió otorgando una cautelar el 23 de abril, que ordenó al Instituto la provisión regular y completa de las imprescindibles drogas. Sin embargo, el organismo público continuó con las irregularidades y faltas.

Una mañana de ese mismo diciembre, el paciente, junto a su abogado y un escribano, se apersonó ante el Insssep para dejar constancia del incumplimiento de la cautelar: no tenían los medicamentos que debían entregarle. Por la tarde del mismo día, recibió una llamada desde el Instituto: habían encontrado las drogas y le solicitaban que pasara a retirarlas.

Luego de esa ocasión, el infructuoso desgaste para reclamar la totalidad de la medicación y la puntualidad en la entrega, siguió hasta el día de hoy.

DEMANDA PENAL

Por ese motivo es que el paciente, ahora con el asesoramiento legal de Pablo Vianello, presentó ante la Unidad de Atención a la Víctima y el Ciudadano una denuncia penal por “desobediencia a la Justicia agravada por la condición de funcionario público” contra la máxima responsable del Insssep, su presidenta Mariel Gersel.

Vianello hace notar que “El incumplimiento de la orden judicial, además de la evidente amenaza para la salud y la vida” del paciente, “implica también, por el tipo de enfermedad de la que hablamos, una amenaza para la salud pública en general”.

El abogado destaca que por este motivo, “el proceder de las autoridades del Insssep es una desobediencia agravada, por su condición de funcionarios públicos, que por su rol deben velar por la salud de los afiliados, como nuestro representado, pero también de los que no lo son, el resto de la población”.

Por su parte, Salto se preocupa en recalcar este último concepto: “No se trata de una prótesis, por ejemplo, que quizá tolere un tiempo de espera, aunque tampoco es deseable que así suceda. Esta es una lucha minuto a minuto. Nosotros, mi cliente y yo, todavía podemos pelearla, podemos apelar a la Justicia. Cuántos habrá en esta condición que no lo puedan hacer, porque no tienen los recursos, o porque tienen aún menos tiempo”.

Hasta este martes no se había sorteado el fiscal que deberá investigar la denuncia contra Gersel. La resolución de esta causa, especialmente delicada en lo que respecta al bien que se intenta proteger y a los tiempos en que se lo debe hacer, ahora está en manos de la buena práctica y celeridad de la Unidad de Atención a la Víctima y el Ciudadano, y del fiscal que ese organismo designe para investigar la denuncia contra la funcionaria Gersel.