Capitanich declaró por más de tres horas y aportó nueva documentación sobre el contrato con PIMP
El intendente de Resistencia Jorge Capitanich remarcó que se presentó ante el juzgado federal en calidad de testigo por la conocida causa Pimp S.A. aseguró que su paso por la justicia duró más de lo previsto porque tuvo que responder todas las preguntas que hicieron los abogados de las partes y la jueza Zunilda Niremperger.

Según Capitanich, las preguntas rondaron en torno a la licitación de la empresa para la recolección de residuos en la ciudad, los detalles, los efectos jurídicos de la concesión y el impacto.
Capitanich precisó que “en el tema de la basura hubo reducción en los costos, se aumentaron los camiones de recolección, se modificó los recorridos, se amplió la cobertura, se incorporó el sistema de control por GPS y se sumaron uniformes”. Sobre esto aseguró “hemos demostrado que tenemos mejor administración e hicimos en la renovación los pasos que consideramos que era lo mejor los habitantes, en el marco de lo legal”, precisó.

De esta forma el funcionario sostiene que no será necesario volver al juzgado a cargo de la investigación por lavado de activos que tiene al secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales, Jacinto Sampayo y el hijo Facundo detenidos desde hace más de un mes. Además, para el fiscal Patricio Sabadini el dirigente y la exintendenta Aida Ayala son los jefes de una asociación ilícita que se conformó a fines de favorecer a la empresa a cargo de recolectar la basura, entre otras firmas que tiene como principales sospechosos y también presos, a Carlos Huidobro y Alejandro Fischer, sospechados de ser los testaferros de Sampayo y Ayala.
Del escrito a responder preguntas

Al salir del Juzgado Federal de Resistencia, el fiscal Patricio Sabadini, explicó a NORTE que el intendente Jorge Capitanich, si bien tenía pensado presentar un escrito ante la jueza Zunilda Niremperger, aceptó responder preguntas a los defensores teniendo en cuenta "la complejidad de la causa", señaló Sabadini.

Además el intendente ofreció nuevas documentaciones a las ya existentes en la causa por el contrato millonario con la empresa de recolección de residuos Pimp S.A., que se firmó durante la gestión municipal de la actual diputada nacional Aida Ayala, quién se encuentra imputada por ser la jefa de una asociación ilícita, por lo cual se pidió su desafuero en Diputados y la Comisión de Asuntos Constitucionales comenzará a tratarlo el 2 de mayo.