Israel reanuda el juicio contra Ahed Tamimi
Este martes debería continuar el proceso penal contra la adolescente palestina, según lo dispuso el tribunal militar israelí que la juzga. La abogada que la defiende advierte que “no tendrá un juicio justo”.
Jerusalén, 11 (AFP) - Ahed Tamimi tiene 16 años, es palestina, del pueblo de Nabi Saleh en Cisjordania. La fiscalía presentó doce cargos en su contra, entre ellos “incitar a la violencia”, “tirar piedras contra patrullas militares” y “asaltar” a un soldado al que le dio patadas en las piernas, puñetazos en la espalda y una bofetada. Los hechos ocurrieron el 15 de diciembre de 2017.
Su madre, Nariman, también está detenida, acusada de incitar a la violencia porque grabó el incidente con el móvil y lo retransmitió en directo por Facebook. La fiscalía considera que el video “intenta influir en la opinión pública de manera de alterar el orden”. La acusación incumbe a la libertad de expresión, ya que los periodistas que, a partir de ahora, graben manifestaciones palestinas, deberán pensar dos veces qué muestran.
Gaby Lasky, abogada defensora de ambas mujeres, en declaraciones al diario La Vanguardia de Barcelona, detalló que la menor podría recibir una condena de hasta diez años de cárcel. Lasky es israelí y sionista, y desde hace más de una década defiende a los palestinos que son llevados ante los tribunales militares israelíes. Fue secretaria general del movimiento Paz Ahora, y hoy lo es del partido Meretz (izquierda), por el que es concejal en el Ayuntamiento de Tel Aviv.
“Muchos israelíes vieron el acto de Ahed como una humillación a Israel y al ejército. Yo veo todo lo contrario. Una adolescente que enfrenta a un soldado, que es otro joven cumpliendo el servicio militar, y éste reacciona con calma, sin caer en la provocación”, explica Lasky. “Ahed es segunda generación de palestinos nacidos bajo la ocupación militar de Israel. Dos miembros de su familia murieron en manifestaciones contra Israel. Israel arrebató tierras a su familia y secó un manantial en su propiedad. Ahed tiene todo el derecho a resistir la ocupación”, opina la defensora.
Y agrega: “Algo no funciona bien cuando Israel intenta acusar una chica de 16 años, desarmada, que ni siquiera lanzó una piedra, de atacar con alevosía a una patrulla militar fuertemente armada”. La abogada considera que “Este incidente es paradigmático del conflicto. Los israelíes ven allí la violencia y la humillación que sufren sus tropas. Los palestinos, los estragos de la ocupación. Este caso obliga a los israelíes a reconocer el conflicto, algo que la mayoría normalmente evita, porque no quiere hacer frente a las cuestiones morales que plantea la ocupación”.
Lasky advierte que por esa razón “Ahed Tamimi no tendrá un juicio justo”. Explica que “El objetivo de los tribunales militares no es hacer justicia, sino prolongar la ocupación. El 99,7% de los casos se resuelven en contra de los acusados palestinos. Mientras a los colonos israelíes se les aplica la Justicia civil, aunque vivan en un territorio ocupado militarmente por Israel, los palestinos están sometidos a la Justicia militar, mucho más estricta”.
La defensora hace notar que “las normas que aplica la Justicia militar son dictadas por las autoridades de la fuerza ocupante a las que, obviamente, los palestinos no eligieron. Por cualquier ofensa que cometan, como robar un cartón de leche o provocar un accidente de tráfico, son juzgados en un tribunal militar”.
Lasky invocó la Convención sobre los Derechos del Niño, que dice que Ahed debería tener protección especial por ser menor de edad (cumplió sus 17 años en prisión, el último 31 de enero), pero “El tribunal militar no lo tuvo en cuenta. Un tribunal civil seguro que hubiera liberado a Ahed. Muchas acusaciones en su contra no se sostienen porque no hay testigos fiables. Los testigos son soldados, obligados a declarar en un tribunal con jueces y fiscales militares”.
Por último Lasky informa que según la organización B’Tselem, “hay en prisión 321 menores de edad palestinos juzgados por tribunales militares israelíes. Todos ellos se encuentran en prisiones israelíes, lo que vulnera la Cuarta Convención de Ginebra, que impide que el ciudadano de un territorio ocupado sea encarcelado en el país ocupante”.
