Agenda urgente para la infancia
El abuso infantil es uno de los delitos menos denunciados en el país debido a que la mayoría de los casos son cometidos por personas adultas que forman parte del entorno de la víctima. Según distintas organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes, por cada 1000 casos de abuso que se producen en nuestro país, solo se denuncian 100 y apenas uno recibe una condena.
Las recientes denuncias que revelaron la existencia de redes de pedofilia en clubes de fútbol volvieron a visibilizar un tema del que se hablaba poco, pero que ahora convoca a distintos sectores de la sociedad para unir esfuerzos a fin de erradicar este flagelo. En ese sentido, cabe recordar que ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto de ley para combatir el abuso infantil. Se trata de una iniciativa que impulsa la organización no gubernamental Red por la Infancia y que ahora debe ser debatida en la Cámara de Senadores. Propone que se modifique el artículo 72 del Código Penal, para que el abuso sexual en menores de 18 años deje de ser un delito de acción privada y pase a ser uno de acción pública. De aprobarse, ante un caso de abuso infantil las autoridades judiciales podrán actuar de oficio, sin necesitar el consentimiento de los padres o tutores.
Especialistas en los derechos de la infancia coinciden en señalar que se trata de una propuesta que puede marcar un antes y un después en materia judicial, ya que con el nuevo marco legal será el Estado el que deberá garantizar que el niño no sufra situaciones de violencias. Debe señalarse, por otra parte, que ya se habían logrado algunos avances en la materia: Argentina es el primer país del mundo en el que ambas Cámaras del Congreso rechazaron la utilización del concepto de Síndrome de Alienación Parental (SAP) en los casos de abuso sexual.
Según explican desde la Red por la Infancia, este es un síndrome rechazado por toda la comunidad científica mundial pero sigue siendo utilizado en el mundo como una herramienta mediante la cual se desestima la palabra del niño y se deja impune el abuso, un delito que, en rigor, atraviesa todos los sectores sociales y que, obviamente, va más allá de los límites geográficos del país. De acuerdo a un reciente informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se estima que una de cada 5 niñas y uno de cada 13 niños sufren abuso sexual antes de los 18 años, con el círculo familiar como escenario recurrente.
De manera que es de esperar que la iniciativa que en nuestro país busca que se puedan investigar de oficio las denuncias de violencia sexual contra menores de 18 años y que ahora está en manos del Senado de la Nación pueda debatirse y aprobarse sin demasiadas demoras. El proyecto en cuestión está en sintonía con lo dispuesto por el nuevo Código Civil, que reemplazó la figura de la patria potestad por la de responsabilidad parental, a partir de entender que el niño es titular de derecho y que en esos casos no se puede ni debe anteponer el vínculo familiar sobre su integridad.
Estadísticas oficiales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, revelaron que entre noviembre de 2016 y febrero de este año el programa ’Las Víctimas contra las Violencias’ de esa cartera nacional atendi ó los casos de 2094 menores que sufrieron abuso sexual (68,6% de los contactos recibidos). Del total, 7 de cada 10 fueron niñas y, de ellas, el 38% tenía menos de 11 años. En el 64% de los hechos, los agresores estaban en el ámbito familiar, pero el porcentaje sube al 80% si se suman los allegados, como vecinos o amigos de la víctima.
Cabe recordar que tal como está la redacción vigente del artículo 72, frente a una denuncia de abuso de un niño, la justicia sólo actúa si hay una ratificación del responsable parental, algo que ocurre en muy pocos casos. En gran medida, esto se explica porque -como se dijo- la mayoría de los abusos suceden en el ámbito familiar y con la participación de allegados. Dada la seriedad del tema es necesario que la Cámara Alta no demore el tratamiento de la modificación que propone el proyecto de ley que impulsa la organización Red por la Infancia, a fin de poner fin a la impunidad con la que quedan muchos de estos delitos.
