El laberinto de las pujas judiciales y políticas

A comienzos de marzo el gobernador Domingo Pep­po, inauguró el período de sesiones ordinarias y sólo seis días después apareció el primer informe de la Prefectura Naval Argentina relacionado con lo que hoy se conoce como Megacausa I o Lavado I.

Con la firma de un jefe de la Prefectura Naval Ar­gentina finaliza un escri­to donde se da un primer pantallazo y hasta se indi­ca quiénes podrían ser los responsables de estas gran­des operaciones. También menciona una cifra: 25 mi­llones de pesos.

Allí aparecen las firmas Servir y Crecer, Fundación Chaco Digital, Fundación Bianca, Praxton, Selectiva, Framuna, Picarla, Comuni­cación y Servicios. También nombres como los de Hora­cio Rey y Gustavo Katavich.

Tres meses después de este lapidario informe de Prefectura, al que se arri­bó poco tiempo después de encontrar seis lanchas con pocos papeles, se per­dió la brújula y surgieron muchos interrogantes en la sociedad.

Es decir que bastaron solo 90 días de investiga­ción judicial para que las actuaciones hoy estén den­tro de un laberinto judicial y político del que no se podrá salir tan fácilmente, más tomando en cuenta que esta demora beneficia notablemente al poder po­lítico chaqueño, que sigue padeciendo las consecuen­cias de los allanamientos de marzo.

GUERRA DE CAUTELARES

Hasta que la jueza fede­ral Zunilda Niremperger presentó el pedido de des­afuero contra el ministro de Infraestructura, Fabián Echezarreta, acusado de lavado de dinero, las ac­tuaciones se desarrollaron en forma normal. Es decir todo estaba en el ámbito jurídico donde los aboga­dos de los imputados pre­sentaban medidas que se limitaban a lo técnico. Y una prueba de ello es que la reconocida letrada Va­leria Corbacho realizó pre­sentaciones que buscaban garantizar la defensa de los imputados.

Pero ese pedido, funda­mentado en un peligro pro­cesal, desencadenó medi­das consideradas insólitas hasta por funcionarios que tienen varios años de expe­riencia en ámbitos políti­cos y judiciales.

Se podría decir que la au­sencia de una legislación concreta permitió que en menos de una semana aparezcan en el escenario una medida precautelar que fue frenada por una anticautelar y poco tiempo después se dictó una cau­telar. Definir cuál de todas ellas está vigente será ma­teria de análisis por parte de los integrantes de la Co­misión de Asuntos Consti­tucionales.

“Se desmadró todo. Que nosotros los diputados no sepamos qué hacer es has­ta tolerable dado que no hay una norma específica pero que un juez le diga a otro juez que no haga algo supera ampliamente lo to­lerable”, aseguró el miér­coles pasado un respetado legislador que es partidario de hacer un juicio político contra Echezarreta.

El diputado hacía referen­cia a la contracautelar que dictó el juez Julián Flores y que dejó sin efecto la re­solución que horas antes había emitido la magistra­da Eloisa Barreto. Pero más llamó la atención que el actor fue el legislador de la Corriente de Expresión Pe­ronista Rubén Aquino.

En otras palabras un di­putado del PJ se presentó en un juzgado para pedir que se frenen las actuacio­nes y al hacerlo entorpeció la defensa de un ministro de su gobierno. Pocas veces se vio tal actitud pero aún más raro fue que le dieron la razón.

Y allí se quemaron cien­tos de libros, escritos por eminencias en el derecho, relacionados con el ampa­ro y las medidas cautelares. Además se sentó un prece­dente: ya no hace falta ape­lar una medida sino que basta con ir a otro juzgado para resolver un impedi­mento.

Hasta el miércoles pasa­do cada vez que salía un amparo contra alguno de los tres poderes del Estado se esperaba la apelación. Ahora, con el caso Aquino, el remedio es más rápido y deberá demostrarse su efectividad.

“Esto es un chiste. Yo nunca escuché que un juez le diga a otro juez que no debe actuar, es insólito”, mencionó ese día histórico una magistrada que tam­bién es responsable de for­mar a los nuevos abogados que cursan sus estudios en universidades públicas del NEA.

Muchos esperaban que estas megacausas permitan establecer un camino para juzgar delitos relacionados con la corrupción. Pero en realidad en menos de tres meses todos los esfuerzos que realizaron magistra­dos, funcionarios judi­ciales y los agentes de las fuerzas federales y provin­ciales, quedaron atrapados en esta tormenta.

Basta escuchar lo que di­cen los vecinos en una es­quina de Resistencia para darse cuenta que ya nadie cree en el resultado que tendrá la investigación y la mayoría sostiene que los funcionarios o exfun­cionarios no serán enjui­ciados.

Todos sospechan que no ocurrirá nada porque como dijo años atrás el mártir Monseñor Oscar Romero: “La justicia es igual a las serpientes. Sólo muerden a los que están descalzos”.

LOS PROCESAMIENTOS

De igual manera la jueza federal no frenó las actua­ciones y un día después de que en el Chaco nazca una nueva doctrina sobre los amparos, dictó los procesa­mientos contra parte de los imputados.

En ese acto quedó claro que aquellos funcionarios y exfuncionarios que fue­ron acusados de cometer delitos precedentes no serán juzgados por ella. Pero también aparecieron nuevos nombres muchos de los cuales eran desco­nocidos.

Se podría decir que hay tres grupos. Los primeros imputados que están pro­cesados, los que aún falta determinar su respon­sabilidad y aquellos que serán indagados en poco tiempo más.

El primer grupo está com­puesto por Horacio Rey, Roberto Lugo, Gustavo Katavich, Claudia Varela, Ricardo Retamozo, Mónica Yaczuk y César Zibecci. En el segundo están Graciela Fernández, Cristina Mariel Dellamea, Ramón Alejan­dro Chávez, Ismael Fer­nández y Humberto Fabián Echezarreta. Este último fue indagado y por lo tanto la jueza puede avanzar con la acusación.

Y los que deberán respon­der a partir de esta semana por el artículo 303 del Có­digo Penal son 13 impu­tados, entre ellos algunos están detenidos en la causa provincial que instruyen los tres fiscales Lucio Ote­ro, Graciela Griffith Barreto y Nélida Villalba.

LA CAUSA PROVINCIAL

El 13 de marzo en el edi­ficio de la avenida 9 de Ju­lio comenzó a instruirse la causa provincial, con­cretamente arrancaron las actuaciones contra los fun­cionarios por los delitos precedentes al lavado de activos.

A los pocos días se produ­jeron los primeros arrestos de exfuncionarios por par­te de la Policía del Chaco.

Horacio Rey, Roberto Lugo, Susana Fernández e Ismael Fernández fueron los primeros detenidos. Luego apresaron a Gusta­vo Katavich y Paulo Butic­ce. Poco tiempo después avanzaron contra quienes formaron parte de las em­presas falsas que se usa­ron para recepcionar los fondos. Allí aparecen los nombres de Laura Aguirre, Iván Bilcich, Carlos Osuna y Miguel Vilte.

La idea de los fiscales es concluir poco después de la feria con la instrucción y elevar las actuaciones a jui­cio para que, en el segundo semestre, una Cámara del Crimen condene o absuel­va a los imputados sobre los que pesan cientos de hechos.

Esta intención está frena­da por varios recursos que se fueron planteando pero de igual manera sigue el trabajo de los fiscales, que podrían avanzar durante la feria judicial, para cumplir con los plazos previstos.

OTRO DESAFUERO

La otra megacausa que está en instrucción está relacionada con el lavado de activos que habrían cometido: Aída Ayala, Jacinto Sampayo, Car­los Alberto Secundino Huidobro, Pedro Alberto Martínez, Daniel Fischer, Rolando Acuña, Fátima Rigassio, Luis Escobar, Natalia Soledad Martínez Guarino, Diego Alberto Martínez Guarino, Cris­tian Zapata, Víctor Hugo Quiroz, Eulario Bouza y Monica Centurión.

Los diputados de Cam­biemos lograron de mo­mento frenar el trámite de desafuero contra Ayala, que cuenta con un fallo a su favor pero está procesa­da y de confirmarse podrá perder sus fueros.

LOS PRÓFUGOS

Finalmente es necesario recordar que a la fecha hay tres prófugos de la Justicia Federal: Graciela Fernán­dez, Dellamea y Chávez.

“Presión mediática”

La camarista federal Rocío Alcalá en el fallo donde admitió la inhibición de José Luis Alberto Aguilar aseguró: “Entiendo pertinente exhortar a las partes a canali­zar los planteos que consideren contrarios a sus pretensiones a través de los reme­dios e institutos previstos legalmente en la normativa procesal, sin recurrir a me­canismos que apelan a la opinión pública como destinataria de sus quejas, ejercien­do solapadamente una presión mediática en base a suposiciones antojadizas”.

El planteo fue admitido poco después de que se denunció un viaje que realizó Agui­lar con el abogado de uno de los imputa­dos.

El tema quedó en manos de Casación que definió que el juez Eduardo Belforte ocupe el lugar de Aguilar para actuar en la causa 138 conocida mediáticamente como Me­gacausa II. En estas actuaciones están im­putados Aída Ayala y el secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales (STM), Jacinto Sampayo.