El ajuste llega a áreas sensibles del Estado
Las políticas de ajuste que impulsa el gobierno nacional generaron en los últimos días una catarata de telegramas de despidos que, esta vez, afecta a trabajadores de áreas claves del Ministerio de Agroindustria a cargo del ex titular de la Sociedad Rural Argentina, Luis Miguel Etchevehere.
El nuevo recorte avanzó contra 330 puestos de trabajo de áreas que son claves en esa cartera y de gran importancia el comercio exterior, los controles fitosanitarios y la agricultura familiar. En todos los casos los despidos afectaron también a familias del interior del país, esto es, de las distintas provincias donde funcionan delegaciones que dependen del ministerio que dirige Etchevehere, cuya ausencia -dicho sea de paso- se notó en el acto que realizó la Sociedad Rural de Chaco para conmemorar los 100 años de la entidad.
La preocupación por esta nueva medida de achicamiento del Estado se debe a que, justamente, la realidad de las provincias es muy diferente a la de la Capital Federal y, en ese sentido, debe recordarse que el trabajo que venía desarrollando, por ejemplo, el área de agricultura familiar es fundamental para las familias que viven en el campo y para los casi 250.000 pequeños y medianos establecimientos productivos de todo el país. De hecho, el propio Ministerio reconocía hasta hace poco la importancia del área y del trabajo realizado para que las actividades productivas y los alimentos producidos por el sector de la agricultura familiar “presenten las condiciones necesarias de sanidad e inocuidad, minimizando así los riesgos para la salud de las personas y de sus propias familias, al mismo tiempo que mejora la inserción de este sector en los diferentes mercados”.
En realidad, el Ministerio de Agroindustria ya había aplicado recortes en su personal en los últimos dos años afectando en 700 puestos su plantilla de personal. Según los gremios que representan a los trabajadores de esa cartera, esta tanda de despidos se aplicaría sobre casi el diez por ciento de la nómina actual. Las organizaciones gremiales no descartan que los recortes también avances sobre organismos descentralizados como el INTA, Senasa, Inase-Inidep y el Instituto Nacional de Vitivinicultura. En el Chaco todavía se recuerda el caso de la joven trabajadora, Melisa Bogarín, que falleció en abril de 2016 luego de sufrir una descompensación en una reunión de trabajo durante la visita de autoridades nacionales del INTA a la Estación Experimental Agropecuaria de Las Breñas. En esa ocasión, Bogarín había planteado la situación de precariedad laboral y la incertidumbre que se vivía por los anuncios de despidos cuando sufrió una descompostura.
Una incertidumbre similar viven muchas familias que se van a ver afectadas por esta “tercera etapa del plan de reestructuración”, como lo define el propio Ministerio de Agroindustria y que se puso en marcha ahora con 330 despidos pero que, según fuentes gremiales, podrían dejar en la calle a unos 950 empleados, en el marco de un ajuste que se presenta como un ahorro presupuestario, que si bien al parecer se está logrando con una reducción en gastos de alquileres, contratos de servicios y flota de vehículos, debe el principal ajuste está vinculado con el personal. Desde sectores gremiales remarcan que el ministro Etchevehere, que ahora se muestra partidario de tener las cuentas ordenadas es el mismo que protagonizó un escándalo cuando se vio obligado a devolver los 500 mil pesos que le había pagado la Sociedad Rural Argentina en una maniobra poco transparente, y que hizo que el fiscal Ramiro González lo imputara por supuestas coimas. Pero ese “bono” con el que se vio temporalmente beneficiado el ministro sería casi anecdótico si se lo compara con las denuncias que pesan sobre él desde hace más de cinco años y que hablan de venta de granos y hacienda de manera no declarada como lo establece la ley, o el vaciamiento de sociedades, como denunció su hermana Dolores, autora también de una presentación ante la justicia donde advierte que el ahora ministro, junto a otros hermanos, le habrían falsificado la firma en una transferencia de valiosos inmuebles.
El ajuste sobre sectores claves del Estado puede resultar de alto riesgo si las áreas de las que se retira la presencia estatal tienen que ver con los controles fitosanitarios o con la agricultura familiar, dos ámbitos que no deben quedar librados a la suerte.
