La modificación de una ley que perjudicará a las pymes
La decisión del gobierno nacional de impulsar una modificación de la ley de Defensa de la Competencia recibió un fuerte rechazo de sectores productivos que dependen del mercado interno y que son clave en la generación de empleo genuino en todo el país. Representantes de la Asociación de Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino, que nuclea a estos sectores, expresaron ante las comisiones del Senado de la Nación su preocupación por la iniciativa oficial que, aseguran, responde más a la agenda de la OCDE que a los intereses de las pymes nacionales.
El malestar de los empresarios comenzó en noviembre del año pasado cuando la Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción a la nueva Ley de Defensa de la Competencia. En esa oportunidad, con 140 votos a favor y 72 en contra se aprobó en la Cámara baja el proyecto del oficialismo que crea la Autoridad Nacional de la Competencia, que estará conformada por un tribunal compuesto por cinco miembros. Días atrás, el titular de la Asociación de Empresarios Nacionales, Leo Bilanski, expresó ante los senadores nacionales la preocupación del sector por el proyecto de ley que aprobó la Cámara de Diputados y que ya está en la Cámara alta, señalando que el tratamiento de la ley no es “ni prioritario ni necesario”.
El dirigente pidió a los senadores que, llegado el momento, se tengan en cuenta los intereses de las pequeñas y medianas empresas de todo el país, y no los de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que en noviembre del año pasado envió una misión al país para monitorear algunas políticas del gobierno nacional que, hace exactamente un año, realizó un pedido formal para que Argentina ingrese en esa organización económica internacional. Pero la entidad que nuclea a empresarios nacionales considera que “aún realizando reformas de fondo a la legislación nacional como lo hecho con la reforma previsional y ahora con la modificación de la ley de defensa de la competencia, no hay garantías de que la OCDE acepte el ingreso del nuestro país en el organismo”.
Los empresarios que defienden los intereses de las pymes locales y que no ven con buenos ojos las modificaciones a la ley de Defensa de la Competencia, cuestionan la creación de la Autoridad Nacional de la Competencia que, según el proyecto, será un organismo descentralizado e independiente en el ámbito del Poder Ejecutivo, que estará conformada por el Tribunal de Defensa de la Competencia, el titular de la Secretaría de Instrucción de Conductas Anticompetitivas y el titular de la Secretaría de Concentraciones Económicas.
Según se explicó en su momento en la Cámara baja, este tribunal estará integrado por cinco miembros, quienes deberán tener “idoneidad técnica” en la materia y presentarse a concurso público. Por pedido de diputados nacionales de la oposición se incorporó al proyecto un punto que establece que luego de la preselección de los miembros de este tribunal, el Ejecutivo nacional deberá enviar los pliegos para que el Senado les dé acuerdo. Cabe recordar, además, que cuando se debatió el tema en la Cámara de Diputados de la Nación, legisladores de la oposición advirtieron que el nuevo marco normativo no define ningún porcentaje para determinar quién podría estar incurriendo en una actitud de concentración económica. Los empresarios nacionales, en tanto, consideran que con la reforma se pretende quitar funciones de control sobre el mercado al Ministerio de la Producción de la Nación, y califican al nuevo organismo autárquico que el gobierno nacional quiere crear, como de dudosa efectividad y transparencia.
En un comunicado, la Asociación de Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino afirma que el controvertido proyecto de ley no contempla no sólo “una mirada federal de la Argentina”, sino tampoco, “que las grandes empresas no ejerzan prácticas anticompetitivas, de cartelización, monopólicas o de abuso de posición dominante sobre las pymes, además de no contemplar “ni la participación de las asociaciones de defensa de los usuarios y consumidores ni a las instituciones de la producción”. Es de esperar que finalmente prime la necesidad de promover una genuina competencia y de evitar los abusos por parte de los grupos económicos más fuertes, que se producen cuando se pretende dejar todo librado a las leyes del mercado sin un verdadero y efectivo contralor del Estado.
