Una historia de periodistas, empresas y gobiernos

Vietnam

A mediados de la década de 1960, la corporación Rand -un think tank ligado a las fuerzas armadas- realizó un informe sobre la intervención estadounidense en la guerra de Vietnam. El trabajo, muy crítico con la conducción del conflicto y lapidario sobre las perspectivas para las tropas estadounidenses, fue entregado al secretario de Defensa Robert McNamara. El gobierno decidió mantener su política presente, y mandó el informe a los archivos del Pentágono.

El analista militar Daniel Ellsberg, trabajando para la Rand, había comprobado in situ que su gobierno estaba arrojando las vidas de sus soldados a un pozo ciego. Se había convencido de que la de Vietnam era una guerra perdida que sólo favorecía a intereses burocráticos y empresariales, por lo que decidió revelar el informe.

Entregó algunos miles de las ocho mil páginas originales a periodistas del New York Times.

Después del primer par de artículos aparecidos en el NYT, el gobierno demandó a la Justicia que impidiera las publicaciones, en nombre de la seguridad nacional. Esta emitió una orden que prohibía, a ese diario y a cualquier otro, toda información basada en la misma fuente, que se sabía eran los Papeles del Pentágono.

Washington

Benjamin Bradlee, director editorial del Washington Post, amargado porque el NYT lo había primereado con una información surgida de su propia ciudad, mandó a sus periodistas a buscar a Ellsberg. Lo encontraron y se hicieron con una completa copia del informe, en el preciso momento en que la Justicia impedía cualquier publicación al respecto. La propietaria del Post, Katharine Graham, estaba por esos días sumergida en su principal preocupación: la primera salida a Bolsa de su empresa. De una cotización exitosa dependían la consolidación del diario y de sus proyectos editoriales.

En tales circunstancias, el Post decidió publicar sus propios artículos sobre el informe, y luego apelar el fallo ante la Corte Suprema, junto al Times, en nombre de la libertad de prensa. La Corte votó 6 a 3 en favor de los diarios, invocando la Constitución: “La prensa libre juega un rol esencial en nuestra democracia. La prensa debe servir a los gobernados, no a los gobernantes”, dijo en el fallo.

Fue una victoria resonante para la prensa, pero sobre todo de la propietaria, del director y de los periodistas Post, que jugaron un rol central cuando todo estaba en entredicho y había amenazas reales de prisión y de ruina empresarial. Fue el anticipo del Watergate y de la renuncia del presidente Nixon, que hicieron del Post un caso inédito de diario regional con fama e influencia mundiales. Esas heroicas batallas ciudadanas contra el absolutismo estatal se pueden apreciar con mayor profundidad y detalle en las películas Todos los hombres del presidente (1976) y The Post (2017).

Menos conocida es la trayectoria posterior de la empresa periodística The Washington Post Company, cuyos mayores ingresos provienen ahora del negocio de la educación privada y la tv cable, y es parte de un grupo empresarial que brinda servicios de cloud computing y big data nada menos que a la CIA. Al decir del analista de medios Kevin Phillips, el diario y el mundo cambiaron mucho: “A fines de los ’60 y principios de los ’70 fue un período de combate democrático, político e institucional. El Post fue parte de ello. No creo que ahora sean parte de ningún combate”.

Contra los trabajadores

Antes de llegar a ese punto, The Washington Post Company marcó nuevos hitos que seguirían después las compañías periodísticas y las grandes empresas en general. Tradicionalmente, la compañía tenía buenas relaciones con los 10 sindicatos que agrupaban a sus trabajadores. Katharine Graham cambió el enfoque de las relaciones laborales después de que la compañía se hiciera pública. En 1972 dijo en Wall Street: “El primer pedido de los accionistas es reducir costos y maximizar ganancias... Algunos costos resisten en forma más obstinada que otros”.

El nuevo jefe de relaciones laborales, Larry Wallace, explicó parte de su estrategia hacia los sindicatos en una nota a los responsables de área del Post: “Si luego de retirar a los empleados la participación en las ganancias, hay resistencia, el objetivo de la disciplina correctiva es reducir al empleado, ante él mismo, ante su familia y ante sus compañeros de trabajo... No lo reducimos si sólo le quitamos un beneficio económico... Si un delegado abusa de sus responsabilidades de liderazgo, acentúen el castigo; por ejemplo, una reprimenda y una suspensión a los demás, y una suspensión más larga al delegado”.

Cuando el 1 de octubre de 1975, Pressmen's Local 6, que representaba a más de 200 trabajadores de prensa del periódico, se declaró en huelga contra la quita de la participación en las ganancias, la empresa los estaba esperando. Se inició una dura disputa laboral que involucró a 9 de los 10 sindicatos. El conflicto duró casi dos años y terminó con la derrota total del sindicato de periodistas. La gran victoria empresarial puso de manifiesto la amplitud del poder del Post para manipular a políticos e influir sobre los jueces, y dejó en duda su compromiso con las causas que promocionaba en su página editorial, liberalismo económico y democracia política.

Otros sindicatos y destacados reporteros se unieron a la huelga, incluidos Woodward y Bernstein, quien era hijo de militantes de izquierda. Los periodistas perdieron, no sin luchar. Cuando los otros sindicatos levantaron sus huelgas solidarias después de cuatro meses, los periodistas mantuvieron piquetes en la puerta de la redacción por 15 meses más. Hicieron actos, acamparon en pleno invierno frente a la casa de Graham en Georgetown, recolectaron fondos de huelga entre trabajadores de todo el país.

Pero enfrentaban a un enemigo demasiado poderoso. El diario siguió saliendo durante la huelga, ganó la guerra publicitaria ─contrató a J. Walter Thompson para manejar sus relaciones públicas─, pero sobre todo golpeó a los trabajadores usando a la Justicia y la fuerza pública. Los huelguistas habían quitado piezas de las impresoras al iniciar la huelga, pero las máquinas volvieron a funcionar en pocos días. El fiscal federal Earl Silbert comenzó a investigar a los periodistas que presuntamente habían destrozado equipos de impresión el 1 de octubre.

Según el Post, “los huelguistas habían hecho daños por millones de dólares”. Cuando la investigación finalizó reveló que el monto real era de sólo u$s 13.000, pero antes, en julio de 1976, 15 trabajadores fueron acusados de delitos graves, y se pidió para ellos 40 años de cárcel. Hasta el fin de la huelga, los trabajadores estuvieron tironeados entre sostener el conflicto y responder el acoso policial y judicial. Thomas McGrath, jefe del sindicato de prensa de la central International Teamsters, recuerda: “Fue la primera vez que vi a un gran jurado usado como arma contra los trabajadores huelguistas”. La huelga costó carísima a los periodistas. Un huelguista se suicidó en julio de 1976, y otros dos lo intentaron. Muchos periodistas perdieron sus hogares, algunos volvieron a trabajar con contratos individuales en el Post, muchos fueron incluidos en una lista negra que manejaban los diarios de todo el país. “Desde la derrota de los periodistas, las cosas en el Post empeoraron para todos. La gerencia logró lo que se propuso”, dice Markus Petersen, del sindicato de impresores. “Ningún sindicato ha estado dispuesto a resistir desde 1975. Cada contrato empeora el anterior”.

En 1975, antes de la huelga, los salarios mínimos en el Post eran los más altos de los EEUU. A mediados de los ’90 estaban u$s 17.000 anuales por debajo de los trabajadores del New York Times. Pero las ganancias del Post fueron las más altas de la prensa: u$s 25.300 por empleado, en comparación con u$s 16.500 del New York Times. Esa era ya la empresa de Donald Graham, el hijo de Katharine.

Diversificación de negocios

Todos destacaron siempre la disposición multifuncional, dúctil y accesible de Donald Graham, primero redactor, luego editor principal y finalmente presidente del directorio. Su modestia, su sensibilidad, su cultura, su talante luchador. Como editor cosechó numerosos premios, el Post siguió haciendo excelentes investigaciones, pero el diario estaba ya lejos del que después de Watergate se proponía “crear una agenda para la sociedad”. El punto fuerte de Graham, desde el primer día, fue el de empresario.

Ya en 1990 puso a The Washington Post Company a competir por licencias de telefonía a través de una subsidiaria, CJR. En 1994, el Post editorializó a favor del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), y aseguró que el proyecto “no contenía sorpresas”. Pero había una disposición que garantizaba licencias telefónicas para la propietaria del Post. Las compañías rivales denunciaron al diario en solicitadas de página completa, y pronto se reveló que el mismo Graham presionó a los senadores, junto con Clinton, para la cláusula del GATT que involucraba a su compañía.

Poco después, el Post renunció a sus licencias de celulares, aunque el asunto sigue siendo opaco hasta hoy. Graham reconoce: “Deberíamos haber editorializado mencionando esa disposición del GATT”. Pero aclara: “Dirigimos un negocio y no pedimos disculpas por tratar de hacerlo bien”. De igual manera pueden describirse e interpretarse sus negocios con la educación privada (entre otros, una escuela de Derecho que compite nada menos que con Harvard), las campañas en pro de la “diversificación educativa” del Post y el lobby en el Congreso de The Washington Post Company para obtener leyes favorables a sus colegios.

En 2004, Jon Jeter, corresponsal del Post en la Argentina, envió una serie de artículos sobre la crisis de la deuda y el consenso que se extendía en nuestro país acerca de que los bonos en manos de tenedores extranjeros eran en gran medida ilegítimos. “En más de una década en el periódico, nunca me habían rechazado una historia completa e inédita. En esos meses, los editores se negaron a publicar fácilmente media docena de artículos”. Entonces se enteró de que Warren Buffett y otros accionistas del Post poseían muchos bonos argentinos y no querían que nadie contradijera su dictamen de “default” en el periódico que en parte les pertenecía. Nicholas von Hoffman, prestigioso excolumnista del WP, lo sintetizaba en 1998: “El Post ya no puede ser un instrumento de la ideología de una persona, o de una familia, o lo que sea. Debe tener en cuenta en todo momento a sus accionistas. Es muy difícil que se desvíe de eso”. Nunca se desvió, y ese camino lo llevó directamente a las manos de Jeff Bezos.

Amazon y la CIA

Bezos, propietario de Amazon, pagó apenas u$s 250 millones, menos del 1% de su fortuna personal, por el periódico local de más fama en el mundo, el medio más profundamente implantado en su ámbito de circulación, y uno de los íconos de la “prensa libre” de EEUU. Parte de esa suma saldó una millonaria deuda con la caja de jubilaciones, exprimida en los últimos años de los Graham. Algunos comentaristas decían: “Otra antigua familia del periodismo estadounidense se aleja. ¿A quién acudiremos para proteger el interés público? ¿Qué será de la prensa libre?”.

A estos interrogantes respondía el portal Inequality, el 12 de agosto de 2013, cuando Bezos tomaba la presidencia del directorio: “Un multimillonario despiadado se ha hecho con uno de los mejores periódicos del mundo. Pero no va a ser este plutócrata de la alta tecnología el primero que ayude a que nuestro mundo sea más desigual. Ya lo ha hecho el régimen de los Graham, anteriores propietarios del periódico”.

Y continuaba: “Nadie sabe exactamente lo que Bezos tiene reservado para el Post. Los rumores en la ciudad dicen que no ‘interferirá’ en el trabajo diario. Ni falta le hace. La línea editorial ya se relaciona bastante bien con la cosmovisión de Bezos: liberal en la cultura, conservadora en cualquier otra cosa –sobre todo en lo laboral- que represente una amenaza potencial para el bolsillo de los ricos de EEUU”.

Bezos, efectivamente, no ha “interferido” con el diario. En cambio, usó la poderosa plataforma de almacenamiento web y el gran desarrollo en bases de datos y herramientas informáticas de la empresa periodística para completar la oferta con la que Amazon ganó uno de los contratos estatales más jugosos de los EEUU: alojamiento y gestión en la nube para los archivos de la CIA.

Ya nadie espera que el Post vuelva a seguir como en los primeros ’70 aquellos preceptos de Joseph Pulitzer: “Debemos oponernos siempre a las clases privilegiadas y a los saqueadores públicos, ofrecer simpatía a los pobres, permanecer dedicados al bienestar público, nunca estar satisfechos con simplemente imprimir noticias, ser drásticamente independientes”. Si alguna vez lo fue, esa no es su función ahora.