La educación infantil como un derecho
Especialistas en educación infantil observan que, históricamente, la primera infancia estuvo reservada exclusivamente al espacio familiar, es decir al ámbito de lo privado más que al ámbito de lo público; pero con la incorporación de la mujer al mundo laboral ese escenario cambió rápidamente y en la actualidad es cada vez mayor el número de familias, sobre todo de las clases medias urbanas, que inscriben en el preescolar a niños de tres años o menos.
Distintas organizaciones no gubernamentales que promueven el derecho a la educación coinciden señalar que en los últimos años creció el número de niños menores de tres años inscriptos en jardines de infantes en casi todo el país. El fenómeno, que para muchos expertos se debe al hecho de que ambos padres trabajan, tiene además otra particularidad: es escasa la oferta de jardines de gestión pública para atender a niños de entre los 45 días y los tres años, y por lo tanto las familias se ven obligadas a anotarlos en jardines privados. Según un informe sobre nivel inicial del Observatorio Argentinos por la Educación, con los últimos datos oficiales, uno de cada tres chicos que asiste al jardín hoy en el país, es decir el 32,6 por ciento, lo hace en uno privado. De acuerdo a la misma fuente, en la primaria un 27 por ciento de los alumnos va a escuelas aranceladas, y en la secundaria un 28 por ciento.
Respecto al nivel inicial, cabe recordar que la ley vigente no establece el carácter obligatorio de los jardines de infantes para los niños menores de tres años, de manera que ésa podría ser la explicación a la falta de oferta pedagógica estatal para ese segmento de la población. El informe del Observatorio Argentinos por la Educación señala, por otra parte, que en la sala de dos años, por ejemplo, seis de cada diez chicos asisten a un jardín privado; y si se toma el grupo de los niños que tienen entre 45 días a los dos años, se tiene que más de la mitad concurre a un establecimiento que brinda el servicio a partir del pago de una cuota.
Si se tiene en cuenta que la Convención de los Derechos del Niño (a la que nuestro país adhirió en 1990 y cuatro años más tarde le otorgó rango constitucional al incorporarla en la reforma de la carta magna de ese año) establece la educación infantil como un derecho, se puede advertir entonces la importancia que tiene el nivel inicial en la formación de los más pequeños. En ese sentido, debe señalarse que diversos estudios sostienen que el 80 por ciento del desarrollo cerebral se presenta en los primeros tres años de edad, lo que ratifica el valor que tiene el ingreso temprano al sistema educativo y la necesidad de promover el nivel inicial en el sector público. Otras investigaciones, incluso, afirman que quienes nacen en contextos de pobreza tienen mayores oportunidades para superarlas si se les garantiza una adecuada educación en el nivel inicial.
Si en la sociedad actual ambos padres se ven obligados a tener un trabajo para poder mantener el hogar, es necesario que se piense también en la necesidad de garantizar una educación adecuada para los chicos de menos de tres años de esas familias. Si bien hay diversos formatos de cuidado y enseñanza para la primera infancia, desde escuelas formales públicas y privadas que dependen de los ministerios de Educación hasta espacios de Desarrollo Social, nacional, provincial o municipal, o comunitarios, es necesario que, por un lado, se amplíe la oferta estatal gratuita de nivel inicial de manera que se pueda cubrir la demanda de un amplio sector de la población que no está en condiciones de enviar a sus hijos menores de tres años a un jardín privado; por otra parte, es necesario que la ampliación de esa oferta se cubra con docentes de la especialidad en los diversos formatos de cuidado y enseñanza. La enseñanza pública gratuita también debe llegar a este grupo de niños menores de tres años a fin de favorecer y potenciar el pleno desarrollo de las capacidades de estos pequeños.
