Que no se ajuste la investigación
Que en la Argentina, la presión tributaria es enorme y que el gasto de la política se sostiene del aporte de los que trabajan, no es novedad y es la meta a cambiar, para que seamos un país más justo. Es inadmisible, que unos pocos pagando sus impuestos, sostengan a la inmensa mayoría y aunque la clase política se niegue a la toma de medidas, será necesario hacerlo.
Pero no todo puede ser metido en la misma bolsa. En un país serio, no pagan justos por pecadores. En estos días, hay una información que genera preocupacion en el área científica y técnica de organismos muy caros a la investigación, y que guarda directa relación con el sector productivo.
El Ministerio de Agroindustrias que conduce el dirigente ruralista Luis Miguel Etchevehere, enviará telegramas de despido para su personal, el 50 % a la sede central y el resto en las delegaciones del interior. Se habla de un programa de “uso eficiente de sus recursos‘.
Llamó la atención la insistencia de la Coordinadora de Algodón de esa cartera, Silvia Córdoba, en el marco de la última reunión de la Mesa Algodonera Nacional realizada en Avellaneda, provincia de Santa Fé, de manera insistente se encargó de avisar que está bajo auditoría ministerial para determinar si con recursos del Fondo Algodonero Nacional se están pagando sueldos en el Chaco dentro del programa del que participan las entidades y gobierno. “No, no son sueldos, son contratos de locación de obras para técnicos que desarrollan tareas de investigación algodonera y esto está probado”, respondieron los organismos con sede en la provincia.
Etapa de reorganizar recursos
Agroindustrias comenzó “una etapa de reorganización de sus recursos que se reflejará en una reducción de costos y mayor eficiencia en la administración prevista en 219 millones de pesos en concepto de ahorros”, dice el informe.
En los organismos descentralizados más conocidos como son el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) había más calma porque los funcionarios a cargo habían prometido que por el momento no habría bajas.
Los otros organismos descentralizados son el Instituto Nacional de Semillas (INASE), el Instituto Nacional de Desarrollo Pesquero (INIDEP) y el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV).
Esperando el impacto
En lo que se refiere al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), se espera que alcance una reducción gradual de gastos cercanos a los $65 millones repartidos entre actualización de contratos de ART y revisión de estructura programática, dice una nota firmada por Matilde Ferro de la Agencia Noticias Argentinas.
Por las dudas APINTA, el gremio mayoritario del INTA, se reunió en la semana, en el Congreso con senadores y diputados y les explicaron el valor estratégico del Instituto: “Queremos un INTA en expansión, con liderazgo creciente”, esgrimieron los gremialistas.
De acuerdo con las estimaciones del Secretariado Nacional de APINTA, la organización perdió más de 230 trabajadores en los últimos siete meses por jubilaciones, fallecimientos y renuncias sin reemplazo.
Esto se suma al informe del Ministerio de Modernización que indicaba al INTA recortar un 10 % de su personal -equivalente a 782 personas- y que, de efectivizarse, consideran que pondría en jaque la viabilidad de proyectos en las más diversas áreas y territorios afectando a productores de toda escala.
En tanto, en el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), el ahorro sería cerca de $105 millones para el 2018, en concepto de limpieza, mantenimiento, alquileres, compras y contrataciones y en gastos de seguridad, que podrían afectar a algunos de las cerca de 6000 personas que revistan en su planta.
