ATE Chaco denuncia nuevo despido en Agricultura Familiar
Una trabajadora de Barranqueras recibió este lunes una carta documento que la desvincula de la dependencia nacional. Sus compañeros en la Subsecretaria de Agricultura Familiar viven horas de incertidumbre. Como en 2016 aguardan una desvinculación similar a la que recibieron otros diez en las últimas horas.
Los delegados de ATE Ana Nicora y Marcelo Ruesta confirmaron a NORTE un despido este lunes, en coincidencia con más casos en varias ciudades y no descartan que sean más.
“Denunciamos el desguace en el Ministerio y el abandono a los pequeños productores”, sintetizó Nicora.
Ruesta complementa que detrás de “la máscara de una modernización del Estado hay achique y la concentración del negocio en manos de pocos”.
El comienzo
La medida del Ministerio nacional de Agroindustria dejaría en la calle a 330 trabajadores, de los cuales un 50% trabaja en la Ciudad Autónoma y otro 50% en delegaciones del país.
Los despidos eran un rumor y se confirmaron esta semana con el envío de notificaciones individuales. Horas después el ministro Luis Etchevehere confirmó que cumplía con la reducción del 10,5 % del presupuesto aprobada en el Congreso. El achique incluye pasar de 211 a 138 cargos políticos y cerrar varios servicios tercerizados -alquileres, seguridad- por $220 millones.
Hasta ayer la grilla de notificaciones incluía a diez personas de nueve provincias: dos de Jujuy, y (además de Chaco) una de Santiago del Estero, Santa Fe, Jujuy, Entre Ríos, Córdoba, San Juan, Tucumán y La Rioja.
Trabajo provincial
En el Chaco hay 31 de los 1300 trabajadores del país que dan asistencia técnica productiva a comunidades rurales, generalmente grupos de familias, y en apoyarlas para organizarse como asociación o cooperativa, entre otras mejoras de condiciones laborales y de vida.
El acompañamiento también incluye la formalización de situaciones en la subsecretaría y en el sistema de monotributo social. Este último aspecto puede perjudicar a quien no esté registrado a la hora de vender una vaca, por ejemplo, porque le resta el 56% del valor. “Un animal suele ser el ahorro de algunos pequeños productores y en lugar de recibir $6000 se termina quedando con $3000. Sin monotributo social se los condena a la informalidad, a la pérdida y a que otros se aprovechen de su trabajo”, describe Nicora.
En el campo
La presencia en el territorio es la característica central del trabajo del área. Y el plantel se integra con perfiles que provienen de varias ramas, aportando un enfoque multidisciplinario.
Agricultura Familiar tiene una oficina en Resistencia pero la mayoría de sus trabajadores se distribuye en localidades del interior. “Con frecuencia nos topamos con una problemática que excede a lo productivo; desde guiar en el acceso a derechos -como una asignación o una pensión- hasta el desarrollo de determinados programas como el de las computadoras en ocho centros rurales de la provincia”, describe Ruesta.
Mucho antes
Nicora asegura que el recorte comenzó mucho antes con menos dinero para proyectos de los productores y menos presupuesto para mantenimiento de vehículos o para comprar combustible que permita llegar a los parajes. Una alternativa que encontraron es coordinar recorridos con pares de INTA, con la provincia, los municipios o de otras instituciones afines. Ayer compartieron una asamblea con trabajadores de Senasa, institución en la que también se realizan recortes.
Con las ferias
Los trabajadores de Agricultura Familiar también respaldaron a los productores hortícolas en varias ferias francas: Tres Isletas, San Martín, Quitilipi, entre otras. INTA también sumó herramientas y contribuyó a que se generen nuevas ferias en otras localidades.
“Detrás de las ferias francas hay un trabajo de organización para ponerse de acuerdo en los días, precios, qué se produce y qué se vende”, subraya Nicora.
Ruesta añade que en los últimos años la dependencia nacional contribuyó además en la formación de la asociación provincial que reúne a unas 20 ferias que venían trabajando desde fines de los 90. Con las ferias de semillas y el intercambio entre productores se recuperaron especies autóctonas (de zapallo, batata, maíz).
Un camino similar recorrió la conformación de una federación provincial que nuclea a unos 3500 pequeños productores para la consecución de políticas públicas (tierra, producción, agua, vivienda, salud). En las reivindicaciones se menciona también una ley de reparación histórica aprobada en 2014.
